Son muchas las amenazas que se ciernen sobre el Bosque la Primavera, el “pulmón” de la Zona Metropolitana de Guadalajara, reserva natural estratégica del occidente mexicano y hábitat de cientos de especies de flora y fauna.

A la tala ilegal, la expansión de la mancha urbana y los cambios de uso de suelo, se suma la siembra ilegal de agave, una práctica que muchos consideran inofensiva, pero que podría estar detrás de los incendios que cada año consumen miles de hectáreas en la Primavera. 

Por Rubí Bobadilla, Yunuen Mora, Karen Guzmán y Esmeralda Salgado

En líneas paralelas y perfectamente ordenadas, las plantas de agave lucen inofensivas en medio del Bosque La Primavera. Son decenas, cientos o quizá miles, y su talla y tonalidad contrastan con el paisaje de un bosque.

Estos agaves, los que miden 30 centímetros o los de más de un metro, crecen al amparo de la riqueza de este suelo y, en realidad, no son tan inofensivos.

Plantíos como los que alcanzan a verse desde que se ingresa a La Primavera por el poblado de Huaxtla, municipio de Zapopan, representan una amenaza silenciosa, pero real, a la existencia del bosque que alimenta de oxígeno y agua a los casi cinco millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Para que esos agaves estén ahí fue necesario que alguien modificara el suelo del área natural, desmontara el terreno y muy probablemente hiciera quemas que, cuando se salen de control, generan incendios que, año tras año, consumen miles de hectáreas en La Primavera.

No son tequileros quienes los plantaron, sino ejidatarios que desconocen que el uso de suelo de sus tierras no puede ser modificado para la siembra de esta planta, característica de Jalisco.

Tampoco son ellos los únicos que acechan el Bosque La Primavera, un área de 30 mil 500 hectáreas que es considerada como el “pulmón” de la ZMG.

Esta zona forestal de la Sierra Madre Occidental resulta estratégica para el equilibrio ecológico de la región, la recarga de los mantos acuíferos y como hábitat de 14 especies endémicas vegetales y 345 animales.

Aun así, a 40 años de haberse declarado Área Natural Protegida, el Bosque La Primavera enfrenta múltiples amenazas, como la tala clandestina, la expansión de la mancha urbana, el abandono de sus zonas ecoturísticas, y, ahora también, la siembra ilegal de agave.

De hecho, según información del Organismo Público Descentralizado (OPD) Bosque La Primavera, existen 16 reportes de plantaciones irregulares dentro del área; de ellas, 15 corresponden al agave, la planta de la que se extrae el destilado que ha dado a Jalisco fama mundial.

Los agaves se encuentran fuera de la Zona de Aprovechamiento Sustentable de Agroecosistemas, por lo que su plantación se considera como un ilícito. Una de esas 15 plantaciones ilegales se halla en un terreno incendiado el pasado 13 de mayo, localizado gracias a una denuncia ciudadana.

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) señaló en ese entonces que la plantación era ilegal, pues se realizó al amparo de un cambio de uso de suelo no permitido en una zona forestal.

Las mil 200 plantas de agave se encontraban en un paraje conocido como “Cerro de la Concha”, municipio de Tlajomulco.

Como éste, otros plantíos irregulares han sido detectados gracias a los recorridos por parte de los guardabosques, el monitoreo desde una torre de vigilancia en un paraje llamado San Miguel y los reportes de visitantes o ciclistas.

En junio, se localizaron otras 14 plantaciones ilegales de agave, tanto en zonas de recuperación como en las de uso restringido, y todas fueron reportadas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para su “seguimiento”.

En respuesta a una solicitud de información presentada por las reporteras, el OPD afirmó con lenguaje burocrático: dichos reportes “son atendidos por las autoridades competentes, mismas que realizarán las gestiones necesarias para el seguimiento de la denuncia y averiguaciones”.

Para tratar de contar con información concreta, se solicitó una entrevista con funcionarios del OPD, pero hasta el cierre editorial de este reportaje no se obtuvo respuesta.

Lo cierto es que la siembra ilegal de agave está a la vista. Basta recorrer el Bosque La Primavera para descubrir que varios ejidatarios han recurrido a esta práctica, con el argumento de que no conocen las restricciones en el uso de suelo.

Una explicación que no compensa la pérdida de hectáreas de bosque que incendian cuando preparan los terrenos para la siembra.

Esta situación preocupa no sólo a autoridades y ambientalistas, sino a los productores formales de tequila, industria que vive un auge desde 1992 y hoy representa una de las principales actividades económicas de Jalisco.

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) fue creado en 1994 para ordenar la producción de la bebida con denominación de origen. A la fecha, tiene detectados 900 millones de agaves sembrados en Jalisco, pero ninguno de ellos debería estar en el Bosque La Primavera.

Augusto Ramón González Figueroa, director general del CRT, dice que, con el fin de disminuir las siembras ilegales, está en elaboración un mapa de los lugares donde pueden hacerse plantaciones de agave.

