Yucatán se resiste a dar el sí
al matrimonio igualitario
No una sino dos veces, el Congreso de Yucatán ha rechazado iniciativas de ley para garantizar el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. En ambas ocasiones la mayoría de legisladores locales acordó que el voto fuera secreto, lo que fue calificado por la Suprema Corte de Justicia como “contrario a la democracia”.
Organizaciones y activistas consideran que es un hecho muy grave, pues vulnera los derechos de las personas de la comunidad LGBTI (lesbianas, bisexuales, gays, transgénero e intersexuales), ya que al no poder casarse no tienen la posibilidad de otorgar protección legal a sus cónyuges, como seguridad social, créditos para vivienda o reconocimiento de paternidades y maternidades.
En el México de 2021, Yucatán se aferra a una legislación que discrimina a quienes no son heterosexuales y los condena a ser ciudadanía de segunda clase.
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Por Karen Uc, Alejandro Azarcoya y Josseline Tun
Blanca Guadalupe Canul tiene 27 años, es inspectora de calidad en una fábrica en Mérida, madre de un niño de nueve años y se reconoce como lesbiana. Desde hace año y medio vive en concubinato con Aylín Lucero Euan, quien perdió su empleo en 2020, en plena pandemia de covid-19.
Como Aylín se quedó sin cobertura médica, Lupita acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a solicitar la afiliación para su hijo y su pareja. Pero no hubo final feliz: sólo quisieron dar de alta al menor.
“Me mandaron a la fregada”, cuenta Guadalupe. Intentó hacer valer sus derechos como trabajadora ante la funcionaria del IMSS, pero la respuesta fue tajante: “No, mientras no estén casadas”. Increíble, porque en Yucatán el matrimonio igualitario no existe. Insistió una vez más: “Pero ella vive conmigo”. Sólo consiguió una segunda negativa: “No, tienes que estar casada”.
“Yo tenía el pendiente por todo lo que Aylín está pasando ahorita, poder ayudarla en ese sentido, y pues no pude”, recuerda Guadalupe. “Fue muy triste”.
De las 32 entidades de la República mexicana, 21 han reformado sus leyes para legalizar el matrimonio igualitario, pero 11 aún se resisten. De éstos, Yucatán es un caso especial: en dos ocasiones el Congreso local ha rechazado la iniciativa de ley para permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
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Guadalupe y Aylín quieren casarse una vez que se sientan seguras de dar ese paso. “Vivir una experiencia como las parejas de heteros (heterosexuales). Si ellos pueden, por qué nosotras no. Sí me gustaría irnos a la iglesia, al Registro Civil, a una fiesta con la familia, no por firmar un papel, sino porque nosotras también tenemos el derecho de hacerlo”.
De hecho, ya imagina su boda así: “Ella, con su vestido; yo, con mi traje, así bien elegante. Mis amigos y mi hermana, que serían… ¿cómo serían? No sé, en vez de damas como padrinos. Están ahí ellos, de traje. Sí, sí. Y las damas, no sé… ¡Estaría bien padre!”.
Una ceremonia quizás en la playa. Sobre la arena, el sonido de las olas como fondo. Con música, claro. Algo en grande “y quedarnos pobres por eso”, bromea Guadalupe.
Pero tendría que ser lejos de casa y solamente con aquellos amigos que puedan costear su traslado y hospedaje, pues las parejas homosexuales que desean contraer matrimonio en Yucatán deben ampararse primero, algo que Guadalupe no está dispuesta a hacer.
–¿Han pensado en recurrir a un amparo?
–No, yo preferiría irme a otro estado. Siento que si hago ese trámite estoy haciendo algo malo, y no, sino que debe ser normal.
Cásese quien pueda
La opción que Guadalupe rechaza y no está dispuesta a tomar es la presentación de un recurso judicial que la ampare y le permita casarse. Se requieren abogados y es muy costoso.
