A lo largo de su vida escolar, Alejandro García Báez, de 31 años, tuvo que enfrentar el desprecio de propios y extraños. Su origen indígena no pasó desapercibido en Asunción, la capital paraguaya. “Cuando vine a Asunción, mi papá le dijo a mi profesora —del colegio— que yo era indígena”, recuerda.

“Y ella se burlaba de mí, pero no me importó; yo les entendía a ellos. Les explicaba a mis compañeros que no debían discriminarme, y ellos me hacían gestos y me decían ‘indio’ y ‘chamacoco’ y cosas así. No me importó. Mis padres me enseñaron que todos somos iguales, primero ante Dios”.

La sangre “paraguaya”, el término que usan los miembros del pueblo indígena yshyr para referirse a las personas que no pertenecen a su comunidad, tampoco ayudó a Alejandro. Sus abuelos y su padre no eran indígenas y, por esta razón, en su comunidad le decían que era paraguayo, “porque no tengo rasgos en el rostro como ellos”, explica.

Pero más allá de la discriminación o el rechazo social, existen otros escollos a superar para los estudiantes indígenas que, como Alejandro, desean obtener una educación universitaria. La dificultad económica para trasladarse de sus comunidades a las ciudades donde se encuentran las universidades, y la falta de apoyo para su manutención mientras cursan una carrera, son dos de los más comunes y en ocasiones provocan que el estudiante renuncie a su sueño universitario al poco tiempo de haber comenzado, o incluso antes de hacerlo.

SIN DATOS PRECISOS

En Paraguay viven cerca 117.150 personas indígenas que representan al 2% de la población de la República, según datos de la Secretaría Técnica de Planificación que pertenece a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Sin embargo, al revisar cuáles son los mecanismos que ofrece el Gobierno paraguayo para brindar un apoyo a los jóvenes de los 17 pueblos indígenas que desean acceder a una educación universitaria, no es posible encontrar un registro de  la cantidad de nativos licenciados en el país.

Diversas oficinas públicas cuentan con una mínima cantidad de apuntes que son exclusivos de dichos estamentos del Estado, o de organizaciones propias de los nativos, sin que estos registros formen parte de un archivo más amplio u obedezcan a una estrategia federal para recabar información nueva, o concentrar la ya existente. A esto se suma la dificultad para obtener los escasos datos que existen, debido a que la información no se encuentra disponible para su consulta en la página web de alguna de estas instituciones, ni se brinda a través de correo electrónico o vía telefónica.

La Universidad Nacional de Asunción (UNA) actualmente trabaja para crear una base de datos de los matriculados indígenas. La instancia a cargo de esta tarea es la Dirección General de Planificación y Desarrollo (DGPD), que coordina el proyecto “Observatorio Regional para la Calidad y la Equidad en la Educación Superior en Latinoamérica” (ORACLE), financiado por la Unión Europea; un espacio para el intercambio de experiencias, elaboración de estudios y propuestas para mejorar la inclusión y la equidad en las instituciones de educación superior de América Latina. Con base en este proyecto, en marzo de 2018 fue creado el Observatorio Institucional de Equidad de la UNA (OIE-UNA), único en Paraguay, con el fin de mejorar la equidad en la comunidad universitaria a través de la mejora de los procesos de inclusión social de los colectivos vulnerables.

La DGPD cuenta con una base de datos actualizada de las poblaciones estudiantiles con discapacidad y de pueblos originarios, donde se puede observar la cantidad de alumnos y egresados por carrera y sexo, pero no por pertenencia a una comunidad indígena específica. Sin embargo, las unidades académicas sí cuentan con esas informaciones de sus egresados, por lo que la DGPD ha implementado un formulario para la recopilación de esos datos, dijo en entrevista Jorge R. Madelaire Alarcón, titular de la dependencia: cada unidad académica de la UNA se encargará de que los estudiantes, al ingresar a sus respectivas casas de estudio, lo llenen, y luego serán enviados a la DGPD.

La universidad también cuenta con un Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con el Instituto Nacional del Indígena (INDI), por el cual se facilita la participación de pueblos originarios del Paraguay en los programas de la UNA. Este convenio establece la admisión directa y la exoneración de aranceles a los alumnos provenientes de pueblos originarios.

Por otra parte, para tener en cuenta la presencia de estudiantes y egresados indígenas en la universidad privada, se contactó con la Universidad Metropolitana de Asunción, casa de estudios que brinda descuentos a los estudiantes de diferentes etnias en el Paraguay.

Derlis Bogado, secretario del Rectorado, brindó una lista de egresados indígenas del año lectivo 2022, nómina con 8 alumnos, de los cuales 7 terminaron la licenciatura en Ciencias de la Educación y uno la carrera de Psicología.

Ni en la lista de inscripción, ni en la solicitud para matricularse, se consulta si el estudiante es o no parte de una comunidad indígena. Los docentes o encargados de las distintas sedes son quienes por nombre, o rostro, conocen a los nativos señaló Bogado.

“No hay registros de los alumnos en relación a su etnia; [la nómina] se hizo solamente a través de los coordinadores de algunos lugares, que contaron y dijeron ‘si, este alumno sí es’. En la institución no se tiene registro, solo registro de sexo”, explicó el secretario. “No se tiene detallado si es o no es indígena quien recibió el título”.

SISTEMAS DE BECAS PARA INDÍGENAS

Cuando un indígena paraguayo quiere estudiar una carrera universitaria, hay dos caminos a tomar dependiendo si estudiará en el sector público o privado. 

Con la Universidad Nacional de Asunción existe un convenio que permite que los indígenas paraguayos realicen estudios superiores. Este acuerdo fue firmado en el 2018 para permitir el ingreso directo de los solicitantes a todas las facultades públicas del país, sin necesidad de realizar el cursillo de ingreso, obligatorio para competir y obtener un cupo en la facultad. Para los solicitantes que provienen de comunidades indígenas este es un trámite voluntario —aunque en el caso de quienes no lo realizan, puede terminar convirtiéndose en una desventaja debido a la diferencia en el nivel de conocimiento que algunos tienen en comparación con sus compañeros que sí lo cursan.

Los estudiantes de comunidades indígenas suelen preferir las universidades privadas porque pueden elegir un turno, a diferencia de la universidad pública, que requiere de una dedicación de tiempo completo. Esta diferencia permite que, quienes se registran en una universidad privada, puedan seguir trabajando. Según la Organización Social Unión Juvenil Indígena, un 70% de los estudiantes indígenas estudian y trabajan; los trabajos que suelen obtener son como empleados de supermercados, como empleadas domésticas o niñeras, y en las áreas de construcción o albañilería.

Una ventaja más de estudiar en universidades privadas es que los estudiantes de comunidades indígenas suelen tener un descuento del 50% de la cuota, y en ocasiones completo. La Universidad Metropolitana es la que mayor cantidad de estudiantes indígenas tiene en este 2022, con un total de 151 registrados.

En la lista de inscriptos a nivel país, las otras cuatro facultades con mayor demanda son el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní con 90 inscriptos, la Universidad Privada del Guaira con 58 y la Universidad Hispano Guaraní con 50. Estos datos se registran en la lista de postulantes al subsidio del INDI, donde figuran todas las inscripciones de jóvenes indígenas a universidades de todo el país por año. Este 2022 totalizaron 845 inscriptos.

Las áreas de formación más elegidas por los indígenas paraguayos son salud, agronomía y educación. De a poco van buscando incursionar en otras carreras, pero estas tres son las más populares por la necesidad que existe en sus comunidades de estos servicios y por el empleo  disponible para quienes las han estudiado. Por cada carrera universitaria de la Universidad Nacional, se habilita uno o dos cupos para estudiantes indígenas. Solo enfermería llegó a contar con cinco lugares, y educación con tres, para responder a la demanda.

ESFUERZO Y MÁS ESFUERZO

Para poder estudiar en la universidad, Alejandro ha sido ayudante de electricista, operario de baldosería, albañil, costurero y guardia de seguridad. No le quedó otra que repartir su tiempo entre las distintas ocupaciones a las que pudo acceder y la carrera que eligió estudiar. Al trajinar diario y el consecuente cansancio, se suma la excesiva carga horaria laboral.

“Cuando terminé mi colegio trabajé mucho, en muchas cosas pesadas. Trabajaba 12 horas, y al final me quitaba todo el tiempo y no podía [estudiar], era lo que podía conseguir”, comenta. “A veces 24 horas me hacían trabajar; entonces tuve que dejar [la universidad] cuando ya estaba por el tercer año, pero nunca perdí la esperanza de seguir estudiando”.

El camino de Alejandro es especialmente duro porque se reparte entre su comunidad, la yshyr (también conocida como chamacoco) de Puerto Diana, distrito de Bahía Negra, en el Departamento de Alto Paraguay, y Asunción, donde reside desde muy joven por ciclos interrumpidos a raíz del tratamiento médico de su madre, quien padece cáncer y debe realizarse controles.

Los mayores desafíos que enfrentan los estudiantes indígenas que empiezan sus estudios en la facultad suelen ser encontrar dónde vivir y los gastos mensuales. Al momento de migrar hacia las ciudades, especialmente los que van a estudiar por primera vez a la universidad, un factor adicional es el miedo al ambiente donde van a estar y los peligros a los que se van a enfrentar. Por peligros se refieren no solo a los abusos y la violencia, sino en gran parte a la discriminación por el idioma. 

“Si nosotros no nos movemos, ellos no se mueven”, señala Anna Romero, fundadora y presidenta guaraní occidental de la Organización Social Unión Juvenil Indígena. “Estamos viendo la posibilidad de conseguir becas en el exterior. Luchamos por conseguir residencias. En Asunción, si estudian en el sector público, les conseguimos vivir en la residencia de la UNA. Ahí ellos mismos se encargan del pago de la luz y agua. Para los que no consiguieron un lugar en la residencia, les conseguimos en la sede del partido UNACE. En el interior del país la única forma es con alquileres”, agrega.

Anna conoce bien la situación de la población con la que trabaja, porque ella misma pasó por eso.  “Me junté con indígenas de la calle para hablar en guaraní porque no lograba socializar tanto. Si los estudiantes indígenas hablan un idioma distinto al guaraní, como quienes son nivaclé, es peor. Lo miran raro, lo tratan distinto. La sociedad paraguaya desconoce mucho a los pueblos indígenas”, lamenta.

Desenvolverse en las universidades se vuelve una tarea muy difícil, y la dificultad para socializar con los compañeros se incluye en las razones para desertar. El desánimo supera las ganas de estudiar al no lograr entablar amistades, ni poder acudir a los compañeros para realizar las tareas. Desde la organización que dirige Anna, recomiendan ir a estudiar con al menos un conocido para evitar la soledad y la deserción.

Otros  obstáculos surgen cuando los estudiantes han sido víctimas de un robo, cuando se embarazan, o cuando los padres o los líderes indígenas de su comunidad los presionan para dejar la carrera. Esto hace que quienes lo logran sean ampliamente reconocidos, “como una estudiante de Canindeyú que estudia turno mañana y tarde la carrera de arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte en Asunción, y deja a sus hijos en la guardería universitaria”, relata Anna.

Alejandro cuenta que recibió la inspiración necesaria de su hermano mayor, quien en circunstancias similares culminó la carrera de medicina. También fue motivado por un curioso incidente que tuvo lugar en su niñez.

“Cuando estaba pescando sobre la orilla del río, saqué varias pirañas. Cuando estaba estirando la liñada, saltó una piraña que me mordió, y me sacó un pedazo de mi piel, y me sangraba”, recuerda Alejandro. “Entonces me llevaron con mi tío, él me hizo la sutura. Él fue el primer técnico enfermero [de la comunidad], pero él no tenía estudios, sino que aprendió nomás. Y el Ministerio le dio un sueldo. Me gustó lo que hizo, su trabajo, y él era el único. Eso me inspiró y me hizo gustar la profesión”.

Las barreras que enfrenta la población indígena que busca acceder a una educación superior o universitaria se robustecen ante un problema estructural bastante grave que experimenta el Instituto Nacional del Indígena (INDI). El INDI no cuenta con un departamento que trabaje específicamente en materia de educación, por lo que se puede decir que, en una institución que debería facilitar el proceso en las comunidades, no existe un proyecto, ni una estrategia, para garantizar el acceso a la formación educativa de las mismas.

En el caso de Alejandro, cuando decidió volver a la universidad, tuvo que arrancar de cero. Retomó  sus estudios y hoy cursa el cuarto año de la carrera de Licenciatura en Enfermería en una institución privada de la capital. Estudiar cuesta: traslado, vivienda, alimentación, servicios y más, se van cubriendo a duras penas con el dinero que gana en el día y la beca del INDI [la mitad de cuota más un ayuda pasaje, alrededor de Gs. 500.000, unos 72,9 USD].

“Por estudiar… pasé hambre y frío, muchas cosas más. Y el día de mañana, cuando me reciba, quiero trabajar en mi comunidad. Ese es mi mayor deseo, y mi sueño”.

Y por lo que respecta a la interacción social, Alejandro reconoce que ya en la universidad también le tocó digerir algún momento incómodo. “La gente ya es más madura, entiende más, pero igual hay cosas que pasan”, afirma.

SUBSIDIO AL SUEÑO

El presupuesto con el que cuenta el INDI para otorgar subsidios a estudiantes aumentó hace al menos dos años, llegando al monto total de G. 2.400 millones (349.920 USD), un 50% más frente a los G. 1.600 millones (233.280 USD) que se destinaron para el beneficio en el 2020. Según Bruno Paredes, encargado del departamento de etnoeducación del INDI, la institución no cuenta con becas para ofrecer a los jóvenes indígenas que buscan dar el paso a la educación universitaria, pero existen subsidios a los cuales se puede acceder mediante una solicitud que se realiza en la institución.