El mapa tendrá un objetivo específico: cuando algún productor vaya a registrar un tequila, se comprobará que lo han elaborado sin cambiar el uso de suelo. Si es así, lo acreditarán con una etiqueta “cero deforestación”.

En caso contrario, tampoco se les otorgará el sello de denominación de origen, lo que les impedirá vender a mejor precio el tequila y les cerrará el mercado internacional.

Pese a que el consejo niega que haya producción de agave en el Área Natural Protegida, los plantíos saltan a la vista en el Bosque La Primavera. Quizás esos agaves no sirvan para producir tequila, pues el tipo de tierra no es el adecuado para hacerlo con calidad, pero sí para elaborar destilados, jarabes o incluso para fabricar relleno de colchones con la fibra, según compartieron ejidatarios que se dedican a sembrarlo.

Aproximadamente 65 por ciento de las 30 mil 500 hectáreas del bosque tienen dueño: ejidatarios o pequeños propietarios. Pero por ser Área Natural Protegida, las actividades productivas están reguladas por un reglamento. En síntesis: no se puede hacer nada sin permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Uno de los ejidos de la zona es liderado por María de Jesús Franco Pérez, representante a 64 ejidatarios. Marichuy, como le llaman, afirma que no todos los propietarios saben que está prohibido cambiar el uso de suelo.

Él sí lo sabe, pero considera que es injusto que no puedan hacer mucho en sus terrenos. “¿Qué se gana uno con tener un carro ahí parado, si no lo usas? Así es el mismo terreno. A mí mis suegros me lo regalaron. Qué tal si me hubieran dicho ‘mira, les voy a regalar ese terreno, pero no vayan a construir, eh’. Tengo necesidad. Así algunos tienen la necesidad de sembrar agave, limón, aguacate”, dice Marichuy.

En contraste, Miguel Torres Solórzano, presidente del Ejido López Mateos, resalta que ellos requieren apoyo para trabajar y para reforestar, no para cambiar el uso del suelo.

“El agave a mí no me interesa. Opino que no debe haber en el bosque, lo que uno debe hacer aquí es lo que vaya conforme al bosque”, expresa Torres Solórzano. 

Los ejidatarios se encargan de mantener la vegetación viva y reforestar cuando hace falta, además de realizar acciones de contención en caso de incendio, como brechas corta fuego.

Son los dueños de la tierra, pero la siembra de agave podría traer graves consecuencias a futuro.

Fuego en la Primavera

El pasado 12 de mayo, a través de un video compartido en redes por un deportista que paseaba sobre una zona del cerro La Concha, dentro del Área Natural Protegida de La Primavera, se conoció la existencia de un plantío ilegal de agave.

“Vean aquí el material que están utilizando para sembrar agave en esta área recién quemada y que las autoridades dijeron que estaba prohibido el paso a deportistas o personas para hacer uso de esta área”, se escucha decir al hombre que denuncia la plantación.

Un día después, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco informó que interpondría una denuncia ante la Federación y que levantaría un reporte ante el Consejo Regulador del Tequila para que este sembradío no se considerara dentro de la industria tequilera por violar el uso de suelo permitido en el Bosque La Primavera.

Menos de dos semanas después, el 25 de mayo, la fiscalía estatal presentó a tres hombres detenidos a quienes responsabilizó de causar un incendio en otro paraje de La Primavera, conocido como Los Volcanes.

A los hombres se les sorprendió en flagrancia, dijo la fiscalía, en posesión de dos contenedores con gasolina, dos encendedores y 500 plantas de agave, así como herramientas con las que presuntamente las plantarían en el bosque.

Los tres hombres fueron vinculados a proceso y un juez decretó de entrada un año de prisión preventiva por su probable responsabilidad en el incendio de 2 mil 344 hectáreas del paraje Los Volcanes.

La siembra clandestina de agave ha sido una de las causas de los recientes incendios reportados en el Bosque La Primavera, considerado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas como un regulador ambiental esencial para Guadalajara y su zona metropolitana.

La Primavera provee de oxígeno y agua a una ciudad de 4.8 millones de habitantes; sin embargo, los incendios amenazan su futuro.

Sólo en la última década se han registrado 460 incendios dentro del Área Natural Protegida, los cuales han consumido un total de 27 mil 709 hectáreas, de acuerdo con información obtenida a través del área de Transparencia del Organismo Público Descentralizado.

Si bien la superficie ha sido reforestada y se encuentra en constante regeneración, las afectaciones por estos incendios equivalen a 90.8 por ciento de las 30 mil 500 hectáreas de las que consta el área; algo así como si se hubiera incendiado por completo el bosque.

La información oficial destaca que 2019 ha sido el año con más incendios reportados, con un total de 69, que consumieron 2 mil 502 hectáreas; el año 2021 ha sido el más dañino para el bosque, pues los 56 incendios registrados hasta ahora consumieron 9 mil 952.65 hectáreas.