“Se me hace muy injusto que las parejas del mismo sexo tengan que pagar más de 40 mil pesos” por un trámite que “a cualquier ciudadano le cuesta menos de 200 pesos”, se queja Douglas Canul Rodríguez, presidente de la Red de Personas Afectadas por VIH (Repavih), asociación civil que asiste a personas diagnosticadas con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana.
Douglas sabe de lo que habla: en 2014 se casó con Pablo Alemán en Yucatán, previo juicio de amparo.
No ha sido el único problema cuya resolución se logró con la ayuda de abogados; también recurrió a ellos para que su primer hijo fuera reconocido en el Registro Civil.
“Esos obstáculos se han revertido por medio de juicios de amparo que han salido favorables”, cuenta Pablo, quien es activista de derechos humanos y profesor universitario en Mérida, la capital yucateca. “Hemos demostrado completamente tener la razón jurídica, por lo que la ley nos ampara. Así hemos podido casarnos y registrar a nuestros dos hijos con nuestros apellidos”.
Douglas presume a InquireFirst que su hijo Ramón, hoy de cinco años, fue “el primer mexicano registrado en el país (con padres del mismo sexo). Tiene ese precedente en todo México y es nacido en suelo yucateco”, dice orgullosamente.
Para ellos, como para miles de parejas homosexuales, formar una familia con todos los derechos que otorga la Constitución a cualquier ciudadano ha sido complicado.
Y aunque Pablo y su pareja cuentan con recursos económicos que les han allanado el camino, el hecho de que no todas las personas puedan vivir su vida en las mismas condiciones sólo por su orientación sexual “es una desigualdad”, reconoce el profesor. “Es una tarea del Poder Legislativo de cada estado equiparar estas situaciones”.
Pablo critica que en el Congreso yucateco se haya votado mayoritariamente en contra del matrimonio igualitario. “Al momento de votar, lo hicieron de forma contraria, incluso sabiendo que está mal negar un derecho. Se ha hecho de manera anónima para que no reciban esa recriminación de la sociedad”.
La negativa de diputadas y diputados locales afecta de múltiples formas a quienes se identifican como parte de la comunidad LGBTI. “Existen las personas y las parejas que desean contraer matrimonio, y otras que necesitan contraer matrimonio”, comenta por separado Amelia Ojeda, coordinadora jurídica de la asociación civil Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse).
“Estamos hablando de parejas que han construido un patrimonio durante muchos años, que requieren seguridad social o un crédito conjunto para adquirir una casa, pedir pensión, muchas cosas a las que se puede tener acceso” estando casados, detalla la abogada.
El Código Familiar de Yucatán, que sólo reconoce como matrimonio a la unión hombre-mujer, es inconstitucional, tal y como lo menciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remarca Ojeda.
Y hace notar lo que para ella es un absurdo. “Es como que si ahorita se dijera que los contratos de compraventa no los pueden celebrar quienes tengan 50 años; las personas de 50 años también necesitan celebrar ese contrato de compraventa. Es lo mismo”, explica.
Sin embargo, en esta parte de la península “el contrato civil relacionado con el matrimonio no lo pueden celebrar quienes no sean parejas heterosexuales”.
La abogada aclara, de paso, que no existe como tal “el matrimonio” y “el matrimonio igualitario”. “El matrimonio es el matrimonio, como figura jurídica, como contrato civil que da acceso al ejercicio de otros derechos, como seguridad, derechos de familia, herencia, patrimonio, etcétera”.
A unos 200 kilómetros, en el vecino estado de Quintana Roo, el matrimonio entre parejas del mismo sexo es tan legal como el de las heterosexuales. Sólo hay que llegar hasta ahí.
“Mucha gente se va a casar a Cancún, a la Riviera Maya, porque lo hacen en la playa, por la fiesta, por distintas razones –continúa la defensora de derechos humanos–. En donde te cases es válido. Tu acta de matrimonio es válida en todo el país, al igual que quienes se casan por amparo” en Yucatán.
Voto en lo oscurito
En Yucatán no sólo no se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de toda la población mexicana, sino que se han dado pasos atrás. Hasta hace poco más de una década el Código de Familia para el Estado de Yucatán definía al matrimonio como “la unión de dos personas”, pero en 2009 se produjo el retroceso cuando se incorporó el concepto como “la unión de un hombre y una mujer”.