Actualmente existen cupos para 600 estudiantes universitarios, técnicos y jóvenes que realizan cursos de oficio. Este apoyo por parte de la institución consiste en la entrega de G. 500.000 (72,9 USD) durante los 8 meses que dura el año lectivo, totalizando la suma de G. 4.000.000 (583 USD) por año para cada estudiante. El desembolso se realiza de forma personal y en efectivo, y puede ser destinado a cualquier tipo de gasto en el que incurra el estudiante. Si bien el INDI no obliga a los estudiantes a declarar sobre el destino del dinero, exigen que en cada pago que se realice presenten un  comprobante de estudio, como un recibo de matriculación o de pago de cuotas.

Según el registro de inscripción de este año, al menos 849 jóvenes indígenas se postularon para acceder al subsidio que ofrece el INDI para reforzar la educación superior. Si sólo 600 pueden acceder a la ayuda de parte de la institución, el resto queda sin posibilidad de poder obtener el pequeño apoyo para culminar sus estudios.

Desde el INDI se busca promover un proyecto mediante el cual los subsidios pasen al rubro de las becas, mediante el cual empezarían a recibir pagos completos por las carreras universitarias que los estudiantes desean seguir, una alternativa más completa en comparación con el apoyo que existente. En ese sentido, señalan que la iniciativa sería establecida con base en el presupuesto del subsidio, pero debería aumentarse de modo a beneficiar a más estudiantes. En el caso de que la propuesta prospere, estiman que los estudiantes tendrán la seguridad de que podrán terminar sus estudios.

Un apoyo de este tipo habría mejorado el panorama para Lucía Duarte Fernández, quien tiene 33 años de edad. Lucía logró terminar la educación media repartida entre colegios de las ciudades de Paraguarí y el Chaco paraguayo, por cuestiones de la movilidad de su padre, que era militar. Oriunda de la comunidad Guaraní Urbano de la ciudad de Mariscal Estigarribia, cuenta que se animó a probar suerte en la universidad al momento en que una institución trasladó su filial a un destacamento militar de Mariscal Estigarribia.

Lucía caminaba seis kilómetros todos los días para asistir a clases. “Así a pie nomás me iba. La seguridad no me preocupaba porque [la universidad] estaba dentro del cuartel. Gracias a mis abuelos, que me insistieron en que tenía que estudiar y no dejarlo, es que pude ir”, relata. “Después sí, me embaracé y tuve que dejar dos años mi estudio”. Debido a esta situación, Lucía perdió el apoyo familiar; pero de igual forma retomó la carrera de Licenciatura Administración de Empresas. Y allí se presentó un escollo aún más complicado: la universidad cerró su filial en Mariscal Estigarribia por falta de alumnos.

“Empecé a rebuscarme, no lo podía dejar así” recuerda. “Fui hasta la central, en Asunción, para ver mi situación, de mi estudio. Me tomé el atrevimiento y me presenté en la universidad. Me guiaron y la solución que me dieron es que tenía que ir hasta Asunción todos los sábados hasta completar los cinco años de carrera”.

Por 18 meses, Lucía realizó un desgastante viaje de poco más de 1.000 kilómetros, ida y vuelta, en pos del codiciado título, hasta que lo obtuvo. “Fue tan desafiante para mí, tocaba puertas para conseguir pasajes para poder ir, y de venida la misma cosa”, relata. “Era de Mariscal Estigarribia a Asunción y de Asunción a Mariscal Estigarribia. Tuve que dejar a mi hija, pasé frío y hambre, de todo pase, pero terminé. Sí terminé”, dice entre lágrimas.

En su corta y obligada estadía en la capital, Lucía también sintió en carne propia la discriminación a los nativos. “Fue desafiante, porque la gente te mira y dice ‘esta viene del Chaco’. Famoso el refrán ‘Chaco oú indio meme [en sentido figurado: ‘solo indios vienen del Chaco’]”.

En 2021, la diputada Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay), presentó el proyecto de ley “Que dispone el libre acceso a postulantes indígenas a las carreras de nivel terciario, habilitadas tanto en universidades públicas como en privadas”, una de las pocas iniciativas parlamentarias surgidas en los últimos años referente a la situación de los compatriotas nativos y el acceso a la educación de los mismos. La diputada Ocampos representa al departamento de Alto Paraguay, zona con un importante número de comunidades nativas.

Uno de los cuestionamientos hacia el proyecto presentado es que no se cuenta con un órgano rector sobre el tema planteado por la diputada, además de la falta programas o políticas en vía de implementación para lograr el acceso educativo a este sector.

En 2020 se conformó en el Senado una mesa de trabajo interinstitucional, con universidades públicas y privadas, para velar por el cumplimiento de la Ley Nro. 5.347/2014 que dispone “el libre acceso de postulantes indígenas a las carreras de nivel terciario habilitadas tanto en universidades públicas como universidades privadas”. Fueron invitadas para sumarse autoridades de varias entidades y representantes del sector.

También en 2021, Ocampos presentó el proyecto “Que insta al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a gestionar la urgente provisión de red de internet para el desarrollo de la educación de régimen general, especial y otras modalidades de atención educativa en todas las escuelas y colegios (indígenas y no indígenas) del XVII departamento de Alto Paraguay”. La iniciativa fue aprobada por sus pares tras tratamiento sobre tablas.

Pero si la historia de los estudiantes indígenas ilustra los obstáculos que suelen enfrentar, el caso de los estudiantes graduados como Lucía, quien se recibió con “5 felicitado” en la defensa de su tesis, muestra cómo la alegría del título tras el esfuerzo de años puede durar poco: ni con el título en la mano Lucía ha encontrado una oferta laboral para ejercer su profesión.

“Ya son cinco años ya, cinco años que me recibí. Y no estoy encontrando trabajo de lo que estudié”, se lamenta.

Lejos de bajar los brazos, actualmente Lucía realiza una especialización en Didáctica Universitaria con el sueño de dar con la preciada oportunidad y enseñar en su propia comunidad. “Normalmente, acá en el Chaco, todo es política. [los indígenas] Nos sentimos dejados de lado. Me adentré en el mundo de la didáctica y puede ser que con este estudio encuentre un trabajo seguro, estable; para el bienestar de mi familia. Pero es tan difícil, tan difícil, para mí, como nativa”.

LEY DE EDUCACIÓN INDÍGENA

Hace 15 años, específicamente en junio de 2007 y tras el intenso pedido de  las parcialidades indígenas durante varios años y logrado mediante el consenso de líderes del sector, representantes religiosos, autoridades políticos y miembros de ONG ‘s, fue promulgada la Ley N° 3231/2007 “…que Crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena”.

Esta iniciativa surgió con el objetivo de reconocer y garantizar el respeto y el valor de la existencia de la educación indígena. En su primer artículo refiere que “todos los miembros de los pueblos y las comunidades indígenas tienen garantizada una educación inicial, escolar básica y media acorde a sus derechos, costumbres y tradiciones, con la finalidad de fortalecer su cultura y posibilitar su participación activa en la sociedad”.

Mediante dicha Ley, se creó y estableció una estructura dentro del Ministerio de Educación y Cultura, para delinear las políticas educativas de los pueblos indígenas.

Asimismo, se establece que el sistema de educación escolar indígena en cuanto a la enseñanza nacional, departamental y local con la colaboración del órgano indigenista oficial, debe desarrollar los siguientes puntos:

a) una educación inicial, escolar básica y media.

b) currículo y programas.

c) metodología específica del proceso de enseñanza–aprendizaje de la educación escolar indígena.

 d) centros para la formación, especialización y capacitación de docentes indígenas que funcionen especialmente en zonas geográficas y culturales indígenas.

La ley implica además que las escuelas indígenas tengan un currículum elaborado de acuerdo con las especificidades étnicas y culturales de cada pueblo. En cuanto a los recursos financieros y económicos, se estipulan los establecidos en el Presupuesto General de la Nación para el Ministerio de Educación y Cultura, asignados a la Dirección General de Educación Indígena y a los órganos que la componen, así como los recursos asignados por gobiernos departamentales, entidades de bien social y organismos de cooperación multilateral; y otros ingresos provenientes de legados, donaciones y los fondos de proyectos de autogestión.

The post Cuando querer no siempre es poder: el acceso a la universidad para los indígenas en Paraguay appeared first on Paraguay 2022.

Por Lisandra Aguilar, Karen Martínez, Karina Godoy, Macarena Duarte y Elías Honzi

Las paredes están resquebrajadas e invadidas por el moho como marcas de olvido y desidia; sobre lo quedó de  rieles solo avanza la maleza. Esta es hoy la apariencia  de la mayoría de las estaciones de trenes en Paraguay, uno de los primeros países en desarrollar el sistema ferroviario en Sudamérica, pero donde  apenas quedan vestigios de lo fue este  transporte en susaños de esplendor.

La iniciativa de la línea ferroviaria se dio en el año 1854, durante el periodo de Don Carlos Antonio López como presidente de la República (1844-1862);la puesta en marcha de la locomotora  fue en 1861. Tras la  guerra contra la Triple Alianza, en el 70, se realizó la concesión del ferrocarril a la empresa inglesa The Paraguay Central Railway Company Limited, desde 1889 a 1961. Luego, el Estado volvió a tomar posesión. En 1991 estuvo nuevamente sujeta a privatización en medio de déficit, y entre estos ires y venires,el tren suburbano a vapor dejó de funcionar en 1999.

Creada bajo el Decreto N° 17061/2002, Fepasa comenzó con el objetivo de prestar servicios ferroviarios y actividades derivadas a la sociedad. No obstante, actualmente no se observa ningún tipo de funcionamiento de alguna estación de tren en el país, ni por lo que respecta  al transporte de personas, ni en el área de la movilización de cargas.

Queda como una incógnita la manera en la cual logran generar sus recursos institucionales para mantener a una vetusta institución que se encuentra a cargo de viejas y oxidadas estaciones, que solo ponen en marcha sus locomotoras en la memoria de paraguayos que siguen soñando con el transporte por vías ferroviarias.

El presidente de Fepasa, Lauro Ramírez, afirma que al término de su primera gestión (2002-2008) introdujo el transporte de cargas en el país para generar mayores ingresos para la institución. De este modo, la empresa se convirtió  en gran contribuyente para el erario público, con 470.000 toneladas de transporte/año; hoy en día esa actividad comercial se perdió por completo.

Con respecto al transporte de personas de la ciudad de Encarnación (ubicada a 359 kilómetros de la capital, Asunción) a Posadas, Argentina, que inició en 2015 y dejó de funcionar debido a la llegada de la pandemia, desde Fepasa afirmaron que la ruta tenía un flujo de 11.000 usuarios  por día; el 65% de los 2.000.000 de pasajeros hasta finales del 2016 eran argentinos, y el costo del transporte era de G. 7.000 (US$ 1).

LAS IRREGULARIDADES DE FEPASA

La falta de información específica  sobre el origen de los fondos financieros con los que opera  Fepasa es un asunto que se ha cuestionado por varios años. En un informe de auditoría a las finanzas de la institución, realizada por  el Poder Ejecutivo en el 2014, se determinó que la empresa se encontraba en quiebra técnica, con un patrimonio neto negativo de G. 5.367 millones (US$ 785.363) , 17% más que el año anterior, de acuerdo al documento.

También se informó sobre un déficit en recursos humanos porque la empresa no contaba con el personal mínimo calificado para cubrir las vacancias de las áreas de Contabilidad, Asesoría Jurídica, Auditoría y Secretaría. Esta realidad fue arrastrada hasta la nueva gestión de Ramírez, que inició en 2019, pues el titular reconoció que se encontró con una empresa sin ningún funcionario, salvo los guardias de la institución.

Por otra parte, el último informe de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) reveló  varias inconsistencias en las rendiciones de cuentas de Fepasa, como la falta de documentaciones que respalden saldos de deudas. La auditoría abarcó todo el periodo del 2020  hasta junio del 2021.

Hay discrepancias, según el informe,  entre determinados saldos que conforman las obligaciones a pagar de Fepasa, como servicios de agua y telefonía,  y los informados en las notas de circularización de saldos. Se evidenciaron diferencias netas de G. 1.572.838.244 (US$ 230.156) para el 2020 y de G. 1.656.455.203 (US$ 242.392) para el 2021.

El ministro auditor Luis Cardozo Olmedo confirmó al diario Última Hora que observaron deudas que no están expuestas razonablemente. El informe señala que no se pudo concluir sobre la razonabilidad de la deuda con la firma Custodia S.A. por  valor de  G.1.282.855.206 (US$ 187.722), expuesto como pasivo no corriente y obligaciones comerciales. Tampoco sobre el saldo de G. 75.600.000 (US$ 11.062) de la firma  Rem Elemental que forma parte de la cuenta contable “Cuentas a Pagar”, del periodo 2020.

Faltan además documentaciones sobre la rendición de cuentas de pagos realizados por G. 747.819.577 (US$ 109.429) e imputados al objeto de gasto 145 de honorarios profesionales. El monto, aclara, podría  ser aún mayor ya que Fepasa no remitió informes de pagos realizados a Mastro SA y Rem Elemental.

En el 2021, Fepasa se posicionó  entre los principales entes públicos con los peores niveles de transparencia, según el informe de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).

Trabajadores de Fepasa también denunciaron públicamente, en el 2021, la falta de pago  por varios meses de salarios y seguro social.

SUELDOS Y RECURSOS INSTITUCIONALES

Las auditorías desarrolladas hablan de grandes deudas y recursos institucionales que resultan insuficientes. Según Ramírez, la cantidad de colaboradores con los cuales cuenta la institución apenas llega a los 30.

En ese sentido, el último informe sobre los ingresos por funcionarios y personal contratado proveído por la institución data de 2019, en el cual se pueden observar los salarios, junto con beneficios extras percibidos por determinados trabajadores. Entre ellos se destaca el titular, Lauro Ramírez, quien percibió en 2019 G. 5 millones (US$ 731)  por responsabilidad en el cargo, G. 5 millones por gastos de representación y G. 19.398.191 (US$ 2838) en concepto de dieta.

