“Les dije que no, que ya no podemos hacerlo”

Amplían la concesión de la mina El Boleo 
a pesar de la instrucción de López Obrador

Ni las declaraciones en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni los reportes científicos sobre la contaminación o las protestas de ambientalistas, impidieron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizara a la minera El Boleo extender su concesión a más de 4 millones y medio de metros cuadrados para realizar extracción de cobre, cobalto, zinc y manganeso.

El 27 de junio de este 2021, casi tres meses después de que el presidente insistió en que no se ampliaría la concesión de esa minera en particular, la Semarnat anunció que se le había concedido permiso a Kores, empresa cuya propiedad mayoritaria pertenece al gobierno de Corea del Sur, para ampliar la zona de explotación de la Mina El Boleo durante 16 años más.

Por Adriana Márquez, Karina Lizárraga, Mahatma Fong y Diego Soto

Con su hablar pausado, dominando el escenario de sus conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovecha una pregunta sobre un conflicto en una mina de Jalisco para remachar una de sus líneas favoritas: su gobierno no entregará, como lo hicieron sus antecesores en el cargo, ninguna concesión minera. 

Este 15 de abril de 2021 insiste, como lo ha hecho en más de 15 ocasiones desde que llegó a Palacio Nacional, que sus “instrucciones” han sido muy claras: no entregar “ninguna concesión minera, ni ampliación”.

Como prueba de su “instrucción”, menciona un ejemplo: “Nos estaban pidiendo un permiso hace poco para la mina El Boleo, en Baja California Sur, que ya la van a cerrar y que querían un permiso para 300, 400 hectáreas, y les dije que no, que ya no podemos seguir entregando estas concesiones”.

No se concederá la ampliación, recalca de nuevo. A menos, advierte, que “no nos hayan hecho caso”. 

La de ese 15 de abril no era la primera vez que López Obrador mencionara a esa mina, enclavada en el municipio de Mulegé. Dos semanas después, el 30 de abril, el Boleo vuelve a su discurso. “A nombre de los trabajadores”, dice un reportero, le pide al presidente que reconsidere la negativa a autorizar la ampliación de la mina. 

Esta vez, el presidente abre una rendija. “(Eso de El Boleo ) lo está viendo la Secretaría de Medio Ambiente para analizar la conveniencia de entregar el permiso porque, en efecto, no estamos entregando concesiones nuevas para la minería, por el daño ecológico que ocasionan. Lo que no se veía, lo que no denunciaban los ambientalistas, unos auténticos, otros falsos, seudoambientalistas, sometidos al poder y a los grupos de intereses creados”.

Si alguien quiere apretar un botón correcto, que le pregunte al presidente sobre el tema de las concesiones mineras. Tendrá respuestas contundentes.  

“Para qué tanta tierra concesionada?”, cuestionó en agosto de 2019. Él mismo respondió: “Fue mucho lo que se entregó en el periodo neoliberal”. Y recalcó que Felipe Calderón entregó 30 millones de hectáreas y que de Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto se concedieron 90 millones de hectáreas.

Hace apenas unas semanas, se escuchó otra vez el compromiso presidencial de que no habrá más concesiones mineras.

El pasado 28 de julio, López Obrador remachó el punto en su respuesta al periodista Julio Hernández, quien denunciaba el intento de afectar un área natural protegida en San Luis Potosí.

“No vamos a dar ninguna concesión, ningún permiso que vaya en contra del medio ambiente. Hasta el día de hoy, no hemos actuado de esa manera y no lo vamos a hacer. No somos iguales, Julio”, replicó el presidente.

Es más, continuó, no se puede comparar a nuestro gobierno con lo que hizo Vicente Fox, de destruir el Cerro de San Pedro por la minería. “Nosotros no hemos dado una concesión para explotación minera·”. 

Estas referencias a las concesiones mineras forman parte del total de 152 momentos en que el presidente ha mencionado directa o indirectamente el tema; de ellas, en al menos 16 ha dicho que no se entregarían más concesiones durante su gobierno.

A menos, como dijo él, que no le hicieran caso. 

Y eso es lo que hizo, con o sin aprobación presidencial, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): el 27 de junio de este 2021 aprobó la extensión de 466 hectáreas a la concesión de la mina El Boleo. 