El incremento en los incendios ha coincidido con la asignación de mayores presupuestos para el cuidado y operación del Bosque La Primavera:

En diciembre de 2017 el gobierno de Jalisco invirtió 18.5 millones de pesos en la adquisición de cinco cámaras de videovigilancia para identificar anomalías en el bosque y detectar de manera temprana los incendios.

Sin embargo, el contrato concluyó en diciembre de 2020, pues, de acuerdo con la Coordinación de Gestión del Territorio, “las cámaras no han sido funcionales para la detección oportuna de incendios forestales, ya que ha sido más eficaz la detección a través de personal ubicado en las diferentes torres de vigilancia”.

Las autoridades estatales decidieron entonces desconectar los equipos y así, las cámaras –que tuvieron un costo promedio de 3.7 millones de pesos– no sirvieron de mucho.

A pesar de los graves daños causados por los incendios provocados en el Bosque La Primavera, en los últimos dos años se han abierto apenas 10 carpetas de investigación relacionadas con delitos ambientales en esa zona y sólo se ha conseguido detener y vincular a proceso a cinco personas relacionadas con afectaciones al bosque.

Aunque la fiscalía del estado no especificó los delitos de los cuales se les acusa, y tampoco respondió a una solicitud de entrevista, las cinco detenciones coinciden, en fecha, con la captura de los tres hombres señalados por el incendio y posible plantación de agaves en el paraje Los Volcanes.

También existe el antecedente de un hombre que fue aprehendido por autoridades de Zapopan en abril de 2019, cuando fue encontrado en flagrancia incendiando huizache en La Primavera. La misma persona ya había sido detenida en dos ocasiones previas por acciones similares. Sin embargo, el hombre quedó en libertad “debido a que se comprobó que padecía de sus facultades mentales”, dijo entonces la Fiscalía estatal.

Durante el tiempo que este hombre estuvo en prisión no se presentaron incendios con los mismos patrones en el Bosque La Primavera, según Sergio Ramírez López, director de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos Zapopan.

“Nos dimos cuenta de que estaba libre porque comenzaron los incendios de nuevo. Preguntamos: “Oye, ¿qué pasó con este cuate? ‘No, pues lo soltamos’. Lo volvimos a detener y ya lo sentenciaron o están en ese proceso”, explica el comandante.

Si bien hasta el momento las autoridades del Bosque la Primavera sólo han identificado la muerte de cinco animales silvestres a causa de incendios forestales entre 2015 y 2021 (dos venados cola blanca, dos pecarí de collar y una serpiente), el fuego no deja de poner en riesgo a 900 especies de plantas, cinco de pinos y 11 de encinos; 47 de algas y 244 de hongos, así como seis especies de peces, 20 de anfibios, 49 de reptiles, 205 de aves (entre ellas dos en peligro de extinción) y 59 de mamíferos.

El Bombero que ama el bosque

El pasado 4 de abril no fue un día más para Israel Rosas Ruiz. Desde la noche previa, perdió el sueño cuando su hija leyó la noticia en redes sociales: “Se incendia el Bosque La Primavera”.

Mientras el fuego se extendía, la noticia corría en los medios locales y las horas transcurrían lentamente en casa, antes de que Israel se reportara al comando de incidentes del cuerpo de bomberos de Zapopan, donde le asignarían su tarea: controlar el fuego en el paraje Las Canoas.

Jefe de la 12ª. brigada de Bomberos de Zapopan, Israel tiene claro que la vida de sus compañeros, y la de él mismo, están en riesgo en cada emergencia.

Israel rondaba los 20 años cuando en San Francisco de Ixcatán, su pueblo natal, se encargaba de mantener limpios y cuidados los matorrales del rancho, se perdía entre los cultivos y regresaba a casa hasta que el sol se metía.

El campo lo hacía sentir vivo y por eso se autoadjudicó el puesto de guardabosques, cargo que desempeñó hasta que un 6 de abril del año 2000, la temporada de incendios comenzaba en Zapopan y el gobierno –rebasado por la falta de personal– le hizo una invitación para unirse al equipo de combatientes.

Israel no lo dudó. Su conocimiento del campo funcionaría para evitar que las acciones humanas consumieran lo que él tanto cuidaba. Comenzar el trámite fue sencillo, lo difícil vendría cuando le preguntaron si sabía manejar.

No sabía, pero Jesús Carrillo, un amigo de su pueblo, sí. Tardó en convencerlo, pues Jesús tenía un trabajo cómodo con un sueldo razonable, pero después de muchas pláticas y la oferta de mil 200 pesos y una despensa quincenalmente, ambos terminaron incorporándose.

Su primer acercamiento con el fuego fue inesperado. Aún no se incorporaban al cuerpo de combatientes, Jesús conducía una camioneta y, de pronto, tuvieron su primera prueba frente al fuego. Sin uniformes especiales, con muy poca herramienta y echando mano de lo que había a su paso, lograron apagar el incendio.