En total, percibió G. 382.176.484 (US$ 55.924), sumando también tres aguinaldos. Por su parte, Humberto Ortiz, gerente general de Fepasa, cobró durante todo 2019 G. 15 millones (US$ 2194) en concepto de honorarios, sumando así una suma de G. 195.000.000 (US$ 28.534) con el aguinaldo.

De acuerdo con los datos encontrados en el Presupuesto General de la Nación (PGN), en el 2020, en época de pandemia, gastó un total de G. 346.439.412 (US$ 5039) en sueldos, G. 99.330.000 (US$ 14.535) en dietas y G. 37.147.451 (US$ 5435) en aguinaldos.

En el 2021 mantuvo sus gastos en cada uno de los ítems mencionados y este año su gasto previsto para sueldos subió a unos G. 356.859.792 (US$ 52.219), en dietas mantendrían los gastos y en aguinaldos llegarían a los G.  38.015.816 (US$ 5562). Todo esto sin determinar los ingresos fijos de la empresa que le permiten tener el desembolso figurado, sin mencionar a su vez las deudas de la institución.

Como actualmente no generan ningún tipo de servicio de transporte o movilidad por vías ferroviarias, el titular de la institución mencionó que la institución apunta a captar inversiones de empresas privadas que busquen invertir en trenes en Paraguay.

Bajo este esquema, el inversor pondría un capital determinado para estar a cargo de las estaciones de trenes y la empresa cobraría por esto a través de concesiones o por prestación de servicios para poner en funcionamiento nuevamente los trenes. La última iniciativa privada existente al respecto abarcó las estaciones entre las ciudades de Pedro Juan Caballero y Concepción, donde se presentó una empresa rusa.

“Avanzamos muy bien en todos los detalles, pero luego vino la pandemia, lo que nos obligó a cambiar de eje, por lo cual no se pudo continuar adelante. Ya que no disponemos de fuentes de ingresos, ni del estado ni propios a través del transporte, debemos desarrollar a la empresa ferroviaria sin ningún recurso y eso lo lograremos con la inversión privada”, expresó el titular.

Por ello, agrega, actualmente la empresa se sostiene a través de los alquileres publicitarios y el proceso de cobro de indemnizaciones; este último corresponde al resarcimiento que deben recibir por parte del Estado, cuando este llevó a cabo construcciones públicas sobre vías ferroviarias pertenecientes a Fepasa. Tal es el caso del tramo de la Ruta 8 y la Autopista Ñu Guasu.

En cuanto al mantenimiento de las viejas estaciones de trenes, el presidente de Fepasa admitió que, debido a la baja cantidad de funcionarios, los trabajos de cuidados terminan sobrepasando al personal, pues este termina resultando insuficiente a la hora de hacerse cargo de los patrimonios mencionados.

Por ello, Ramírez mencionó que actualmente el mantenimiento y cuidado de las estaciones se desarrollan vía convenio con las municipalidades de cada ciudad en la cual se encuentren las estaciones. En Asunción, la estación central en la cual también se erige la infraestructura de la empresa, está a cargo de Fepasa, pero la misma presenta un aspecto paupérrimo, como si se sumiera poco a poco a un total estado de dejadez, sin quedar ningún vestigio de lo que en algún momento representó la magnificencia de la locomotora paraguaya.

SIN ESPERANZAS

Sebastián García, diputado nacional por Patria Querida e integrante de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara Baja, dijo que actualmente se conoce del Proyecto del Tren de Cercanías “un Power Point” o “presentación simple”, pero no un panorama completo de todo lo que implica la iniciativa.

“Esto es lo que preocupa, se sigue viendo el transporte como una cuestión aislada, cuando se debería ver como un sistema y cómo impacta al resto de la ciudad, todo el plan en su conjunto. Eso es lo que aún no queda muy claro”, resaltó.

En esta misma línea, el parlamentario señaló que la falta de voluntad política constituye otra de las razones que hacen tambalear la implementación de otras iniciativas de transporte como el tren de cercanías.

“Esto se debe a responder a intereses de amigos y gente que tiene que apoyar en las elecciones como son algunas empresas transportistas. El transporte de colectivo históricamente estuvo vinculado a empresarios amigos del Gobierno. Entonces,esa resistencia al cambio, a que las cosas mejoren y a tener nuevas soluciones genera ese temor a tocar algunos intereses que el día de mañana tienen que ser apoyo a la movilidad de los ciudadanos”, explicó García.

SISTEMA INTEGRADO

Realizar una radiografía que muestre cuál es la situación de Fepasa; sus atribuciones, qué dice la carta de constitución, cuáles son sus activos y pasivos. Esto es lo que el arquitecto y especialista en desarrollo Urbano, Gonzalo Garay, considera que se necesita como punto de partida.

“Con estas informaciones se pueden ir tomando decisiones de reestructuración o reforma para que sea una empresa que cumpla con sus objetivos”, afirma Garay.  De manera posterior a este análisis, agrega, se debe  realizar el estudio de factibilidad para reinstalar  el sistema ferroviario  a nivel nacional o urbano, ya que el país, necesita desarrollar planes de movilidad sustentables con las diferentes modalidades de transporte y ver qué es lo que conviene a cada sector.

Dentro de este plan, Garay resalta que se debe tener un sistema integrado de transporte. “Esto significa que yo puedo cambiar de un vehículo a otro con el mismo boleto sin pagar dos veces”, explica. “Incluso de una movilidad a otra; puedo pasar de la movilidad ferroviaria al bus con un mismo boleto en un determinado tiempo y dirección. Por ejemplo,  si tengo que venir al centro de Asunción desde Capiatá y no hay  una línea que me traiga de manera directa, que pueda hacer ese desplazamiento subiendo a otro vehículo y pagando un solo pasaje”.

En el área central del país, principalmente, el déficit del servicio de transporte público metropolitano se intensificó con la pandemia. Hay poca frecuencia de buses. De  concretarse el tren de cercanía, se podría aplicar el sistema integrado para evitar que el nuevo servicio sea aislado, tal como es el temor de la ciudadanía que a diario se enfrenta al calvario de las largas horas de espera por la escasez de unidades de transporte, en medio de proyectos estatales que no terminan de llegar hasta el puerto de la realidad.

Lo que pudo ser, pero nunca se concretó 

Dentro de los 20 años en donde Fepasa no logró poner en marcha ninguno de sus proyectos, nombramos algunos de los más resaltantes y otros que, estando en marcha, bajo la desidia de la institución tuvieron que cesar de sus funciones.  Entre los proyectos que mayor ruido hicieron y que movilizaron grandes inversiones están el Tren de Cercanías y otras propuestas de menor escala.

Otro operativo fallido fue el del rescate al Tren del Lago, un proyecto que intentaba revivir unos ensambles que yacían en la vieja estación de Ypacaraí; espaciosos y cómodos los vagones podían transportar en los nueve coches hasta a 88 pasajeros sentados y a 150 personas contando a las paradas, pero el proyecto en el año 2019 también fracasó. En el año 2000, fue la última vuelta que recorrió aquel ferrocarril.

Villa Inglesa 

A su vez, con el objetivo de planificar la renovación de la estación icónica de Paraguarí en la Villa Inglesa y de los antiguos talleres del tren, la Municipalidad de Sapucai y Fepasa analizaron la manera de poder generar nuevas inversiones relacionadas al rubro turístico, desarrollando más proyectos, que no llegaron a nada. 

La Villa Inglesa, es incluso reconocida en la actualidad como la “Villa Ferroviaria”, y ocupa un predio de 16 hectáreas. Las casonas son consideradas patrimonio de la comunidad, donde inicialmente había 35, de las cuales sobrevive una docena que fueron construidas de material cocido de buena calidad: hierros y maderas de alta resistencia.

Rescate de la Estación de Artigas 

La Municipalidad de General Artigas proyectó el rescate, la restauración y la puesta en valor de la antigua Estación del Ferrocarril Carlos Antonio López con fines turísticos y culturales.  El predio cuenta con cinco hectáreas, de las cuales en tres se realizarían reforestaciones y en el resto infraestructura para actividades recreativas. La idea era trabajar de forma conjunta con convenios entre el municipio, Fepasa y la Secretaría de Turismo, pero todo quedó a la deriva.

Tren de Cercanías

Este proyecto se inició en el 2019 y, estando en el 2022, sigue sin rumbo fijo. Los representantes de las empresas coreanas MOLIT, KIND, quienes también se encuentran en el impulso del proyecto estimaron que el mismo demandaría una inversión aproximada de US$ 500 millones, en un plazo de 5 años, contemplando así siete estaciones y un depósito ferroviario a lo largo de 43 Km desde Asunción, en el sector del Parque General Bernardino Caballero hasta la ciudad de Ypacaraí, departamento Central.

La delegación de Corea ya entregó el estudio de factibilidad del tren de cercanía a las autoridades del país, pero todo sigue sin una mira fija. 

The post El tren que nunca regresó appeared first on Paraguay 2022.

Por Mariela Fretes, Maru Molas, Aramí Huerta, Pablo Gastón Ortiz, Alexis López y Joel Riveros

Según cuentan los pobladores, en el 2002, un ciudadano ecuatoriano llamado Antonio Flores, con experiencia en minería, visitó Paso Yobái y encontró pequeñas pepitas de oro en la arena de los arroyos. El rumor creció, la historia era real. Pronto las riberas se llenaron de buscadores y poco después llegaron los molinos. Y con ellos, el mercurio al agua.

En el lecho de los arroyos Gasory, Sanabria, Santa Clara y el conocido como Lampa -ya que está en el área concesionada a la empresa minera Latin American Minerals Paraguay SA (Lampa) para la explotación del oro- hay sedimentos con más de un miligramo de mercurio por kilogramo (mg/kg) de tierra. Una cifra que duplica el promedio del límite de mercurio en sedimentos para la protección de la vida acuática, que es de 0,4 mg/kg, según organizaciones sanitarias internacionales como el Consejo Canadiense de Ministros de Medio Ambiente y la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA).

A unos 50 kilómetros de Villarrica, capital de Guairá, y a 200 de Asunción, capital de Paraguay, Paso Yobái es un distrito eminentemente agricultor y en donde la mayor parte de su población se dedica al cultivo de la yerba mate. También es el único sitio del país en donde se extrae oro.

Y tanta es la influencia de la minería que, a partir de 2005, alrededor de cada 15 de agosto, en honor al Día de Nuestra Señora de la Asunción (según la creencia católica, fecha en que se recuerda la Ascensión de la Virgen María), patrona de la comunidad, la ciudad celebra el Festival del “Itayú”. Esta última palabra significa oro en guaraní, idioma nativo y oficial paraguayo junto al español. Ita [itá] es piedra y ju [yú] amarillo. Sin embargo, no solo este metal -precioso- está arraigado a Paso Yobái.

El otro metal -tóxico- es el mercurio, que se encuentra en el agua de 11 arroyos y en el río Tebicuarymí, en cantidades que representan un riesgo para la salud humana porque llega a  la cadena alimentaria de la población, explicó la experta en toxicología ocupacional, Laura Flores, quien encabezó el último estudio del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) paraguayo sobre los niveles del mercurio en los cauces hídricos y los relaves o pupa (tierra molinada) de los molinos auríferos registrados oficialmente en el Municipio local y en el Viceministerio de Minas y Energía (VMME).

Los peces se contaminan y cuando las personas los consumen el mercurio ingresa al cuerpo de éstas, donde puede provocar enfermedades renales y cardíacas, malformación en los fetos de las mujeres embarazadas y hasta el síndrome neurológico que causa la enfermedad de Minamata, detalló Flores. Explicó que años anteriores también se comprobó la presencia de mercurio en la fauna ictícola de los arroyos de la zona y del río Tebicuarymí, con valores cuatro veces más alto al de referencia de la EPA de Estados Unidos, de acuerdo a un estudio de la ONG Alter Vida y mencionado en la investigación científica “Minería en el territorio paraguayo” de la organización Base Investigaciones Sociales.

Además, como el mercurio es un metal que se evapora a temperatura ambiente, los que manipulan los molinos pueden inhalar sus vapores.

“Encontramos síntomas neurológicos como trastornos de memoria, trastornos de la afectividad, irritabilidad, cambios de humor, temblor de manos y hormigueo”, relató la profesional. El año pasado se tomaron 99 muestras de orina de mineros informales y de sus familiares, muchos de ellos con estos indicios de lesiones neurotóxicas. Flores detalló que en el 11% de los casos se sobrepasó el límite de 5 microgramos en 24 horas (μg/24 horas) de mercurio recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y todos tienen en común la exposición al metal.

Según lo agregado, también sabe de hijos de trabajadores que nacieron con alguna discapacidad física o malformaciones y es posible que eso pueda estar relacionado al mercurio, aunque apuntó que todavía no hay estudios que confirmen esta conexión.

Y si bien los daños en la salud no son aún muy notorios, si los cauces hídricos se siguen contaminando, tarde o temprano ocurrirán las enfermedades graves citadas, recalcó Flores. “En Minamata tardaron muchos años en tener una afectación a los humanos”, indicó.

Y es que esta docente universitaria, pronto también a obtener un doctorado en investigación ambiental, conoce a la perfección la tragedia de Minamata. En la bahía de dicha ciudad japonesa se vertieron unas 27 toneladas de compuestos de mercurio entre 1932 y 1968, cuyas consecuencias se siguieron viendo hasta el siglo XXI. Pero recién en 1956, luego de 24 años de polución, se empezaron a documentar los casos de envenenamiento que ocasionaron a más de 2.500 personas el desorden neurotóxico que ahora lleva por nombre enfermedad de Minamata, a raíz del consumo de pescado y mariscos contaminados.