Una extensión de 4 millones 660 mil metros cuadrados, equivalentes a más o menos 100 veces el Zócalo de la Ciudad de México.

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Descubierta en 1868, la mina El Boleo es una de las más antiguas en México. Su nombre, El Boleo, se deriva de la forma de bola de los metales que se obtienen, entre ellos el cobre, el que más se extrae. Durante décadas estuvo inhabilitada. De ella se había extraído todo lo que en su momento podía obtenerse con la tecnología existente.

Entre 1972 y 2006 la extracción estuvo interrumpida hasta que nuevamente se concesionó a un consorcio integrado en ese momento por, entre otras, las siguientes cinco empresas: Korea Resources Corporation, una empresa del gobierno de Corea del Sur; Jikko Coper, Hyundai Hysco, SK Networks y Lljin Copper Foil. 

Unos años después, en 2012, se reiniciaron actividades en la mina. Un boletín de la Secretaría de Economía muestra una imagen del momento en que el entonces gobernador Marcos Covarrubias y el entonces alcalde de Mulegé, Guillermo Santillán, develaban una placa para dejar constancia de la ocasión.

El proyecto, según el comunicado, contaba con una inversión total de mil 300 millones de dólares y crearía más de 2 mil empleos. Y tenía previsto extraer del suelo sudcaliforniano 78 millones de toneladas métricas, lo que permitiría producir anualmente 50 mil toneladas de cobre, 2 mil toneladas de cobalto y 10 mil de sulfato de zinc en un periodo de 20 años.

Sin embargo, los metales y minerales se agotaron antes. Dado que en 2015 se comenzó formalmente la explotación, en menos de cinco años se habían agotado las reservas en el área autorizada.

Por eso, en julio de 2019 la empresa solicitó un nuevo permiso a la Semarnat para realizar una ampliación del minado superficial de 446 hectáreas durante 16 años. 

Y ese es precisamente el permiso que, en contra de lo que López Obrador dijo, la Semarnat autorizó el 27 de junio de 2021.

La apuesta en esta ocasión es obtener una producción anual de 30 mil toneladas de cobre fino, 800 toneladas de cobalto metálico y mil 187 toneladas de sulfato de zinc. También se ha incluido el manganeso, aunque no se tienen los cálculos de cuándo y cuánto se pueda extraer.

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El 15 de abril de este 2021 es clave en esta historia. Luego de que por la mañana López Obrador presumió que había dado instrucciones para no conceder más permisos a empresas mineras, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, respondió con una “invitación” al gobierno federal a reflexionar sobre el impacto que representaría el cierre de El Boleo.

Y puso en la mesa las siguientes cifras: 12 de cada 100 empleos en el municipio de Mulegé son generados por la mina; se perderían más de mil 700 empleos directos e indirectos; se afectaría a casi 4 mil proveedores y se perderían 300 millones de pesos que la empresa paga en IVA cada año.

En su mensaje el gobernador decía que si se le negaba la autorización, la empresa había valorado la opción de cerrar, “lo cual significa un grave daño a la economía de miles de familias y la estabilidad social de Mulegé y el norte del estado de Baja California Sur”. 

Y volvía a hacer un llamado al gobierno federal: “El Boleo es una empresa seria, que ha contribuido al crecimiento de BCS y ha demostrado ser responsable con el medioambiente”, además de que la superficie solicitada se encontraba dentro de las concesiones mineras entregadas previamente a la empresa. 

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En la medida en que el presidente aseguraba que no habría más concesiones y el gobernador advertía que la empresa cerraría sus puertas y apagaría sus máquinas si se le negaba la extensión solicitada, el tema se fue metiendo al debate público del estado.

Al ritmo de las campañas electorales para relevo de gobernador, el tema se incorporó al debate social: un sector defendía a la mina y otro destacaba los riesgos ambientales que representa su operación. 

Cuando menos se esperaba, la Semarnat anunció una consulta ciudadana en la zona de impacto de la mina, específicamente en Santa Rosalía (capital del municipio de Mulegé), San Bruno, San Ignacio y Mulegé, con la idea de que fueran “sus habitantes quienes decidan si debe continuar operando”.