El mismo ímpetu de aquel Israel de 20 años de edad lo invadía en abril de 2021, mientras circulaba en el vehículo operativo que lo llevaría a Las Canoas.

Ese día marcaría un mes negro para el Bosque La Primavera. El incendio en Las Canoas afectó más de 4 mil hectáreas y provocó una alerta atmosférica en Guadalajara y todos los municipios conurbados: Zapopan, Tlaquepaque, Ahualulco, Ameca, Cocula y Tala.

La presencia de humo proveniente de La Primavera, percibido por los habitantes de toda esa zona, era un recordatorio de que ese pulmón natural es un bien no renovable.

Se requirieron tres días con sus noches y el trabajo de 554 brigadistas apoyados por vehículos y helicópteros para sofocar el fuego.

Uno de ellos era Israel. “El tiempo pasa lentamente dentro del bosque cuando hay una amenaza tan grande. El olor lastima tanto como las imágenes de caos que toca presenciar; ahoga, asfixia. Las mochilas aspersoras no alcanzan a hacerle nada al monstruo que tienen al frente, el calor se percibe en cada paso y el cansancio después de horas agota”, recuerda.

Al caer la noche, y tras combatir la columna de humo, Israel daba la orden de descansar bajo dos árboles en los que se recargaban para quitarse las botas, sacar los sueros, hidratarse, comer una manzana. No hay tiempo de escribir a sus familias para informarles cómo están. Apenas pueden recargar energía.

“Estuve trabajando como dos días y dos noches en el incendio ese”, cuenta con orgullo. “Decirlo suena fácil, pero, subraya en varias ocasiones, combatir el fuego no lo es”. 

De 45 años de edad, Israel recrea lo que ha vivido: después de ver animales calcinados por no haber tenido tiempo de huir, áreas destrozadas y estar agotados física y emocionalmente, a los bomberos combatientes no les queda nada más que seguir.

“El desgaste es tremendo, hasta mental. A veces ya no hay recursos, se acaba la comida, el agua y estamos muy racionados. Son áreas de difícil acceso, en las que no es tan fácil cubrir las necesidades. Es algo muy desgastante, estar combatiendo, estar expuesto a la radiación, a la temperatura, a cambios de aire”, comenta.

Porta con orgullo su traje de bombero, sus botas desgastadas y su casco raspado, como huellas de lo que enfrenta cada que es llamado a combatir un incendio forestal. “Los bosques son los que nos dan la vida”. Por ello seguirá ahí, tratando de salvar La Primavera, cada vez que sea llamado.

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El último cartero de Tijuana

El Servicio Postal Mexicano languidece. Las personas acuden cada vez menos a sus ventanillas. A casi nadie se le ocurriría hoy acudir a la oficina de Correos, comprar estampillas y mandar una carta, una postal que tardará días, semanas, incluso meses en llegar a su destino, si puede enviar un mensaje de texto, de voz, fotos o un video por teléfono celular.

Aquellos sobres personales con hojas escritas a mano y dobladas con cuidado en tres partes se han ido perdiendo cada vez más entre cajas de diversos tamaños: en Baja California, como en el resto del país, el correo ahora se utiliza sobre todo para enviar paquetes. Es lo que da oxígeno al precario servicio postal. 

En esas condiciones, los carteros resisten. Existen. Quedan pocos, que trabajan con rutas largas y salarios cortos. Sus bonos se han ido reduciendo conforme se achica el número de usuarios. De tecnología, ni hablar. A juzgar por el deterioro en que se encuentran las distintas instalaciones en Tijuana, el servicio de correos no es prioritario. Se acerca lenta y lastimosamente a la agonía.

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Por Gloria Patricia Martínez, Ana Karen Ortiz y Alejandro Arturo Villa

8:00 am. Es lunes en Tijuana, Baja California, y como cada mañana desde hace 22 años Ernesto Alonso llega a la estación de Correos a recoger la carga que distribuirá durante el día. Ha aceptado que lo acompañemos en su recorrido mientras nos cuenta qué hace un cartero en Tijuana hoy en día, en la cima de una marea de comunicaciones electrónicas instantáneas.

“Mi nombre es Ernesto Alonso Verdugo Valenzuela. Tengo 20 años trabajando en el Servicio Postal Mexicano”, se presenta al salir de la oficina. Viste el característico uniforme, con su chaleco, la gorra, la maleta, su credencial a la vista, un silbato, un escáner y unos zapatos negros, maltratados por el tiempo y el asfalto. 

Él es uno de los apenas 7 mil 805 carteros que existen para las 32 entidades de la República y para una población de 123 millones de personas. Es decir, un cartero por cada 16 mil habitantes.

A Ernesto Alonso no le costó trabajo integrarse a las filas de este ejército civil que en conjunto recorre más de 36 millones 657 mil kilómetros por tierra y más de 9 millones 724 mil kilómetros por aire en promedio cada día, de acuerdo con datos de Correos de México (antes Servicio Postal Mexicano, Sepomex). 