“Eso que ya teníamos subsanado de manera natural, hoy le cierra las puertas a las parejas que se quieran casar que no sean un hombre y una mujer”, explica la diputada independiente María de los Milagros Romero Bastarrachea a InquireFirst.
Romero Bastarrachea, quien preside la Comisión de Igualdad del Congreso de Yucatán, reconoce que a partir de ese cambio la lucha por la aprobación del matrimonio igualitario se estancó en el Poder Legislativo de este estado de la República.
Hace un par de años se presentó en dos sesiones legislativas distintas una iniciativa para reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. En esas dos ocasiones, 10 de abril y 15 de julio de 2019, la propuesta fue rechazada por mayoría.
La mayoría de diputadas y diputados acordó también en ambos casos ocultar el sentido de su voto. Solamente subieron a tribuna quienes votaron en favor de la iniciativa de ley o quienes estaban en contra de que la votación fuera secreta.
Los votos decisivos, los que negaron la posibilidad de que se aprobara la ley, no se transparentaron.
En la sesión del 10 de abril, Silvia López Escoffié, entonces legisladora por Movimiento Ciudadano, pidió someter a discusión la votación secreta. Esa modalidad, argumentó, sólo se usa “para elegir a funcionarios o integrantes de órganos del gobierno”. Es necesario que “cada diputado se haga responsable de su voto”, insistió.
Se dirigió a los ciudadanos presentes en el Congreso y les dijo: si se hace en secreto, “ninguno de ustedes va a saber cómo votó cada uno de los diputados”.
La intervención de López Escoffié encendió el debate. Al final, Alejandro Cuevas, del PRD, quien estuvo abiertamente en favor del matrimonio igualitario, se manifestó por realizar la votación secreta para evitar represalias contra ellos.
Es necesario que “cada diputado se haga responsable de su voto”, insistió López Escoffié. Se dirigió a los ciudadanos presentes en el Congreso y les dijo: si se hace en secreto, “ninguno de ustedes va a saber cómo votó cada uno de los diputados”.
En la sesión del 15 de julio, la participación no fue muy diferente. La única que habló en contra de la votación secreta fue la diputada Romero Bastarrachea: “el reglamento de la Ley de Gobierno es el que nos rige y no encuentro en ninguna parte (de este reglamento) razón legal para que pueda someter esto a votación por cédula”, le reclamó al entonces presidente del Congreso, el priista Enrique Castillo Ruz.
Las cosas no cambiaron. Castillo Ruz decretó la votación oculta con la justificación de que era para proteger la integridad de diputados y diputadas, ya que habían recibido amenazas e incluso, argumentó, una legisladora había sido herida.
El ambiente en las galeras del Congreso era representativo de lo que ocurría. Por una parte, había carteles en contra de la iniciativa: “Familia al frente”, “Soy Pro familia”, “Familia = Hombre más Mujer”, “Matrimonio es entre hombre y mujer”, “Niños y niñas tienen derecho a un papá varón y una mamá mujer” y “Respeten la Constitución”, entre otros.
Quienes buscaban el reconocimiento de los derechos de toda la población, portaban banderas con el arcoíris y leyendas como “Las mismas leyes, los mismos derechos”, “Derechos para todos”, “Si Dios es amor, ¿por qué nos odias?”.
No hubo manera: por 15 votos en contra y nueve a favor, se rechazó por segunda vez reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en Yucatán.
Castillo Ruz quiso echar cerrojo al tema: “Se declara un asunto totalmente concluido”, expresó al final de aquella sesión.
No es así. Mientras existan en Yucatán personas homosexuales que deseen casarse, “el asunto” seguirá abierto.
De hecho, hace unos días el tema revivió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aunque estaba previsto que el pasado 7 de julio se discutiera el amparo 27/2021 contra la votación secreta e inconstitucional del Congreso de Yucatán sobre el matrimonio igualitario, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ordenó, a último momento, aplazar la discusión.