Semarnat emitió una convocatoria a través de su sitio de internet a participar en un foro previo a una consulta directa para que la población evaluara la permanencia o no de la mina. La votación se hizo del 18 al 10 de junio.

Los resultados favorecieron a la empresa minera: 89 por ciento de los 2 mil 481 ciudadanos que acudieron a votar lo hicieron por la ampliación de la mina, aunque el porcentaje de participación fue muy bajo, si se considera que sólo Mulegé tiene 60 mil habitantes. 

La Mina El Boleo festejó esos resultados. El 21 de junio se difundieron carteles con la leyenda “Misión Cumplida”. Y el siguiente texto: “Con mucha alegría les compartimos que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que fue objeto del Foro de Consulta realizado del 18 al 20 de junio, ¡fue aprobado y recibida por el Boleo oficialmente el día de hoy!”.

La mina reforzaba el mensaje: “Boleo reafirma su compromiso de cumplir cabalmente con todas y cada una de las normas ambientales y de las condiciones de los permisos y concesiones obtenidos. ¡Mil gracias!”.

Sin embargo, fue un proceso cuestionado por diversas razones, entre las cuales se encuentra la intromisión de la empresa, fenómeno que ha sido denunciado en consultas similares como esta, así como la omisión de las autoridades para conducir de manera justa el proceso de consulta y votación.  

El Frente Común por la Defensa de Loreto (Frecodel), una organización civil dedicada a la preservación del medio ambiente, se opuso a este proceso de consulta por considerar que sólo era una simulación que pretendía favorecer a la minera coreana. “Someter a la comunidad a un supuesto foro con el propósito de hacerle votar es inaceptable”, expuso la organización en un comunicado consignado en medios locales. 

Por ello, mostró su rechazo a “la simulación tendiente a obtener la aprobación social de un proyecto depredador y contaminante”. Y destacó un punto hasta ahora ignorado: en Baja California Sur, como en otros estados, se usan instrumentos de participación social y de acceso a la justicia ambiental “de manera contraria al espíritu de su creación”. 

El Frecodel realizó un monitoreo sobre la actitud de las autoridades durante la consulta ciudadana y documentó irregularidades, “sobre todo intromisión excesiva de personal de la mina en distintas etapas de la consulta” y “ausencias de los organizadores, tanto de la Secretaría de Bienestar como de la Semarnat”.

Cecilia Fischer Cavia, integrante de Frecodel, menciona que en la mayoría de las urnas donde la ciudadanía participó no hubo “presencia de un comité ciudadano y en ocasiones tampoco la autoridad estuvo ahí”, lo que “demuestra falta de vigilancia en el proceso y la puerta abierta para manejos a modo de los organizadores”.   

En San Bruno, ejemplifica Fischer Cavia en entrevista con InquireFirst, las actas de salida no estaban respaldadas con las firmas de la autoridad y los únicos observadores de las urnas eran trabajadores de la misma mina, quienes se encargaron del proceso.

En Mulegé, la segunda locación con más habitantes de los cuatro lugares consultados, sólo pudo reunir en su etapa informativa a “una persona de los nueve mil posibles que marca el padrón electoral”. 

La organización también documentó la poca difusión y promoción de las actividades de la consulta, que contrastó con la actividad de propaganda desplegada por la minera. “Eso sí, el día de la votación, y solo en Santa Rosalía, se permitió un carro de perifoneo de la empresa que invitaba a la ciudadanía a salir a participar [pero decían “vota a favor¨], por el bien del pueblo”. 

Además, dice la integrante de Frecodel, en el Foro de Consulta Ciudadana no se permitió la participación de especialistas ambientales y solo hubo “información escueta repartida en volantes, trípticos y folletos. Las preguntas y cuestionamientos que se presentaron no fueron, ni de lejos, contestados”. En síntesis, “este foro no funcionó como un foro”.

Para el Frecodel es evidente que la intención era lograr la aprobación social con un foro que “más que informar de los riesgos ambientales por la expansión del proyecto, pareciera la promoción de éste, para lograr votos que le den la anuencia social”.

Hubo irregularidades desde la etapa informativa, insiste. Si no se documenta y se informa de manera sencilla a la población, el resultado en el mejor de los casos es una opinión basada en percepciones muy “superficiales” del tema. 