“Ocupaba tener un trabajo para mantener a mi bebé, que tenía un año, casi casi recién nacida”. Se aventuró y decidió ser cartero. Un amigo lo animó. “Me dijo ‘sí hay trabajo ahí, el lunes llévate los papeles’. Fui y ese mismo día me quedé trabajando. Desde entonces, aquí estamos”.

‹‹La muchacha repartía normal… decidieron quitarla de su puesto para mandarla a administración, de eso hace ya ocho años y no ha vuelto a haber una mujer cartera. En su mayoría pues sigue siendo un oficio de hombres››

No le pidieron demasiados requisitos: acta de nacimiento, comprobante de domicilio, la cartilla militar liberada (“a pesar de que en otros trabajos ya no lo piden, pero aquí sí”) y estudios de nivel preparatoria.

–¿Hay mujeres carteras en la ciudad?

–Hubo una mujer cartera, pero ya no está. A ella le tocaba repartir en la zona Centro-Revolución, pero la quitaron y la mandaron a la oficina. Decían que era peligroso, pero la muchacha repartía normal. Decidieron quitarla de su puesto, de eso hace ya ocho años y no ha vuelto a haber una mujer cartera. En su mayoría sigue siendo un oficio de hombres.

8:30 am. Todavía hace frío. Mochila al hombro, Ernesto Alonso comienza la ruta a pie que será definida por las cartas y los paquetes a entregar a lo largo de una jornada que va de tres a seis horas. 

Desde que ingresó al servicio, en 1999, se ha percatado de un cambio gradual pero significativo: la gente ha ido abandonando la escritura a mano de cartas que eran una ventana a la intimidad de los amantes, la familia, las amigas más cercanas; guardaban pensamientos románticos o asuntos importantes de negocios. Todo eso que solía quedar en tinta y papel antes de que existiera internet. 

La Navidad ya no es lo mismo

Con la llegada del correo electrónico, Facebook, WhatsApp y demás servicios de mensajería instantánea, también se ha ido diluyendo la costumbre de enviar postales desde lugares lejanos, esas cartulinas que ya no tienen oportunidad alguna frente a las selfies y el registro de viajes publicados en tiempo real. La cantidad de cartas a la baja lo confirma.

 “Antes había más volumen, 500 o 700 se sacaban diarias; ahora se andan sacando entre 100 y 150. Lo más que hemos sacado de un tiempo para acá han sido 250, algo bastante bajo”, calcula Ernesto Alonso.

Coincide con Guillermo Holguín, un jubilado del servicio postal que recuerda la época en que la gente mandaba cartas y había mucho más carga para los carteros de la zona fronteriza con Estados Unidos.

 “Antes, en tiempo de Navidad, por ahí del 16 de diciembre, trabajaba desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche porque las oficinas de Correos se llenaban de tarjetas postales. Nada que ver con lo que es hoy, porque aparte de Correos existen las agencias de mensajería, y ahora todo se hace con un celular. Prácticamente el correo se convirtió en un antiguo medio de comunicación”. 

Guillermo trabajó como cartero durante casi dos décadas; 18 años, para ser precisos. En esos años le tocó recorrer Tijuana a pie, con calles en peor estado que el actual: subir cerros, caminar por terracerías y bajar cañones con el peso de las casi mil cartas que entregaba entonces. 

“Como Tijuana es una ciudad de cerros y cañones, era prácticamente imposible andar en bicicleta, porque era tener que irla cargando; la mayoría de los carteros andábamos a pie, eran aproximadamente tres o cuatro horas de caminata diaria, de lunes a sábado, porque se trabajaba seis días” a la semana. 

Conoció muy bien esta ciudad fronteriza y aún recuerda cuál fue su primera ruta, que iba de la colonia Hipódromo a la colonia Chapultepec, una zona de clase media alta, donde se ubican el Club Campestre, el Hipódromo de Agua Caliente y El Toreo, entre otros centros sociales.   

“A mediados de los ochenta había aproximadamente unos 12 carteros sólo en el área del centro. Era una labor que requería mucho trabajo porque se repartía a los edificios de la zona y no era dejar las cartas en el buzón, tenías que ir directamente a la oficina o al despacho, así fueran edificios de cinco o seis pisos. Era algo de todos los días”.

Al igual que Ernesto Alonso ahora, Guillermo empezaba su jornada a las ocho de la mañana y salía de las oficinas a las tres de la tarde. Seleccionaba las cartas que pertenecían a su ruta y las ordenaba de acuerdo con la numeración y la calle. 

“Así era mi labor, nada que ver con lo que se hace ahorita: tú simplemente agarras un teléfono e inmediatamente te comunicas con alguien que se encuentra en cualquier parte de la República o hasta del extranjero. Por eso el correo es lo que es ahorita, porque ha quedado en desuso, la gente lo ha dejado morir, ya no lo utilizan, ya no mandan cartas o postales”.