Agua de los grifos

La exposición a los vapores y a los alimentos contaminados no son los únicos riesgos. También se teme que elevadas cantidades del metal tóxico lleguen al agua potable que consumen miles de familias en las ciudades cercanas a Paso Yobái. Es que la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (ESSAP), propiedad del Estado, tiene dos plantas de potabilización y bombeo sobre el río Tebicuarymí que proveen a cerca de 30.000 usuarios de las ciudades de Coronel Oviedo, Villarrica, Mbocayaty y Yataity, en los departamentos de Caaguazú y Guairá. Precisamente, en el lecho de la zona de toma de agua de la ESSAP se detectaron valores de mercurio que van hasta los 0,344 mg/kg.

El ingeniero químico Ovidio Espínola, jefe de Departamento de Sustancias Químicas del Mades, también contó que la cartera ambiental estima que entre 913 a 990 kilogramos de mercurio se disipan al ambiente anualmente por una producción de 425 a 473 kilogramos de oro, de acuerdo a otro estudio de la cartera ambiental. Aclaró que todavía no tienen análisis que estimen qué porcentaje va a la atmósfera y cuál al agua.

Agregó que se puso a consideración del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) de Paraguay todos los datos alarmantes, para que proteja la salud de las personas. “Que se tomen medidas preventivas y correctivas en cuanto a salud ambiental, en base a los resultados que se tuvieron”, resaltó el funcionario.

Si bien los mineros informales niegan que sigan arrojando mercurio, los datos hallados por la profesora Flores demuestran lo contrario, enfatizó Espínola. Apuntó que el Mades viene implementando desde hace años un plan para cambiar de forma progresiva el uso de mercurio por el proceso de cianuración, a fin de disminuir la liberación del metal tóxico a los arroyos y la exposición de los trabajadores.

La medida es impulsada en cumplimiento del Convenio de Minamata, del que Paraguay es signatario, y cuyo objetivo es ‘’proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio’’.

El jefe de Sustancias Químicas reiteró que la manera como actualmente se desarrolla la actividad minera informal en Paso Yobái tiene sus efectos negativos en la salud de las personas y en los peces. “El diagnóstico de nosotros, el resultado, es consecuencia de la manera de cómo están trabajando”, sentenció.

De bandejas a molinos contaminantes

Pero estos datos al parecer no frenan las ansias de obtener más oro, a costa de la salud humana. Todo lo contrario, la búsqueda se vuelve cada vez más invasiva y hostil con el ambiente.

Lejos quedaron las primeras recolecciones usando apenas una batea, bandeja que -cual colador- sumergían al arroyo para pescar alguna que otra pepita. Hoy las técnicas más utilizadas emplean molinos, con sistemas que implican mayor impacto en los recursos naturales.

¿Cómo es esta extracción? Ya que el suelo en Paso Yobái es rico en oro, los mineros informales sacan tierra de sus patios, de un pozo o de una cantera y la transportan en bolsas o en camiones tumba. Estas cargas se molinan con mercurio, que a su vez se amalgama a las partículas del metal precioso. Luego, con otro proceso se separan ambos metales, dejando el oro concentrado. ¿Cuál es el precio de esta “hazaña”? Es que en la tierra molinada, en los relaves, se conservan sedimentos de mercurio y desde allí invaden los cauces hídricos.

La contaminación sigue presente y la lupa está sobre la minería informal. Los mineros informales agremiados, quienes se autodenominan “artesanales”, reconocen que hubo un mal manejo del mercurio, aunque alegan que sólo fue cuando iniciaron la actividad, en el 2002.

Con el paso de los años se han implementado nuevas maquinarias, entre ellas una que permite que el mercurio sea reutilizado y no sea liberado al aire como en algún momento ocurrió, sostuvo Rubén Aguilera, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales y Afines de Paso Yobái, uno de los cinco gremios de mineros y el que más asociados aglutina. No obstante, entre el 40% al 60% del mercurio se pierde en el proceso, según las estimaciones del Mades.

Y Aguilera no solo es dirigente gremial, sino además es el actual gerente de Lampa SA, empresa que tiene la concesión para la explotación de oro y que ya ha logrado grandes volúmenes de extracciones, con más de 450 kilos del metal precioso obtenido en Paso Yobái, de acuerdo con los datos del Viceministerio de Minas y Energía, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Hoy, mineros y Lampa trabajan de forma conjunta, pero esto no siempre fue así. En el pasado, numerosas movilizaciones ciudadanas que llegaron hasta violentos incidentes forzaron a la empresa a negociar con los informales.

Esta forma de trabajo conjunto contempla también un acuerdo de no agresión, que a veces no se respeta, al menos entre los mismos “artesanos”. Ya que en septiembre del año pasado, dos grupos de mineros informales se enfrentaron por el control de una pequeña, pero productiva cantera. Incluso se registraron disparos de armas, arrestos e intervención de la Policía, que no pasó a mayores. En realidad, los que se pelearon fueron los trabajadores, es decir, los que no son dueños de los molinos, ya que no cualquiera tiene los recursos en Paso Yobái para comprar las maquinarias necesarias para la extracción.

La fiebre del oro hace que en el rubro, el impacto ambiental, la contaminación, las enfermedades, en fin, la exposición de la vida humana, pasen a segundo plano. En el sector al parecer priman sus intereses económicos y se ocupan de las diferencias internas entre grandes y pequeños mineros, empresarios y trabajadores.

Hay unos 100 empresarios dedicados al rubro, ellos son los dueños de los molinos, mientras que la mano de obra está compuesta por más de mil trabajadores, estimó uno de los pioneros de la minería en Paso Yobái, Raúl Acosta, un político del Partido Colorado que fue concejal departamental de Guairá.

Quizás por el lucro de las empresas y por la fuente de trabajo es que hasta hoy, numerosos referentes de este rubro sostienen que la contaminación de los arroyos es un supuesto “bulo” que solo busca perjudicar la actividad minera “artesanal” en beneficio de la multinacional Lampa. Acosta admitió que tiene, al igual que sus colegas, mercurio en el cuerpo, pero alegó que en cantidades “insignificantes”, según los estudios clínicos que se hicieron.

“Hace 20 años quemábamos (el amalgama de mercurio y oro) al aire libre y yo tengo 71 años ya y ni me chorrea la nariz. A mí nomás luego ya me hubiese dejado una secuela. Había escuchado algún cuento por ahí (…) ‘el hijo de fulano nació mal’ pero solo es cuento. No existe ningún registro oficial”, dijo, desconociendo los estudios de profesionales del Estado.

Y siguió justificando con el recurrente argumento de la mano de obra ocupada y los “grandes beneficios”. “Hay mucha fuente de trabajo. Camioneros, surtidor, gasoil. A muchos les beneficia el tema del oro, especialmente a la comunidad. (…) A los changueros, camiones tumberos, pala cargadora, etc. Es muy importante aquí en Paso Yobái el tema de la minería”, recalcó.

Para Acosta, Aguilera y los demás mineros, el potencial del oro aún no se dimensiona del todo, y que si este se aprovecha puede representar una explosión económica y de desarrollo en la comunidad, el departamento de Guairá y el país.

Años de ausencia del Estado

Esta negación por parte de los voceros del sector no es extraña, considerando que los organismos estatales de Paraguay esperaron nueve años de explotación minera sin control para empezar a preocuparse -y ocuparse- de los peligros de la contaminación. Y solo fue porque en 2011, como parte de una investigación periodística del diario Última Hora y el canal Telefuturo de Paraguay, el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (Cemit) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) detectó que el arroyo Gasory de Paso Yobái tenía 13,8 microgramos de mercurio por litro de agua (mg/l), un nivel casi seis veces más elevado que el valor máximo determinado como aceptable (2 mg/l) por el Mades. Para el estudio, se tomaron muestras de cinco arroyos y solo en uno se detectó mercurio.

Y así, recién después de la publicación en la prensa sobre los escandalosos números de contaminación, el Mades y el Viceministerio de Minas comenzaron a hacer estudios de agua y de sedimentos del lecho de los cauces hídricos. También se acercaron a los mineros  informales para tratar de evitar que se viertan los relaves a los arroyos y se empezó a hablar de la regulación en esta actividad, que recién hace cuatro años se empezó a aplicar.

La mirada de la sociedad comenzó a enfocarse en este rubro, que prometía oro y desarrollo pero que estaba dejando a su paso negativas secuelas. Fue así que en 2015, un estudio de la Universidad Católica de Villarrica también encontró mercurio en el arroyo Tapychái y en el río Tebicuarymí, aunque con niveles más bajos a los 2 mg/l en el agua. Lo mismo se halló en los sedimentos del lecho, pero prácticamente en rangos considerados normales. Estos resultados pudieron traer alivio a la comunidad y, quizás, más de uno pensó que los mineros por fin se adecuaron a los estándares exigidos por los organismos ambientales. Lamentablemente, la evidencia actual muestra que fue todo lo contrario.

El reciente estudio del Mades a cargo de la profesora Laura Flores, que se hizo a lo largo de cuatro meses y que no se centró en el agua, sino en los sedimentos de 11 arroyos y del río Tebicuarymí y en los relaves de los molinos, arrojó resultados más confiables que los estudios previos. Pero también más preocupantes, pues se confirmó que la polución sigue hasta el día de hoy. En total se tomaron 192 muestras multitemporales en los cauces hídricos y en todos los lechos se detectó mercurio.

Los más afectados son el Gasory, Silva Cue, Sanabria e Ycuá Porá, donde casi el 50% de las muestras fueron positivas. En los demás arroyos y el río fueron positivos la mayoría en un 31%. “Se puede asumir que los sedimentos de los arroyos de Paso Yobái podrían representar un riesgo para la salud de los ecosistemas, incluyendo al hombre”, concluye la investigación de Laura Flores.

En los arroyos Sanabria, Santa Clara y Lampa hay niveles por encima de 1,0 mg/kg. Para tener una idea de la situación, el Consejo Canadiense de Ministros de Medio Ambiente (CCME) considera peligroso a partir de 0,17 y su límite de exposición permisible es de 0,48, mientras que la norma holandesa está en los 0,3 y para la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) hay efectos probables sobre la vida acuática desde los 0,7.

En tanto que el estudio del 2013 de Alter Vida, con muestreos en distintos cauces hídricos de Paraguay, reportó que los niveles más altos de mercurio corresponden a los peces del río Tebicuarymí, cerca de Paso Yobái. El más elevado se encontró en la Tararira (Hoplias malabaricus), con 0,921 partes de mercurio por millón (ppm), 320% sobre el valor de referencia de la EPA, que es de 0,22 ppm. También estaban contaminadas y excediendo el valor otras especies como el bagre amarillo (Pimelodus maculatus) y el bagres anguilas (Heptapterus mandimbusu), los que son aprovechados comercialmente en la gastronomía paraguaya.

Un oro que brilla en el mercado negro

Estos peligros, sin embargo, parecen no atemorizar a la fiebre del oro, que tiene mucho marketing entre los voceros del sector pero poca ganancia real para la comunidad. Esta comenzó hace ya dos décadas, pero aún no destronó a Paso Yobái como el distrito más pobre del Departamento de Guairá, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Otro aspecto a resaltar es que el Estado paraguayo apenas recibió regalías durante todo este tiempo, de acuerdo a datos del Viceministerio de Minas y Energía (VMME), y todo indica que eso se debe a la informalidad minera y su conexión con el mercado negro de oro. Según la Ley N° 3180 de Minería, entre el 2,5% y 8% del oro declarado como extraído tiene que ir a las arcas públicas, norma que no se cumplió en gobiernos anteriores, señaló a su vez la directora de Recursos Minerales del VMME, Mónica Urbieta.

De hecho, el año pasado la citada subsecretaría gubernamental denunció ante la Fiscalía a la empresa CEMA SA por estafa al Estado y exacción, ya que exportó oro de Paso Yobái por valor de US$ 100 millones durante seis años, según reveló una auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Lo declarado por la empresa en cuestión en la aduana no tiene respaldo de trazabilidad. Se estima que fue extraído y comercializado ilegalmente por los mineros informales, indicó Urbieta aunque acotó que la responsabilidad debe ser establecida por la justicia.

Y es que durante más de 15 años los “artesanales” extrajeron oro de forma ilegal y hoy en día lo siguen haciendo, ya que no tienen autorización del Gobierno. Aún así, los mineros, desde la informalidad, han defendido su derecho a dedicarse al rubro y luchado para que se les reconozca. En cierta forma lo lograron. Según dijo Urbieta, a partir del 2018 arrancó finalmente un proceso de formalización de los mineros, aunque no todos se están sumando a este plan.

Recordemos que el Mades estima que la producción anual en la minería informal es de casi media tonelada de oro. No se pagó regalías por nada de esta producción durante más de 15 años, según datos del Viceministerio.

Se espera que la explotación ilegal y el contrabando vayan cayendo gracias al acuerdo alcanzado -a fuerza de manifestaciones- entre las principales asociaciones y Lampa, única empresa que tiene la autorización para la extracción de oro, concesión que es otorgada por ley del Congreso. La multinacional cedió y les permite a los mineros trabajar en una parte de su área concesionada y les compra a ellos el oro extraído. En otras palabras, es una tercerización que de alguna forma legítima la actividad minera “artesanal”, reconoció la directora.

El proceso implica que los mineros se registren como contribuyentes ante la Subsecretaría del Estado de Tributación (SET) y que el Mades les otorgue licencias ambientales, que en su mayoría siguen en proceso, indicó Ovidio Espínola. Además, Lampa y los mineros firman un contrato que debe ser refrendado por el VMME.

Entre 2018 y 2022, Lampa declaró la exportación de 456 kilos de oro, por un valor de US$ 20 millones y por el que el Estado sí recibió regalías, explicó Mónica Urbieta. Agregó que parte de ese oro fue extraído por los mineros ya formalizados.