“Una persona desinformada, remata Fischer Cavia, es más propensa a la persuasión”.

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Oriunda de la “capital histórica de las Californias”, como dice ella, Cecilia Fischer destaca que el presunto cuidado del medio ambiente es precisamente lo que menos convence a quienes cuestionan la existencia de la minera y el que se haya autorizado su extensión.

Lamenta por ello que no se haya invitado a especialistas que han realizado estudios científicos sobre el impacto de las actividades mineras en el medio ambiente de las localidades y playas del estado. 

Fischer Cavia hace referencia a los estudios que han encontrado presencia inusual, por encima de límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud, de metales pesados en las llamadas “playas negras” de Santa Rosalía.   

El estudio, publicado en la revista Estuarine, Coastal and Shelf Science, registró la presencia de contaminantes vinculados al proceso metalúrgico que utiliza la minera El Boleo y que no se encuentran de manera natural en el suelo: cobalto, cadmio, zinc, arsénico, manganeso y plomo, entre otros.

Titulado “Toxicidad potencial de elementos químicos en sedimentos de playas cercanas a la Mina de Cobre de Santa Rosalía, Baja California Sur”, el estudio fue realizado por científicos del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo y del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, ambos del Instituto Politècnico Nacional. 

Uno de los autores es Jonathan Muthuswamy Ponniah, quien presentó en 2019 los resultados a ciudadanos de Santa Rosalía y de Loreto. El hallazgo de estos elementos en las playas, comentó, son resultado de los ciclos de extracción y fundición de la minera. 

Y puntualizó uno de los resultados más relevantes: las concentraciones de los metales encontrados en las muestras estudiadas rebasaron los límites permitidos.

En entrevista con InquireFirst, Jonathan Muthuswamy detalló los resultados de su trabajo: “Estos desechos pueden provenir de la minería o alguna actividad industrial; algunos metales pesados son tóxicos para la salud humana y para organismos marinos, como peces u otras especies. Estos peces pueden absorber los metales pesados y después estos se transfieren a los humanos al momento de consumirlos”.

Como este especialista y otros no fueron convocados al foro, dice Fischer Cavia, preguntamos a las autoridades de la Semarnat ¿qué especialistas y expertos con estudios y datos precisos informarían a la población de los riesgos reales en relación con el agua, suelo, mar, aire, flora, fauna, salud y calidad de vida que implica este proyecto?, o ¿qué estudios se presentarían del impacto ambiental que ha provocado la operación de la mina El Boleo? 

“No hubo ninguna respuesta”.

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Las quejas contra la minera coreana también se extienden a sus prácticas laborales. Trabajadores de El Boleo han realizado protestas ante la injerencia de la empresa en la organización sindical y han pedido a las autoridades laborales que desconozcan el contrato que la primera firmó con una persona que ni siquiera pertenece al sindicato.

“El representante de los trabajadores no surgió de las filas del sindicato, sino que es un empleado que la empresa contrató desde el principio como líder sindical”, denunció en 2016 el entonces diputado Camilo Torres Mejía en la tribuna del Congreso local. 

Torres Mejía señaló que la empresa “no permite que los trabajadores elijan libremente a quien habrá de representar sus intereses”, lo que ha permitido que se violen las condiciones generales de trabajo. “Ha habido accidentes laborales, despidos injustificados, más de 200 en dos años, y nadie ha atendido este tipo de problemas, ni autoridades y mucho menos la empresa”, reclamó el diputado, según consignó el portal de noticias El Informante.

El entonces diputado por el Partido del Trabajo hizo notar, además, que la empresa adeudaba en ese momento al gobierno municipal más de 600 millones de pesos por concepto de impuestos y derechos. “No entiendo cuáles son los grandes beneficios que obtiene el estado y los muleginos de esta empresa, o para quién son los beneficios que genera”.

Las y los autores de este reportaje solicitaron entrevistas al presidente municipal de Mulegé, Felipe Prado Bautista; a la encargada de despacho de la delegación de la Semarnat, Daniela Quinto Padilla; así como a funcionarios de la empresa. Al cierre de esta edición, no habíamos recibido respuesta.