“Te encariñas con la gente”

9:10 am. Recorremos las calles con Ernesto Alonso. Conforme avanza la mañana y se calienta el día, la clásica mochila de cuero donde lleva la correspondencia se aligera. Su esfuerzo se suma a los de miles de carteros que mueven toneladas de correspondencia a lo largo y ancho del territorio mexicano. 

El cálculo oficial maneja números pesados: 121 mil 196 toneladas al día; 3 millones 680 mil toneladas al mes y, cada año, 29 millones 443 mil toneladas de cartas y paquetes que llegan a su destino en hombros de los carteros.

Enviar paquetes o cartas por Correos de México sigue siendo la opción más económica que hay en el país. Por ejemplo, una caja con dos kilos de peso tarda alrededor de 15 días en llegar y enviarla a su destino cuesta 45.50 pesos; mientras que en la paquetería de FedEx, por esa misma carga se cobran 123.90 pesos, pero el envío llega en dos o tres días en promedio. 

“La pura bolsa pesa un kilo, casi dos kilos más de lo que traigo de cartas; en total son nueve kilos. En una ocasión sí me tocó sacar 110 kilos”, dice Ernesto mientras muestra lo que distribuye esta mañana: una caja de cartón pequeña y unas 50 cartas sujetadas por una liga.

–¿Has tenido algún problema de salud por cargar ese peso?

–Son 21 años de servicio, 21 años de caminatas, de recorrer mi ruta para repartir la correspondencia, ya me comienzo a ver afectado de mis rodillas. No es lo mismo cuando entré, que tenía 18  años, a ahora, que ya tengo 46; pero tenemos que seguir, uno no deja de echarle ganas porque a uno le gusta repartir correspondencia y más que nada porque te encariñas con la gente. Me ha tocado ver cómo crecen los niños de ocho años y, de pronto, ya están en la universidad; cuando me los encuentro nos ponemos a platicar. Esos son detalles agradables.

Aunque el trabajo como cartero es intenso y el nivel de responsabilidad muy alto, el salario de un trabajador de Sepomex ronda apenas los 10 mil pesos al mes, de acuerdo con recibos de pago obtenidos por InquireFirst a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Con seis horas de trabajo diario, recorriendo a pie tres colonias de la ciudad con una bolsa que puede llevar hasta 100 kilos, Ernesto Alonso gana 10 mil 370 pesos mensuales, mientras que el gerente de Sepomex a nivel estatal  tiene un salario de 30 mil 838 pesos, y la directora general recibe 105 mil 189 pesos al mes.

“Nuestro sueldo –detalla Ernesto Alonso– son 5 mil pesos a la quincena. Tenemos un bono y para conseguirlo debemos tener más correspondencia. Entre más sumemos, más nos dan ese bono; pero como se ajusta debido a los descuentos de los impuestos, al final viene quedando en 2 mil 500 libres. La verdad, en vez de ir para adelante como se supone, año con año va disminuyendo. Por ejemplo, la prima vacacional nos llegó de menos esta vez”.

Entre perros y vecinos 

–¿Qué tan peligroso es entregar cartas?

–Pues algo, de hecho a mi hermano lo asaltaron. También ha habido compañeros que se han lastimado, se han quebrado la pierna cuando chocan en la moto porque no tienen ninguna protección.

No le ha faltado presenciar una situación de peligro. “Una vez me tocó ver a una persona a la que se le emparejaron y dispararon, pero yo seguí con mi rutina, seguí normal”.

–¿Ha tenido algún percance o accidente mientras trabaja? 

–Sí, me han mordido perros porque como uno no conoce si hay perro o no, pues uno confiado va y mete las cartas; y en una ocasión sí me mordió la mano cuando dejé la carta en el buzón, pero no ha pasado a mayores. Me han intentado morder seguido, incluso me han rodeado los perros para morderme, pero no ha sido grave.

Por encima de las malas experiencias están las buenas. Por ejemplo, a Guillermo Holguín, actualmente pensionado debido a su detección y tratamiento de cáncer, los vecinos le obsequiaban comida y hasta una botella de tequila para festejarlo por “su día”. 

“El 12 de noviembre es el Día del Cartero. Fui muy festejado por la gente. En la colonia Guerrero había una pareja de unos setenta y tantos años, que vivía en una casita de dos habitaciones. Se mantenían de una correspondencia que les llegaba de Estados Unidos, por parte de uno de sus hijos. Era una carta registrada que dentro traía 200 dólares (4 mil pesos). Hubo un 12 de noviembre, mi recorrido empezaba precisamente en su casa, y me estaban esperando afuera con un desayuno que me había hecho la señora, y una botella de tequila para brindar por mi día”. 

Se emociona don Guillermo: “Cosas como esas hasta me hacían sentir importante. En las vecindades te hacían una piñata. Los niños llegaban y te regalaban monedas de cinco pesos, la señoras te traían regalos, a veces un par de calcetines, una camiseta, un desodorante, no faltaba qué, siempre fui muy querido y apreciado por la gente”. 