Además, la directora de Recursos Minerales informó que está en elaboración un estudio sobre el otorgamiento de la concesión directamente a mineros agremiados, aunque aclaró que es un proceso largo y complicado, especialmente porque el Congreso debe autorizarla.

También se avanza en otro plan, el montaje de un molino aurífero comunitario para uso de estos pequeños mineros.

Contaminación, informalidad y tragedia

Como en el cuento del Rey Midas, también en Paso Yobái mucha gente quiere más y más oro. En la fábula, un hombre que lideraba un reino rico, quería ser aún más rico y en ese afán de amar el brillo y las riquezas, pidió a los dioses que todo lo que tocara, se convirtiera en oro. Su deseo se cumplió y aunque al principio fue feliz, luego se dio cuenta que ya no podía disfrutar de la vida, porque todo se convertía en el metal precioso, incluso su comida. Y vio que el oro no se podía comer. Pero lo peor vino después, cuando tocó a su hija y ella se convirtió en una estatua amarilla, una muerte que le mostró su gran avaricia.

En la historia universal, cuentan que por oro mucha gente ha matado…o muerto. En fábulas y en la vida real. El oro también trajo muerte a Paso Yobái. Una historia ocurrida hace ocho años conmocionó a toda la ciudad y al país. Más allá de la contaminación, la informalidad y el mercado negro, el descontrol en el rubro ha costado la vida de mineros.

En febrero de 2014 un ingeniero civil y tres obreros murieron ahogados en un pozo de 30 metros de profundidad de la compañía Tahýi de Paso Yobái. Lo cavaron en busca de oro y para desaguarlo usaban un motor eléctrico. Cuando este se descompuso, instalaron uno a gasolina, que finalmente llenó de humo el lugar.

El ingeniero César Daniel Acha Stanley, de 47 años y encargado de la mina informal, llegó a Paso Yobái desde Ciudad del Este (Alto Paraná), pensando que se volvería rico, pero en cambio, fue la primera víctima fatal. Se desvaneció y cayó al agua que se acumulaba en el fondo de aquel pozo inundado por monóxido de carbono. Sus empleados Osmar Robert Mendieta López (36), Eliodoro Silvero Benítez (22) y Manuel Silvero Sosa (18) intentaron rescatarlo, pero al bajar también se desmayaron y uno a uno fueron muriendo.

Una verdadera tragedia. Aquella búsqueda de oro se había desarrollado incumpliendo requisitos mínimos de seguridad, violando leyes laborales y sin autorización para la explotación minera. Y este escenario se repite en otras canteras y minas, incluso hasta hoy, lo que muestra que no se ha aprendido la lección.

En la fábula del Rey Midas, finalmente los dioses le devuelven a su hija, luego de que el rey reconociera su codicia. En la vida real, los mineros muertos ya no pueden volver. Pero aún hay tiempo de evitar que la búsqueda descontrolada del oro y la contaminación por mercurio le quiten la vida a más hijos de paraguayos.

The post Oro en la tierra y mercurio en el agua appeared first on Paraguay 2022.

Por Fiona Aquino, Brian Cáceres, Jessica Mendoza y Mercedes Rodríguez

“Educación es esperanza. Educar es construir un futuro. Nuestro gobierno ha acompañado e impulsado la transformación de la educación en este contexto (pandemia). Hemos impulsado un diálogo nacional incluyendo a todos los autores de la sociedad”, afirmó el presidente Mario Abdo Benítez en su último informe ante el Congreso, un discurso que no se condice con la realidad, ya que hay sectores muy lejos de una verdadera inclusión.

Durante la pandemia del Covid-19, al igual que en todo el mundo, las barreras para acceder a una educación de calidad se multiplicaron. Las clases virtuales fueron un desafío para los docentes, los padres y para los mismos alumnos. Todo cambió de un día para el otro y el tiempo se encargó de demostrar que nadie estaba preparado. 

Y es que en Paraguay, en donde el 10,7% de la población sufre algún tipo de discapacidad, de acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), la pandemia develó los desafíos con los que tuvieron que lidiar los estudiantes con alguna discapacidad. Dejando también al descubierto la siguiente interrogante: ¿Qué políticas ha planteado el gobierno paraguayo para garantizar la educación de las personas con discapacidad?

A CIEGAS 

Para personas como Liz Paola Diaz, una joven estudiante de psicopedagogía, quien desde hace  unos 23 años padece de retinopatía congénita, una enfermedad ocular que hace que los vasos sanguíneos crezcan de forma anormal dentro de la retina, la educación en pandemia durante estos dos años se define de una única forma: ‘’estresante’’.

La joven cuenta, mientras se mueve sin ningún elemento de guía y con total normalidad dentro del patio de su casa, que ya hace años viene acostumbrándose a la falta de garantías para acceder a una educación de calidad. Señala que las dificultades siempre existieron, pero en esta crisis sanitaria se evidenciaron más que nunca. 

“Realmente no encontré más dificultades, sino que se visibilizaron las que ya tenía antes. Los materiales ya eran digitales pero escaneados. Nosotros (las personas con discapacidad visual) usamos un lector de pantallas en la computadora y en el celular. Ese lector, cuando se trata de un documento escaneado o de una foto convertida a PDF, no puede reconocer nada. Vos cambiás de página y te dice que cambiaste de página pero no lee el contenido”, relata Liz mientras muestra, al mismo tiempo, cómo el programa se salta párrafos y hasta capítulos enteros si es que la lección no se encuentra en el formato adecuado.

La joven explica que, para que el lector pueda reconocer los textos, los documentos deben ser convertidos a PDF desde WORD y deben estar bien escritos, sin imágenes ni cuadros. 

“En ocasiones los profesores usaban otro tipo de materiales. Enviaban videos sin ninguna descripción, imágenes pasando con la descripción escrita. Cuando yo reproduzco ese tipo de vídeos, no entiendo nada, no sé qué es lo que está pasando”, continúa relatando Liz Paola. 

“Cuando pasaba eso, le escribía nuevamente a la profesora a través de la plataforma y le pedía que me explique, pero perdía bastante tiempo. Tenía que esperar una respuesta para saber qué contenía el vídeo y ahí recién podía hacer la tarea. Eso me retrasaba muchísimo”. En momentos como ese, la joven estudiante debía recaer totalmente en la empatía de sus compañeros y amigos, quienes se encargaban de comentarle por audios de Whatsapp lo que contenía el material adjuntado, sobre todo cuando los docentes tardaban más de una semana en responder y la tarea ya estaba próxima a vencer.  

Según Liz Paola, entrar a la plataforma de la universidad era una verdadera sorpresa. “No sabía con qué me iba a encontrar. Si iba a acceder a un PDF que podía leer, si iba a ser un link, si iba a ser un vídeo solo con subtítulos y sin nadie que esté hablando. Esa parte fue muy complicada”. Para ella, la educación virtual en pandemia fue una verdadera odisea; era, definitivamente, “andar a ciegas”.

CERO APRENDIZAJE: LA EDUCACIÓN EN PANDEMIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

Al igual que con las personas con discapacidad visual, la llegada de la pandemia supuso varias dificultades para las personas con discapacidad auditiva. Gabriela Martínez Villalba, una joven estudiante de unos 28 años que está cursando el último año de Ingeniería en Informática en la Unisal, una universidad privada de San Lorenzo, asegura que los dos años de la crisis sanitaria a consecuencia del Covid-19 fueron de “cero aprendizaje”, sobre todo para quienes tienen la misma condición desde el nacimiento. 

Además de las complicaciones que siempre existieron por la falta de accesibilidad en todos los niveles de educación, Gabriela cuenta, por medio de su intérprete Marcelo Mereles, de 21 años, que con la crisis sanitaria fue mucho más difícil recibir educación de calidad. 

Según señala, existieron tres dificultades principales. Como la pandemia comenzó coincidentemente con el inicio de un nuevo año lectivo, muchos de los profesores eran nuevos y no sabían cómo trabajar con personas con discapacidad auditiva, lo que implicó todo un proceso de readaptación entre docentes y alumnos. El otro inconveniente fue la mala conexión de internet, sobre todo porque las personas con discapacidad auditiva necesitan de una buena señal para ver al intérprete y entender los contenidos, con un buen audio no basta. 

El tercer problema para las personas sordas durante la pandemia fue el envío constante de documentos demasiado largos. Gabriela explica que la mayoría de las personas con discapacidad auditiva no pueden leer textos muy extensos, por lo que necesitan sí o sí que una persona les traduzca todo el contenido.

Gabriela relata que, de los cerca de 200 alumnos con discapacidad auditiva que había antes de la pandemia en la Unisal, ahora solo quedan entre 60 y 70. Muchos de sus compañeros y amigos abandonaron las diferentes carreras porque ya no tenían cómo solventar los gastos o no entendían las clases virtuales.

En la época “sin Covid”, las clases se desarrollaban de manera presencial, pero los estudiantes con discapacidad auditiva debían organizarse y contratar un intérprete, ya que la institución no contaba con uno propio. Este servicio mensualmente implicaba un gasto aproximado de 1.700.000 guaraníes (unos 250 dólares, casi dos tercios del sueldo promedio mensual), un monto que antes de la pandemia no golpeaba el bolsillo porque los grupos eran numerosos y podían dividirse el total entre todos los compañeros con discapacidad auditiva. Con la crisis sanitaria y con la deserción de muchos de los estudiantes, fue cada vez más difícil contar con una persona que pueda acompañar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A dos años de esta pandemia, la joven estudiante asegura que hay mucho que mejorar en lo que se refiere a inclusión y educación para las personas con discapacidad auditiva, especialmente en el nivel superior universitario. Considera que las clases universitarias en lo posible se deben dar por separado, sin mezclar a las personas que sí escuchan con las que no. Indica que esto es importante para evitar que los docentes prioricen solo a los estudiantes sin alguna discapacidad, algo que se ve comúnmente en las universidades. Las personas que sí tienen la capacidad de escuchar reciben explicaciones extensas y con varios ejemplos, mientras que las personas sordas deben conformarse con mini resúmenes del tema desarrollado en el día. 

Además, Gabriela también insiste en que las universidades deberían contar con un intérprete para que los estudiantes con discapacidad auditiva no tengan que contratar a uno por cuenta propia. 

EDUCAR SIN HERRAMIENTAS 

Paula Giménez, una docente de lengua castellana y lengua guaraní de la Escuela Básica N° 2924 Néstor Romero Valdovinos de la ciudad de Luque, al igual que muchos otros profesores de Paraguay, tuvo que arreglárselas para lograr que sus alumnos con algún tipo de discapacidad puedan aprender durante los casi dos años de educación a distancia. La enseñanza virtual fue casi imposible, no todas las familias tenían los recursos necesarios para proveer computadoras o teléfonos inteligentes a sus hijos con discapacidad, lo que implicó un compromiso extra por parte de todos los maestros. 

“Cuando la cuarentena era más rígida, los celulares quedaban en los hogares y existía ese acompañamiento cercano por parte de los padres y las madres; pero cuando, poco a poco, los padres empezaron a regresar a sus trabajos con sus dispositivos móviles, los alumnos dejaron de conectarse a las clases virtuales. Eso hizo que el trabajo, que anteriormente se centraba en las horas de la mañana y la tarde, se traslade hasta altas horas de la noche. Muchos de los docentes hemos trabajado hasta tarde para que los niños y adolescentes no se desprendan o desvinculen pedagógicamente”, relata.  

A pesar de  los constantes desafíos,  ella debía ver la manera de planificar sus clases a modo de que todos puedan entender, tanto los niños que escuchaban perfectamente como sus alumnos con discapacidad auditiva. Por ello, decidió habilitar un pequeño espacio en su casa y armó grupos de cinco estudiantes, cuidando en lo posible el distanciamiento, para lograr fijar por lo menos las últimas clases desarrolladas. Todo el costo de las herramientas, las lecciones adaptadas y los materiales utilizados, siempre estuvo a cuenta de los docentes y sin asistencia real por parte del Ministerio de Educación. 

Para Beatriz Sarubbi, la presidenta de la Asociación de Braille Paraguay, la educación en pandemia fue muy difícil, sobre todo por la condición de los chicos que, además de contar con ceguera, tienen también otras discapacidades. Por la falta de herramientas, los dos años fueron un retroceso total. La virtualidad no sirvió ni ayudó al proceso de impartir el tipo de educación que necesitaban estos alumnos. 

“Muchos de los estudiantes tienen problemas cognitivos, de audición y de visión a la par, la mayoría ni sabe lo que es una computadora o una tablet… ¿Cómo les vas a enseñar o hacer entender?”, cuestiona como madre y como docente.  

SIN INTERNET, SIN EDUCACIÓN

Las docentes de la Primera Escuela Paraguaya para Sordos también debían ingeniárselas para que “la educación no pare” tras la llegada de la virtualidad. Las profesoras hacían las clases grabadas con lengua de señas para poder llegar a los alumnos; los videos se enviaban por los grupos de WhatsApp y por Teams. 

“Allí nos vimos con otra gran dificultad porque la mayoría de los chicos es de escasos recursos, entonces no tenían acceso a internet, y por ende a la plataforma”, comenta la licenciada Patricia Ortigoza, directora de la institución. Hubo ocasiones en que entregaban materiales impresos a los familiares y daban explicaciones de las clases cuando estos iban a retirar el Kit Escolar de manera mensual.

De esta manera, los docentes de la Escuela de Sordos buscaban la forma de llegar a sus alumnos en medio de las precariedades, la falta de internet y de toda la incertidumbre que representaba la educación durante la pandemia del Covid-19.

EN LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD HAY UN 17% DE ANALFABETISMO

Los últimos datos del INE y la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) son del 2012, en espera de la realización del nuevo censo programado para este año 2022. 