Cuando se aborde la petición de amparo, promovida por las organizaciones Artículo 19, Indignación, Unasse y Protección de Todas las Familias en Yucatán (PTFYuc), se resolverá si la votación secreta del Congreso local sobre la inicitiva en favor del matrimonio igualitario es violatoria de derechos humanos.
Intervendrá la Corte
Hace unos días el tema revivió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aunque estaba previsto que el pasado 7 de julio se discutiera el amparo 27/2021 contra la votación secreta e inconstitucional del Congreso de Yucatán sobre el matrimonio igualitario, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ordenó, a último momento, aplazar la discusión.
Cuando se aborde la petición de amparo, promovida por las organizaciones Artículo 19, Indignación, Unasse y Protección de Todas las Familias en Yucatán (PTFYuc), se resolverá si la votación secreta del Congreso local sobre la inicitiva en favor del matrimonio igualitario es violatoria de derechos humanos.
La homosexualidad no es
una decisión, la homofobia sí
Sara Palmer, integrante de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, afirma en entrevista con InquireFirst no tener ningún problema con el matrimonio ni con el hecho de que las personas se casen. Pero cree que el matrimonio igualitario no debe ser aprobado “porque se ha comprobado que los niños en familias de papá y mamá tienen un bienestar mayor. Entonces hay que garantizar el bienestar mayor del niño”.
En su opinión, “el matrimonio es para formar una familia (…). Hay que ver los pros y contras antes de hacer las cosas”.
No aporta, sin embargo, evidencia alguna de que esté comprobado que los niños en familias hombre-mujer tengan un mayor bienestar.
En Yucatán existen otros puntos de vista.
Por ejemplo, Grisel Bote, psicóloga humanista, cita diversos estudios que muestran cómo “el tener dos madres o dos padres no impacta en el desarrollo cognitivo o la salud mental de los niños”. Tiene más relevancia en la crianza de las hijas o hijos, destaca, “el cómo se les cría, la seguridad que se les brinda”.
Si en parejas heterosexuales existen problemas y no siempre se les otorga a los hijas o hijos amor o una atención con la calidad adecuada, reflexiona la psicóloga, “lo mismo pasa con una pareja homosexual”.
Lo más importante, reitera a InquireFirst, es proveer “seguridad en el entorno familiar, más que tener dos mamás o dos papás”.
Mariana Pasos, alumna de la licenciatura en Educación, dirigente estudiantil y quien se reconoce como bisexual, hace hincapié en el papel de las y los profesores como piezas fundamentales en la defensa de los derechos humanos y la no discriminación.
“Visibilizar es la palabra que siempre deberíamos llevar como un estandarte”, indica respecto a las situaciones que se presentan en las escuelas: paternidades y maternidades homosexuales, docentes de la comunidad LGBTI o estudiantes en camino de descubrir quiénes son.
“Al final del día –destaca Mariana–, la homosexualidad no es una decisión, pero la homofobia sí”.
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Es el Estado
Esa es la postura de Carlos Méndez, director del albergue Oasis de San Juan de Dios, un centro de apoyo y atención para personas con VIH, quien responsabiliza al Congreso de Yucatán de estar “violando los derechos humanos y los derechos a beneficios del Estado de la gente. No sólo se viola el derecho a casarse, se está hablando de mucho más”.
Y aunque para numerosas parejas del mismo sexo los recursos legales no son una opción aceptable, organizaciones sociales como Unasse sí lo ven como una alternativa, sobre todo si se busca “incidencia social”.
Por ello, ha interpuesto más de 200 amparos individuales para que personas homosexuales accedan al derecho a casarse en Yucatán. “Es necesario –destaca Amelia Ojeda– que cada vez haya más voces que pidan que se hagan los cambios en la ley y que apoyen el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas LGBTI”.
El matrimonio como tal, insiste la abogada, no es un derecho humano: “el derecho humano es a la igualdad y a la no discriminación en el acceso al matrimonio”.
(Con la contribución de Alejandra Barceló)