10:15 am. Durante el recorrido, a Ernesto Alonso lo saludan desde lejos, lo reciben en la puerta y hasta le ofrecen algo comer. Han empezado a caer gotas de sudor de su rostro bronceado por el sol y el calor que refleja el pavimento, sus compañeros inseparables.

Toda la semana, excepto los domingos, se traslada de su casa a la oficina de Correos instalada en el centro de esta ciudad fronteriza. Le toma alrededor de una hora 40 minutos recorrer la distancia, medida en cuatro camiones de 15 pesos cada uno para llegar; son 60 pesos diarios, 900 pesos a la quincena.

“Trabajo de lunes a sábado, de 7:00 a 15:30; el sábado es de 7:00 a 11:00 y los días festivos nos lo dan. Mi descanso lo aprovecho para estar con la familia, jugar béisbol e irme al inglés”, comenta.

En el camino menciona que no sólo le afecta la precariedad salarial en la que se encuentran los carteros, también se enfrentan a la falta de servicio médico, uniformes, equipo de protección, mantenimiento de los vehículos para transportar paquetería más robusta, entre otras carencias. 

“Pónganse la camiseta”

En Tijuana, los inmuebles de Correos están vandalizados y en el olvido, según pudo comprobar InquireFirst directamente en distintos domicilios dados de alta por Sepomex como oficinas. 

Los muros lucen pintas de aerosol y ventanas quebradas, nadie los ocupa. De las 27 oficinas postales, tres están sin servicio. Sólo en esta ciudad hay 918 códigos postales. 

En caso de sufrir un accidente, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano intercede, les asesora y busca ayudar a sus afiliados, asegura Ernesto Alonso. Por parte de la institución, “nada”.

–¿Reciben mantenimiento las motos?

–No, ya no, porque mermaron el presupuesto, son los mismos compañeros los que arreglan las motos. Ellos les meten mano para arreglarlas. La verdad, carecemos de tantas cosas. Esto viene de ahora que llegó una directora nueva, ella lo único que nos dijo cuando le comentamos de estos problemas fue: “Pónganse la camiseta”.

–¿Cuentan con algún equipo de protección?

–Solamente el casco, es lo único que nos dan. Bastantes compañeros se han quedado sin frenos. Una vez un compañero se estrelló, pero había un cerco y eso impidió que le fuera peor.

–¿Con seguro médico?

–Sí, tenemos ISSSTE (afiliación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).

–¿A qué edad se pensionan ustedes?

–Debido a la maestra (Elba Esther) Gordillo se agregaron cinco años más, porque antes te podías pensionar a los 30 años que tuvieras trabajando, sin importar la edad, pero ahora tienes que tener digamos unos 55 o 60 años para que te puedas jubilar. Algunos compañeros tienen muchos problemas para pensionarse; no les avalan el tiempo que tienen, pero ahí es donde entra el sindicato para intervenir a nuestro favor.

Amor por correspondencia

11:25. Sentarse en la mesa del comedor, sacar una hoja blanca o de cuaderno, una buena pluma –quizá lápiz, por si había que borrar– y hacer la mejor letra posible. (Tu letra bonita, manuscrita o script). Poner el alma en cada frase. Doblar la carta, meterla al sobre. Colocar las estampillas, probablemente después de haberles pasado la lengua por la parte trasera, para humedecer el pegamento. Acudir a la oficina postal y esperar la respuesta en semanas. 

Esa rutina ya es más nostalgia que práctica cotidiana, como lo era todavía hace 20 años, antes de la masificación de internet. Felipe Moreno, de 43 años de edad, originario de Ensenada, mandó su primera carta siendo un niño e iba dirigida a su madre. 

“Más o menos a los siete años tuve la oportunidad de viajar con mis abuelos fuera de la ciudad. Nos fuimos a Coahuila. Ya empezaba a utilizarse el teléfono, pero era frecuente el uso del correo. Era bonito escribir una cartita, yo le escribí una carta a mi mamá, platicándole todo lo que hacía allá, la forma en que me divertía, y solía hacerle dibujos”. 

Felipe se acuerda de que sus abuelos “eran los que se encargaban de llenar los datos de quién recibía y a dónde iba, pero lo demás sí recuerdo haberlo hecho yo: pegar la estampilla y que le pusieran el sello, que me llevaran a la rendijilla donde echabas la carta y tenías la ilusión de que iba a llegar al buzón. Era algo muy bonito. Tardó casi una semana para que a mi mamá le llegara la carta, mientras yo le preguntaba por llamada si es que ya le había llegado, con la ilusión de que la abriera”.

Cuenta que en su adolescencia hubo un romance a distancia que duró dos años; su único medio de comunicación eran las cartas perfumadas y llenas de palabras de amor que se enviaban el uno al otro. 