Entre los números que brindan estos estudios resalta que un 17.2% del total de personas con discapacidad que viven en Paraguay no sabe leer ni escribir. El dato es aún más preocupante teniendo en cuenta que este porcentaje es solo del 5,5% en la población nacional, es decir que la cantidad de personas con discapacidad y con analfabetismo es el triple de la media de los habitantes en su totalidad.

De la población de cinco a 17 años, cerca del 74% de los censados asiste a una institución de enseñanza de educación formal. Esto se traduce en que tres de cada cuatro personas con discapacidad asisten a la escuela o al colegio, aunque el número de desertores es mayor a la media de la población total. En promedio, la población de cinco años y más de personas con discapacidad tiene solo hasta el quinto grado aprobado, dos grados menos que el indicador total nacional.

UNA EDUCACIÓN QUE LUCHA POR SU INCLUSIÓN

Según los últimos números con que cuenta la Dirección General de Inclusión del Ministerio de Educación y Ciencias del Paraguay (MEC), que datan del año 2020, son 19.953 los estudiantes que declararon tener algún tipo de discapacidad que están inscritos dentro del sistema educativo paraguayo, teniendo en cuenta los niveles inicial, escolar básica y media.

A pesar de que existen cerca de 20.000 niños y adolescentes con discapacidad en el sistema educativo, la inclusión en Paraguay se basa solo en la “formalidad y la cuestión legal”, según comentó la docente Paula Giménez. “No se internaliza ni se lleva una política de Estado para garantizar el acceso a la educación de estos alumnos con discapacidades”, insiste la maestra y agrega que la formación la deben costear con recursos propios.

En lo que respecta a la educación universitaria, desde el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) dicen no disponer de estadísticas sobre la población de personas con discapacidad dentro de las distintas universidades públicas y privadas. El presidente del Cones, Narciso Velázquez, refirió que solo cuentan con la Resolución N° 515/2020, en la que se exige a las instituciones tener las instalaciones adecuadas para permitir el acceso de personas con discapacidad, basándose en la Ley N° 5136 de Educación Inclusiva. Aún así, el director del ente afirmó que la mayoría de las universidades cuentan con alumnos con algún tipo de discapacidad.

En Paraguay, la educación inclusiva sigue luchando para lograr la importancia que merece, más aún tras el retroceso educativo que significó la llegada de la virtualidad con la pandemia del Covid-19. A pesar de las expresiones del presidente de la República que habla de la “transformación de la educación”, las cifras reflejan que la educación inclusiva, es aún una tarea pendiente.

The post Educación inclusiva, materia pendiente en Paraguay appeared first on Paraguay 2022.

A los 52 años, Lidia Rosa Peralta sufre de cáncer de páncreas en estado terminal. Recostada en una cama de hospital del área de cuidados paliativos del INCAN, el pelo negro y la piel morena, mira a lo lejos y parece perderse en algún recuerdo. Sus hermanas, que viajaron desde la Argentina para estar con ella, dicen que recuerda a sus nietos. Sólo puede imaginarlos: están a 300 kilómetros de distancia y probablemente no vuelva a verlos más.

Allá, en Vaquería, en Caaguazú, sus hermanos trabajan la tierra y engordan animales. Vendiendo verduras, queso y leche ayudan a pagar el tratamiento de Lidia. También ella trabajaba la tierra: de ella vivía y gracias a ella mantenía a su hija más pequeña, de 12 años, y a sus nietos. Sus otras tres hijas ya habían dejado la casa para formar sus propias familias.

Los dolores comenzaron hace unos ocho meses. Sus hermanos la llevaron a Ciudad del Este, donde la internaron y le realizaron varios estudios pero no detectaron nada. Eventualmente, recurrió al Hospital Nacional de Itauguá. Pero allí los estudios tardaban al menos un mes, si no más. Tuvieron que reunir el dinero y pagar estudios privados.

Cuando le dijeron que tenía cáncer y que sólo podía tratarse en el INCAN, cerca de Asunción, no quiso venir, porque ¿quién iba a ocuparse de los niños? Pero sólo podía preocuparse: no tenía otra opción y se resignó. Quince días esperó en una camilla, sedada con calmantes, antes de ser trasladada al Hospital del Cáncer, porque sencillamente no había lugar.

Y así terminó aquí, en esta cama, esperando la muerte. Para no dejarla sola, sus parientes hicieron y hacen lo imposible. “A mi sobrino le prestó su suegro un auto, y con eso juntaron para la nafta,” contó Pabla, una de sus hermanas. “Vendieron sus animales para poder venir”. 

En Itauguá les permitían entrar a verla tres veces por día. Entonces la que se quedó fue su cuñada: se pasaba las horas rondando el gran patio del hospital en busca de medicamentos, comida, o lo que Lidia pudiera necesitar, esperando en el pasillo a que la llamasen los médicos o que se hiciera la hora de visita. En el INCAN la familia tiene autorización para estar con Lidia todo el tiempo que quiera, pero no todos pueden, porque hay que trabajar. Hace falta “mucha plata, y también personas que se reemplacen unas a otras”, explica su hermana Elvira, y “ya no hay más, ya es mucho tiempo”.

Desde que llegó no han transcurrido ni dos semanas y ya saben que no es más cuestión de acompañarla o de hacer una visita, sino de despedirse –para siempre. Pero no hay manera de pagar el viaje de toda la familia. ¿Podrían llevarla a Ciudad del Este para que pase los últimos días, las últimas horas, con sus nietos, sus hijas, sus hermanos? No, les dijo un médico, porque en el interior sería difícil realizar la punción abdominal que Lidia necesita regularmente para sobrellevar el proceso que la está matando.

 “Nos explicó por qué”, cuenta Elvira: “que depende de nosotros, si es que vamos a aguantar su grito de dolor. Como diciendo, “total, son sus últimos tiempos, y que es una vez y para siempre’. Y eso te toca mucho”.

El cáncer mata, pero las demoras también

El cáncer es la segunda causa más frecuente de muerte en el Paraguay, pero la primera entre los menores de 70 años: de acuerdo con datos brindados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, fue responsable del 19,78% de los 25.739 decesos registrados en el país en 2019. Pero, al igual que Lidia, miles de pacientes se ven forzados cada año a añadir a los padecimientos y temores provocados por esta enfermedad que puede costarles la vida los obstáculos creados por las desigualdades entre la capital y el interior y la falta de recursos del sistema de salud pública que tornan una verdadera odisea no ya el mal sino su tratamiento. Errores de diagnóstico, demoras en consultas y atención, falta de medicamentos y de albergue agravan la que es por sí una de las mayores amenazas contra la vida de los paraguayos.

Para quienes sufren de cáncer y no tienen dinero suficiente para pagarse una atención privada o no han realizado aportes a la caja del Instituto de Previsión Social (IPS), que cuenta con un centro médico específico para el tratamiento de esta dolencia, el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), ubicado en Capiatá, es la única opción. Es el único hospital especializado del sistema público para tratar a personas con cáncer en el país de forma íntegra: ningún otro ofrece radioterapia, pero aún si se trata de quimioterapia –el más común tratamiento–, los demás hospitales públicos de los 17 departamentos del país cuentan con capacidades muy limitadas, si acaso alguna.

Padecer el cáncer lejos de la capital se vuelve así un doble problema: a la enfermedad se suma la falta de opciones para recibir no ya tratamiento, sino un diagnóstico correcto.

***

Matilde vivía en Potrero Guayaki, departamento de Caaguazú, como ama de casa con su marido y su hija cuando empezó a sufrir fuertes dolores de rodilla. Primero se dirigió a Coronel Oviedo, cuenta, donde le dijeron que sufría de artrosis y le dieron unos analgésicos, que a la larga sólo le produjeron más malestares. Luego acudió al hospital de Caaguazú, donde le dijeron que seguramente había sufrido un golpe. 

Ya prácticamente sin poder caminar, recurrió al hospital de Natalicio Talavera, donde le dijeron que tenía líquido en la rodilla y la derivaron a un traumatólogo de Villarrica. Allí le realizaron un procedimiento para extraer el líquido, el cual hizo que el dolor se calmara un poco, y posteriormente le ordenaron hacerse una tomografía. Recorrieron todavía más sitios hasta lograr que se la hicieran en Campo 9. Cuando vieron los resultados, los médicos la derivaron al INCAN, donde por fin le dijeron de qué sufría realmente: un cáncer de pulmón que se le había extendido hasta los huesos. 

El director del Incan, doctor Julio Rolón Vicioso, confirmó que uno de los principales problemas de la atención oncológica para las personas del interior es el tiempo que transcurre entre la sospecha del paciente, o los síntomas, y la obtención de un diagnóstico competente. No funciona la red integrada del sistema de salud pública, explicó, que “debería  permitir que una persona del interior pueda recibir ya, por lo menos, una primera atención oncológica en las unidades de menor complejidad, como por ejemplo las Unidades de Salud Familiares (USF)”. ¿Por qué? “Falta una voluntad de las autoridades para que se pueda dotar a las unidades de menor complejidad del interior la capacidad de al menos brindar una mínima atención oncológica”, afirmó.

El doctor Miguel Agüero, presidente de la Sociedad Paraguaya de Oncología Médica y parte del plantel profesional del Incan, coincidió en que urge que se habiliten más centros especializados en oncología en el interior del país para que los pacientes que son de estas zonas puedan recibir un tratamiento íntegro sin la necesidad de trasladarse hasta la Capital del país.

“Mientras una persona con sospecha de cáncer está aguardando por obtener una consulta o para confirmar su diagnóstico, la enfermedad sigue avanzando”, advirtió, y se quejó de que, pese a que desde el Ministerio de Salud se insta a una consulta temprana para poder atacar al cáncer con mayor eficacia, no se facilita un sistema de prevención más veloz.

Juana Moreno, de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (APACFA) lo confirmó. “En nuestra labor diaria vemos que muchas personas llegan en un estadio muy avanzado de diagnóstico de su cáncer, específicamente en cáncer de mama y cuello uterino, que diariamente se cobra la vida de 3 a 5 mujeres en edad productiva y nos cuestionamos: ¿qué está sucediendo? ¿Por qué esas mujeres no pueden ser diagnosticadas en un estadio más temprano? Muchas de ellas con numerosos hijos, algunos muy pequeños, las edades de estas mujeres oscilan entre los 26 a 40 años. Sabemos que las USF de las localidades más alejadas en los distintos departamentos del país, no cuentan con equipos para una mamografía o realización de PAP, pero sí las regionales de los departamentos. Muchas mujeres al ser consultadas sobre por qué no se realizan los chequeos anuales dicen desconocer en muchos casos que estos estudios existen; otras hablan de factores económicos para sus traslados a los centros más equipados. Se han abierto centros de consulta en Pedro Juan Caballero, Villa Hayes, una fundación en Encarnación y otra en Ciudad del Este”, indicó Moreno, pero “la mayoría de los pacientes (del interior) deben migrar al Incan”.

***

Según datos ofrecidos por su director, el Instituto atiende a unos 70 mil pacientes y ofrece tratamiento a 18 mil cada año. De ellos, el 60 por ciento proviene del interior. Pero llegar al INCAN no es fácil si el paciente no ha sido derivado desde otro hospital. En primer lugar, no es fácil conseguir turno. En teoría, existe una línea telefónica para pedirlo, pero el propio director admitió que ese único número no da abasto. 

Virgilio López, capataz de una finca en la que se dedicaba a cuidar animales, llegó al INCAN desde Sapucai. Sus dolencias comenzaron hace unos 5 meses. En un principio, en su comunidad le dijeron que se podría tratar de una infección y le dieron unos analgésicos que no tuvieron efecto alguno. Tuvo que viajar más de una vez los 70 kilómetros hasta Areguá para que le hicieran nuevos estudios: alguna vez lo hizo en vano, porque el especialista no estaba y tuvo que volverse sin ser atendido. Al fin se llegó a la conclusión de que sufría de un cáncer de lengua y de que debía ser tratado en el INCAN. Pero así como hubo que esperar un mes para la primera consulta, los estudios tardaron casi dos más.

El doctor Gustavo Guggiari, oncólogo respetado como un referente por sus pares, confirmó que estos retrasos en el diagnóstico y la atención son lo “habitual” en el sistema público paraguayo, aunque sea perjudicial para los pacientes. 

La doctora Norma Zaracho, especialista en imágenes del Hospital Nacional de Itauguá y del IPS, lo atribuyó a la falta de recursos. “La demora depende de” si se trata de “un hospital privado, público o IPS. Generalmente, en estos dos últimos se tarda más en conseguir una consulta debido a que son muchos los pacientes y pocos los profesionales que están al servicio”.

El precio a pagar por la demora es alto. “Conozco muchos casos donde la consulta fue tardía, algunos por causas del paciente y otro por falta de turnos para la consulta”, relató Zaracho. “Trabajo en la parte de mamografía. Cuesta mucho conseguir un turno para hacerse una mamografía: entre la consulta, el diagnóstico, los estudios y la cirugía suelen pasar varios meses, y a veces la persona se agrava y puede morir. Hace poco tuve un caso de una paciente ya con diagnóstico de cáncer de mama, que no conseguía consulta para hacerse los estudios, la quimioterapia. Pasaron varios meses y su caso fue empeorando”.

“La verdad es que la diferencia en atención entre un hospital público y privado es abismal”, expresó la doctora Zaracho. “Lastimosamente, en nuestro país la atención en un hospital público deja mucho por desear, generalmente son muchos pacientes y es cantidad en lugar de calidad. Se demora mucho en hacer los estudios, la atención muchas veces es mala”.  

A dormir en el pasillo

Antes de recibir esa atención, con retrasos o sin ellos, los pacientes del interior tienen que encontrar la forma de viajar a Asunción. Si falla el turno, más de una vez. Y si les ordenan un tratamiento, varias veces. 

Los viajes cuestan tiempo y dinero. Matilde está recibiendo quimioterapia, vía oral, para su cáncer de pulmón, por lo que cada mes debe trasladarse hasta el INCAN para una revisión y para retirar sus medicamentos. Como aún tiene problemas en la rodilla y se maneja en silla de ruedas, no puede subir a un colectivo de larga distancia. Cada vez, la familia debe pagar 500.000 guaraníes por el viaje de venida y 500.000 guaraníes por el viaje de vuelta.

Su marido y su única hija cultivan la tierra y crían animales, con lo que pagan su tratamiento. No siempre alcanza, y a veces tienen que vender los animales o pedir préstamos. Por ello mismo, no siempre pueden acompañarla: tienen que quedarse trabajando.

El director Rolón recordó que, como viceministro de Salud (2018-2021), impulsó un proyecto de ley para financiar los viajes de los pacientes del interior a la capital, pero que no obtuvo apoyos para aprobarlo y el tema pasó al olvido.

Y el viaje no es el único gasto. En la mayoría de los casos, los familiares y los pacientes que acuden desde el interior deben permanecer en el INCAN por lo que que dure el tratamiento. ¿Dónde se hospedan?

El INCAN ofrece un albergue público que se encuentra en su predio, donde los pacientes pueden alojarse con un familiar y recibir alimentos gratuitos. Pero el albergue sólo dispone de 38 cuartos. El recepcionista Florencio Mancuello explicó que están reservados exclusivamente para pacientes del interior que reciben radio o quimioterapia, tratamientos que requieren unos 30 días de estadía como mínimo. “Solamente hay dos camas por pieza. Una es para el paciente y otra para el familiar”, dijo.

Virgilio López consiguió un cuarto tras mucha insistencia de sus familiares. Su hija Angelica López, quien vino desde Argentina para acompañarlo, contó que por cada paciente que deja el albergue hay otros 10 que esperan ocupar su lugar. 

Quienes no tienen la misma suerte que López, deben pagar 1.000.000 de guaraníes al mes por un cuarto con baño en el albergue privado que se encuentra adjunto al INCAN, según contaron familiares de pacientes que se hospedaron en el lugar. Aquellos que no pueden pagarlo se ven obligados a quedarse en camas improvisadas en los asientos o en el piso de los pasillos del hospital.

Rolón admitió que “el albergue no da abasto” y aseguró que el INCAN trata de ayudar económicamente a las familias de escasos recursos para que puedan pagarse un hospedaje privado. También dijo que planea la construcción de un nuevo albergue con 50 cuartos y un nuevo pabellón en el instituto. El proyecto está en proceso de elaboración del pliego de bases y condiciones para su licitación, que podría ocurrir, según Rolón,en los próximos meses. 

***

Al momento de la entrevista, Matilde y su hija se encontraban en el albergue del hospital desde hacía cuatro días. Era un momento optimista: tras cinco sesiones de radioterapia, había vuelto a mover las piernas. Bañarse sola o levantarse de la cama eran auténticas conquistas. Y los médicos le decían que las manchas en sus pulmones iban desapareciendo en su totalidad. 

Pero ahora debía empezar la quimioterapia y los medicamentos no llegaban. Esto no es una novedad en el INCAN, sino un problema recurrente que, entre otras razones, llevó a la creación de la APACFA, según contó Juana Moreno. “En el 2018 los pacientes que acudían al INCAN se enfrentaban a la falta constante de medicamentos y los turnos para radioterapia se retrasaban en demasía debido a que a nivel público se contaba con un solo equipo”, recordó. “Además, no existían convenios para estudios de imágenes más avanzados como era resonancia magnética (RM) y otros, lo que dificultaba que los pacientes tuvieran un diagnóstico rápido o la continuidad de tratamiento”. 

Rolón aceptó que el problema subsiste, pero dijo que, mediante un amparo judicial, los medicamentos se pueden comprar en el exterior –principalmente en Clorinda, en la Argentina. Pero esto causa demoras. 

No es el único inconveniente de este tipo. Si bien muchos medicamentos, así como el tratamiento, no tienen costo alguno para el paciente en el INCAN, siempre hay gastos extra. En una ocasión, no funcionaba el tomógrafo, por lo que la familia de Virgilio López tuvo que pagar 1.240.000 guaraníes en el sector privado para que se hiciera el estudio. Otros 750.000 guaraníes les costó conseguir los elementos para una traqueotomía. Tuvieron que vender un terreno en Caballero, departamento de Paraguarí para reunir el dinero. Su esposa y sus seis hijos tratan de ayudar como pueden, ya que trabajan para apenas subsistir. Como el dinero de todos modos no alcanza, realizan colectas en su comunidad. 

Todo estos sacrificios parecen redimirse cuando el tratamiento funciona. Angélica López contó que jamás se atrevieron a mencionarle la enfermedad a su padre, que él sólo reconoció al comenzar su tratamiento. El médico le indicó realizar un total de 37 sesiones de radioterapia y 6 de quimioterapia. Virgilio no podía decir qué sentía o qué no: el tumor en la lengua le impedía hablar y no sabía leer ni escribir. 

Fue un momento duro y parecía que había perdido el ánimo. Pero las sesiones de radioterapia lo ayudaron, comenzó a comunicarse de a poco con los demás y a recuperar las ganas de luchar. “La verdad que, para mí que he estado aquí desde un principio, de verlo en una cama, en momentos pareciendo rendirse, a verlo volver a sonreír y volver a escuchar su voz, hace que todo valga la pena”, resumió Angélica.

Pero, claro, no siempre es así. Apenas doce días después de la primera entrevista, Pabla Peralta llamó por teléfono. Entre sollozos, contó que ya estaba llegando de regreso a Ciudad del Este. Su hermana Lidia había fallecido esa mañana en su cama del INCAN. En un sentido, se había marchado a tiempo: a su familia ya no le quedaba dinero ni para comprarle las cosas básicas.

The post Hasta morir de cáncer es una odisea en Paraguay appeared first on Paraguay 2022.

En un rincón apretado contra el río Paraná, como una isla rodeada por los edificios del microcentro comercial de la ciudad, por las mansiones de políticos, empresarios y mafiosos del condominio privado Paraná Country Club, y por esa frontera natural entre Brasil y Paraguay: el imponente Paraná, el segundo río más grande de Sudamérica, se alza un conglomerado de casas que no figura en los mapas y que regularmente se tragan las aguas, como queriendo corregir esa absurda existencia que contradice, empecinada, los catastros oficiales. 

Es un sitio que parece hallarse en la pura frontera, porque el Estado –sea nacional, provincial o metropolitano– no llega hasta allí: el barrio San Rafael sólo existe en las crónicas policiales, donde se lo denota como epicentro del contrabando y otros negocios ilícitos en una ciudad que hasta hoy es considerada el mayor mercado negro al aire libre de América Latina: Ciudad del Este. 

Se habla así de sus más de 20 puertos clandestinos y de los improvisados toboganes por los que se deslizan cajas de mercadería desde las casas mismas hasta el río para eludir los controles aduaneros. Pero nadie habla de la falta de otros toboganes, o hamacas, o juegos, o plazas, o de los niños que deben elegir entre trabajar como contrabandistas, ladrones o vendedores ambulantes, y que parecen condenados a repetir la historia de sus padres ante la ausencia de toda ayuda –incluso de la Policía.

Sólo un pequeño grupo de profesores desafía a diario esa tácita sentencia. La Escuela 5420 Inmaculada Concepción, la escuela Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia y el Colegio Santa Teresa son el último eslabón que une a esa comunidad perdida con el Estado paraguayo: un precario eslabón que ha sido creado y sostenido por la comunidad misma de San Rafael y el compromiso de unos solitarios docentes cuya historia no es muy diferente de la de sus estudiantes.

No somos tavy

La División de Catastro Municipal no precisa su extensión exacta: presume unas 86 hectáreas con 35 manzanas. 

Oficialmente, la zona pertenece al barrio San Blas; San Rafael es el nombre con que lo conocen los moradores porque así se llamó la primera iglesia ubicada allí, que albergó también a la primera escuela del vecindario. 

Tampoco hay registros oficiales de la cantidad de habitantes, pero se estima que serían unos 25.000, de los cuales unos 6.000 serían niños. De ese total, según datos del Ministerio de Educación y Ciencias, a las tres instituciones educativas de la zona asisten sólo 1.289.  

Casi cada año las familias del barrio sufren las inundaciones provocadas por la subida del Río Paraná y el Arroyo Acaraymi, a menudo propiciadas por la apertura de las compuertas de la segunda mayor hidroeléctrica del mundo, Itaipú Binacional. Es costumbre que los moradores de la zona más baja se vean obligados a abandonar sus hogares y se muden a las iglesias o escuelas aledañas hasta que se retiren las aguas. 

Autoridades y empresarios locales constantemente hablan de un plan de mudanza de los vecinos de San Rafael a otros puntos de la ciudad, pero éstos se resisten, porque la ubicación, si bien siempre bajo amenaza, tiene la inapreciable ventaja de la cercanía al microcentro y al propio río, que si castiga con las crecientes ofrece en cambio la histórica oportunidad del contrabando.

Edgar Miranda, antiguo morador del barrio, perdió su casa en la inundación de 1989. Miranda es docente y hace 23 años enseña en las escuelas del barrio. Explica:

“De repente van a decir ¿por qué si es inundable la gente se halla acá? Hay dos razones. Primero, porque queda cerca del lugar de trabajo. El 90 por ciento de la población trabaja acá en el microcentro, y como la inundación no es de todos los días, vuelven a trabajar. Nosotros, por ejemplo, en época de lluvia y crecida igual venimos a trabajar, nuestro colegio es alto, esta parte no se inunda. Tenemos muchos caminos que usamos para llegar hasta acá.”

La represa que lo acecha es parte de la historia del barrio desde sus comienzos. Norma Mallorquín, directora de la escuela Santa Teresa, cuenta que sus padres vinieron a vivir aquí desde Encarnación para participar en la construcción de Itaipú, “cuando todo esto era un monte, solo monte” y su casa era “de tacuara”. Luego llegaron las inundaciones, y “te asquea la gente que viene a sacar foto en la inundación pero no te ayudan”, porque “nos tienen como si fuéramos tavy y no somos así, acá hay gente estudiada, preparada”. Ella misma tenía “buena lectura” y gracias a ello se convirtió en maestra ya a los 13 años, cuando solo le pagaban 1000 guaraníes. Luego se fue a Asunción a estudiar el profesorado e hizo su licenciatura en la Universidad Nacional del Este y como le gustaba la filosofía, se inscribió en la carrera, pero como era la única alumna la carrera no se abrió, y terminó estudiando matemáticas.

También Cecilia Zelaya Ojeda, primera directora de la Escuela Inmaculada Concepción, empezó muy temprano y desde la pobreza. 

“Yo fui huérfana de madre a los diez años, cuando estaba en el quinto grado. Terminé mi primaria en la campaña, porque mis padres fueron del campo. Ahí no iba a poder seguir mis estudios; entonces mi padre tuvo que hablar con un pariente en Asunción para que fuese a vivir con esa familia y ser la criadita de esa casa, vamos a decir. La tía con quien yo viví era docente; entonces, algunas veces yo hasta le ayudaba a corregir los exámenes de sus alumnos porque yo estaba en el colegio. Ellos me enviaban al colegio, para que yo pueda ayudarles con las tareas domésticas, como cuidar a sus hijos mientras ella se iba a la escuela”.

Zelaya se convirtió en maestra a los 18 años en una escuela rural en San Pedro. Dos años después, se casó y se mudó a Ciudad del Este, donde le dijeron que “en el barrio San Rafael los padres estaban ideando abrir una escuela”. Así fue que se creó la Escuela Inmaculada Concepción: con tres docentes, aulas de madera, una letrina, y una directora que no tenía título de tal y durante cinco años ejerció el cargo ad honorem. Allí pasó los siguientes 26 años.

¿Qué vió? 

“Muchas familias trabajadoras, sacrificadas, que se dedican a la venta de cualquier cosa, ropa usada, verduras, frutas, trabajos informales, para poder sacar adelante a sus hijos”. 

No era lo único que había, claro. Mallorquín recuerda que todas las directoras del viejo colegio de Santa Teresa renunciaban al cargo “porque la gente venía con un arma”. Según explica, los vecinos de San Rafael desconfiaban, y todavía desconfían, de los extraños. “Por eso me pidieron que viniera, para no cerrar el colegio” que entonces existía junto a la escuela de la Inmaculada Concepción, explica: “Que si me podía quedar por seis meses hasta que se tranquilice el ambiente”. Y sí, se quedó. Y todavía sigue quedandose, veinticinco años más tarde.

Como en el caso de Inmaculada, la actual sede de Santa Teresa se construyó luego “gracias a los padres y compañeros”, porque en la anterior “ya no había lugar para más criaturas”, indica su directora. “Las aulas se construyeron en distintos períodos, con diferentes políticos. Nunca teníamos cancha para jugar y los alumnos querían jugar. Recuerdo que había un nene que todo el tiempo rompía los vidrios de las salas, porque no teníamos cercado”.

Sin ley ni justicia

Hoy en día, un camino angosto y cementado parte desde el bullicioso microcentro de Ciudad del Este hacia el interior del barrio. A través de estas estrechas calles se ingresa a San Rafael: los frenos del móvil deben estar bien ajustados para transitar sus pronunciadas curvas y pendientes. Subir por la extensa escalinata es un excelente ejercicio cardiovascular –o una tortura. En el trayecto se avistan las casas precarias, pegadas una tras otra, con ventanas y puertas aseguradas con candados y cerrojos de hierro. La mayoría se mantienen así, de día y de noche.

Los moradores describen a la comunidad como muy unida, donde todos se conocen. Por ello, el barrio observa con atención los movimientos de cualquier visitante foráneo. Docentes y vecinos recomiendan no pasear por allí después de las 17 horas, menos aún si uno no es morador. Cerca de las escuelas, en pasillos y calles sin salida, es fácil ser acorralado por atracadores. 

Así, según un suboficial de la SubComisaría 1ª, es común recibir denuncias de robo a los trabajadores deliverys: los propios delincuentes ordenan algo para asaltarlos cuando llegan. Les quitan mercaderías y pertenencias, y en algunos casos hasta sus motocicletas. Por eso, los deliverys y los conductores de diversos transportes catalogan al barrio como una “zona roja”. Una vecina que prefirió no dar su nombre contó que una heladería se negó a enviarle un pedido y que cuando su pareja regresaba en un uber de la universidad a su casa, el chofer le dejó a una cuadra de la entrada al barrio porque no quería arriesgarse. 

Pero también relató que, en pleno año nuevo del 2022, asaltantes irrumpieron en su casa y le robaron sus pertenencias. Cuando quiso realizar la denuncia en la comisaría del barrio, la encontró cerrada; según dice, los policías abandonan San Rafael por la noche. La comisaría es una construcción precaria erigida frente al puente que cruza el arroyo y que está medio escondida entre techos y árboles. Solo los vecinos la conocen; ni siquiera tiene un cartel distintivo. Tampoco hace mucho: según se justificó un oficial, no tienen presupuesto y apenas cuentan con una patrullera que tiene los faros rotos y problemas de arranque. De hecho, la suelen estacionar en lo alto para que encienda al deslizarse barranca abajo. 

Tampoco son inmunes al crimen las escuelas. Diana Ozuna, directora de la Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, dice que solían sufrir robos nocturnos, pero en 2019 encontraron una solución: se decidió que la cantinera y su marido se quedaran a dormir en la escuela.

“Nosotros por ejemplo acá en frente tenemos una canchita, donde no solamente se juega sino que se prueba de todo. Entonces me dice la señora que entran (los ladrones) y su marido sale. Yo les dije que ya no salgan así nomás, porque no sabemos cómo vienen preparados, armados o no. Les compré petardos para que los asusten, o al menos alertarles de que se sabe que están ahí y que la escuela no está sola.”

Durante la pandemia, la Inmaculada Concepción fue robada en 17 ocasiones. Los ladrones se hicieron con computadoras, impresoras, reflectores y más. La última vez que ingresaron, aparentemente enojados porque no encontraron qué llevarse, rompieron los muebles y destrozaron la biblioteca que Zelaya recordaba con orgullo. El nuevo director, licenciado Blas Galeano, realizó las denuncias correspondientes, pero ni se identificó a los ladrones ni se recuperó lo robado, dice: 

“Nos fuimos a hablar con el jefe de policía de Alto Paraná con una señora de la ACE (Asociación Cooperadora Escolar) y les dije qué impresionante es que suceda algo así y ellos no puedan intervenir, sabiendo que es una institución pública. En la comisaría nos dijeron que coloquemos una cámara.” 

Pero no pueden pagarla, ni tampoco un guardia de seguridad: no tienen los recursos, el presupuesto del Ministerio de Educación no lo contempla y la Municipalidad se desentiende. 

Según testimonios del barrio, quienes roban a las escuelas son ex alumnos y otros de la zona que intercambian su botín por drogas que les proveen padres o madres de otros estudiantes de la misma institución asaltada. La Inmaculada Concepción asegura sus puertas y ventanas con cerrojos y candados, pero nada los detiene: la última vez, segun contó el director, rompieron los vidrios del aula y se llevaron la cortina. 

El ex Ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, cuestionó alguna vez que la escuela tuviera los vidrios rotos, obviando que el propio Ministerio no le asigna recursos suficientes y es casi siempre el Director, con su ínfimo sueldo, quien debe cubrir los gastos o pedir ayuda a padres sumidos en la pobreza.

“Yo puedo tener un proyecto y me va a venir la plata, pero en 3, 4 años ya no. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el almuerzo escolar, qué hago si ya no tengo? No le puedo tener acá a mi hijo sin comer, y ya no va a venir más a estudiar mi alumno.”

Noches de contrabando

Una de las políticas públicas para fomentar la permanencia de menores en el sistema educativo es el programa de educación extendida: la provisión de almuerzo y merienda escolar. La implementación es relativamente reciente, pero ya se estrella contra la realidad. La escuela Inmaculada Concepción adoptó el programa en 2022; los estudiantes deben ingresar a las 7 a.m y retirarse a las 15 p.m. Pero el director Galeano dice que aún no hubo capacitación alguna para implementarlo. En cualquier caso, la Gobernación no provee la merienda escolar hace 3 meses y el Municipio aunque actualmente brinda almuerzo escolar no brinda certeza de que lo seguirá haciendo.

Ante la ausencia de toda ayuda, los niños se arreglan por su cuenta. En Brasil, el medio O Globo publicó que adolescentes brasileños entre 12 y 17 años abandonan la escuela para dedicarse al contrabando en las ciudades fronterizas con Paraguay. De este lado del río Paraná, en Ciudad del Este, aunque sin investigaciones oficiales, existen historias similares de estudiantes que de madrugada pasan o pasaban mercadería de contrabando y llegan o llegaban bostezando a sus clases.

Norma Mallorquín lo cuenta así:

“Antes teníamos un puerto clandestino. Gracias a Dios terminó, porque daba trabajo pero también pecado. Pasaban mercadería de contrabando y ganaban Gs. 300 mil semanales (Aproximadamente USD 50). Se empezaba a trabajar a las cinco o seis de la tarde y seguían hasta altas horas de la mañana y venían con sueño. Actualmente cambió, ahora se trabaja de otra forma y ya no tienen sueño. Ahora estamos con un 30% de gente dentro de las correccionales. Tenés un 30% de familias que reciben dinero del extranjero, España, Brasil y Chile. Entonces vos tenés que trabajar con esa criatura que no tiene mamá, que no tiene papá. Son personas buenas, pero la vida no les trató bien.”

Por su parte, la directora Diana Ozuna dice:

“Yo no estoy enterada de que mis alumnos hagan eso (contrabando/microtráfico), les reviso las manos, les hablo. Si les veo las uñas coloridas, les hablo. No es que no hacen, no aseguro, pero no estoy enterada. Hablo de este año; en los años anteriores hubo alumnos cuyos padres hacían eso. Vinieron dos hermanos y, como me tuvieron confianza, me dijeron que sus padres hacían eso: vendían cosas en la bolsita, no sé qué”.

En Inmaculada Concepción inscriben a los niños aunque no presenten documentos. Saben que los padres  no van a las oficinas del gobierno a registrar el nacimiento de sus hijos por temor a ser aprehendidos o porque sencillamente ya están tras las rejas.

Antes de aprender a leer, se aprende a vender

El director Galeano confirma que muchos padres y madres de sus estudiantes están en la cárcel o son conocidos delincuentes, pero remarca que la mayoría de los niños trabaja en el microcentro de Ciudad del Este como vendedores ambulantes, en una mesita, como guías o,  quienes tienen más suerte y estabilidad, como vendedores de alguna gran tienda.  

El trabajo infantil en Paraguay es una realidad inesquivable. Autoridades como el ex ministro de educación, Eduardo Petta San Martín incluso romantizan la situación, normalizando que un niño sea lustrabotas. El Consejo de la Niñez y Adolescencia (CODENI) ha registrado al menos 265 casos de trabajo infantil en Ciudad del Este en 2021. La estadística está muy por debajo de la realidad: es apenas la suma de casos monitoreados por este organismo que no tiene presupuesto asignado por ley y es de ejercicio voluntario. 

La directora Ozuna cuenta que a la mañana hay una muy baja cantidad de alumnado, no por las largas noches del contrabando, sino porque es cuando hay más venta en el centro de la ciudad. Los niños comienzan a trabajar a los siete años, dice, y en muchos casos son el principal sostén económico de sus familias.

“El papá o la mamá te dicen: Ndohoseveimango, ¿mba’e la ajapota? (Traducido del guaraní: Ya no quiere ir (a la escuela). ¿Qué puedo hacer?) ¿Por qué lo dicen? Porque ellos saben que cuando su hijo o hija se van al centro, les conviene que vayan. Algunos se van a la mesita  a acompañar a su mamá, otros son vendedores ambulantes. Viene y te dice la mamá: Ndouiti centrogui, directora. Ahata aheka chupe. (En guaraní: Aún no regresa del centro directora. Iré a buscarle.)”

Gracias a esos trabajos, hasta la irrupción de la pandemia, los estudiantes se arreglaban para tener buenos celulares y comprarse ropa, u otras cosas para la escuela. Ozuna ofrece un ejemplo:

“Un niño quería participar en la bandaliza. Le dije que ya no tenía la caja. Él me preguntó cuánto es lo que cuesta: Gs. 250.000. Entonces se fue a arrancar todos los limones de su casa y se fue a venderlos, y limonadas, y café, y con eso compró su caja”.

Con la llegada de la pandemia, sin embargo, se acabó la venta en las calles y aumentó la miseria. La escuela tuvo que dejar de ofrecer materiales digitales, porque los estudiantes ya no podían verlos: ante la falta de ingresos, se habían visto obligados a vender o empeñar sus celulares. 

Cómo convencer a un niño de que puede ser bueno

“Cada uno tiene un problema interno en su casa que muchas veces no puede contar, porque no quiere o no puede; en ese sentido también pediría más apoyo en la psicología, porque yo también fui una de esas personas que sufrió eso, pero yo no tengo un problema familiar, es más interno. Porque cuando vos podes con tus problemas emocionales ahí podes con todo, vos podes luchar y luchar y no te importa más nada y cuando vos tenes problema psicológico ahí tenés más trabas. Antes de la pandemia solía venir una psicóloga acá, después del tema de COVID terminó todo. Opaite todo y ahí lo que se necesitaba más”

– N.N Estudiante del Colegio Santa Teresa.

De vez en vez los estudiantes le dicen sin tapujos a sus profesores que ellos aspiran a ser como ciertos grandes delincuentes de la zona. ¿Cómo convencerlos de que pueden tener un destino distinto? 

En 2018, Galeano asumió como director de la Inmaculada Concepción. Se encontró con alumnos que llevaban armas, que se robaban entre ellos, que en ocasiones lo desafiaban al formar filas.

“Difícil es estar como director, administrador…Hay necesidad y por algún lado hay que atenderla. Un ejemplo: esta mañana acá robaron Gs 50 mil (Aproximadamente USD 9). Les dije que tenía que aparecer para las 11 a.m y después apareció en el baño. La necesidad hace muchas cosas”. 

Si Galeano apuesta al orden, Norma Mallorquín cree en ofrecer deportes y otras actividades. “Vos tenés que hacerle creer al niño que es bueno”, dice Mallorquín, que adoptó a una de sus estudiantes cuando supo que la madre la iba a prostituir. Cecilia Zelaya recuerda: 

“Siempre les toleré su hora de llegada a la escuela. Llegaban con sueño porque habían trabajado a la noche o se habían levantado temprano para ir a ayudar a su familia. Inclusive cuando los niños desertaban, o no venían más, yo me iba hasta la casa, y tuve así algunos que volvieron a la escuela”. 

También se usaba a sí misma como ejemplo: se había criado muy pobre, se convirtió en maestra, e incluso siendo directora dedicaba los sábados a estudiar para recibirse de profesora de guaraní y luego por las noches en la Universidad Nacional del Este para ser licenciada en Letras, mientras a la vez criaba a sus hijos. Y vivió en el sector 1 de San Rafael hasta jubilarse.

Del mismo modo, otros maestros buscan ofrecer otras perspectivas de vida. Un profesor de literatura dedica su tiempo libre a ser técnico de fútbol y handball. Uno de ciencias enseña clases de guitarra de forma gratuita. Una ex alumna que aprendió inglés a través de una beca enseña inglés a los estudiantes de su ex colegio. Una directora prepara ollas populares, mientras otro director busca cursos profesionales de mando medio para la comunidad los fines de semana.

Los docentes se acercan a sus estudiantes y les hablan, les brindan cariño y atención. Piden constantemente a las autoridades que envíen asistentes sociales, profesionales de la salud mental para atender a los estudiantes que son víctimas de violencia intrafamiliar y las desdichas de la pobreza y marginalidad extrema. 

Gracias a ellos, muchos estudiantes de San Rafael se graduaron, fueron a la universidad y hoy son profesionales. La mayoría trabaja por el barrio de alguna u otra forma, por ejemplo donando materiales de higiene, de oficina, o incluso pagando el WiFi de sus ex escuelas. Otros no pudieron acceder a la universidad pero lograron conseguir empleos formales. Otros son drogadictos, otros son delincuentes. Los directores incluso intentan contactar con ex alumnos que desertaron de la escuela. 

Pero eso no los detiene. En un rincón del Paraguay que no figura en los mapas, un rincón asolado por las inundaciones, la pobreza, el crimen, las mentiras, la desidia y el olvido, siguen sosteniendo la ilusión del futuro, que el pasado es Historia pero no tiene por qué ser una condena.

“Algunos vuelven al carril derecho”, dicen. Otros no: “Ya están y ya están.”

Pero eso no los detiene. En un rincón del Paraguay que no figura en los mapas, un rincón asolado por las inundaciones, la pobreza, el crimen, las mentiras, la desidia y el olvido, siguen sosteniendo la ilusión del futuro, que el pasado es Historia pero no tiene por qué ser una condena.

The post ¿Quién les cuenta un final feliz a los niños de San Rafael? appeared first on Paraguay 2022.

Varios de estos proyectos han sido publicados en

Asunción
Paraguay

Asunción
Paraguay

Asunción
Paraguay

Santa Cruz de la Sierra
Bolivia

Asunción
Paraguay

Asunción
Paraguay

“Capacitación y virtualidad con excelentes resultados a la vista”

The post Test appeared first on Paraguay 2022.