“Como a la edad de 13 o 14 años, conocí a una muchacha de Mexicali, en un verano que ella y su familia estuvieron de visita en Ensenada. Inicialmente teníamos una relación de amigos y luego de novios; pero todo era por cartas, porque celular no había y aunque por ahí ya estaban los teléfonos públicos era muy difícil hablar con una persona y que luego te estuvieran pidiendo otra moneda y otra moneda; muchas veces no la aceptaba y se cortaba la llamada. Sí hablábamos por teléfono, pero también le escribía cartas cada semana, así durante dos años”. 

Cuando Felipe rondaba los 30 años, la correspondencia se había vuelto obsoleta con la llegada de nuevas tecnologías: los vípers, los teléfonos celulares, el internet. Ahora voltea al pasado y suspira profundo. Lo invade la añoranza.

“Me he dado cuenta de que la mayoría, un porcentaje muy alto de la gente que se estaciona cerquita de las oficinas del Correo, se baja –de su auto– con algún paquete y es raro ver a alguien con documentos en la mano. Supongo que utilizan otros medios más veloces o los transfieren de manera digital y la otra persona los imprime. Hay muchas generaciones debajo de uno que ya no pudieron vivir esa experiencia” del correo de papel.

“Si no somos el 20, somos el 19”

12:00. Ya es medio día, a Ernesto Alonso aún le faltan un par de horas y una colonia más por entregar. Lo dejamos continuar solo para que no se atrase. Antes de despedirse, aprovecha para comentar algo que le incomoda: 

“Apoyen a Correos, que hagan envíos y que envíen cartas. Lo que sí desearía es que el gobierno nos pusiera atención porque Correos está muy olvidado, estamos dentro de lo federal y somos de los más rezagados. En una escala del uno al 20, si no somos el 20, somos el 19; y la verdad es triste, porque aun así nosotros mismos como podemos sacamos el trabajo; tenemos muchas carencias, eso sí, pero nosotros mismos sacamos el trabajo aun así”.

–¿Cree que el gobierno está dejando que la institución se extinga?

–Yo puedo decir que sí, porque el gobierno no la ha procurado.

El año pasado, el Servicio Postal Mexicano cerró con una pérdida de 2 mil 999 millones de pesos, la más alta desde 2016, y cumplió 25 años sin ser rentable, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda. Para este año, el gobierno federal le destinó un presupuesto de 2 mil 223.6 millones de pesos.

–¿Vale la pena seguir trabajando? –le preguntamos a Ernesto Alonso, el incansable cartero cuyo nombre remite irremediablemente a su homónimo Señor Telenovela.

–Mi hija acaba de graduarse de la licenciatura en Psicología y eso me hace sentir que yo ya cumplí. Ya hice lo que tenía que hacer y de ahora en adelante le toca a ella, ya lo que pase en adelante será su responsabilidad. Nuestro trabajo es muy noble y humilde, pero yo agradezco a Dios que de una forma u otra les haya dado estudio a mis hijas. Ahora, por ejemplo, en agosto entra mi otra hija a la universidad, tengo a otra en la prepa y la más chica en la primaria. Lo que sí le agradezco a Correos, al gobierno, es que nos apoyan con los útiles escolares.

Con una decena de cartas menos, pero bajo los 32°C que derriten a Tijuana en uno de los veranos más calurosos de los últimos años, Ernesto Alonso Verdugo da media vuelta y continúa subiendo por una calle empinada.

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El futbol femenil no da para vivir en México. A pesar de ello, mujeres mexicanas intentan cada año participar de manera profesional en un ambiente hostil, machista y sectario. La desigualdad salarial entre hombres y mujeres que juegan profesionalmente este deporte es abrumadora. Contra ella es que están empezando a organizarse. “Simplemente queremos que sea algo justo, digno”.

Por Adriana Armendáriz

Cuatro años han pasado desde que el 28 de julio de 2017 el equipo de futbol femenil del Pachuca recibió en su cancha a las Pumas de la UNAM. Fue el primer partido de la liga profesional de futbol jugada por mujeres mexicanas de entre 17 y 23 años. 

“Es un gran paso que da el futbol mexicano y que damos como sociedad”, presumió Enrique Bonilla, el entonces presidente de la Liga MX, la del futbol profesional de hombres. “Es algo que nos llena de orgullo. Es un honor”.

No mencionó en ese entonces que el orgullo no alcanzaba para proporcionar a las profesionales del futbol un salario que, en comparación con los ingresos que obtienen los hombres, fuera tal. 

Los medios de comunicación reportaron en ese entonces que el salario promedio mensual sería de 2 mil 500 pesos (unos 125 dólares al mes). 

Cuatro años y muchos torneos después en que las futbolistas han demostrado atraer a los espectadores por igual y llenar estadios, los salarios no han cambiado mucho. 

No si le hacemos caso a Daniela Pulido, exjugadora del equipo femenil de las Chivas del Guadalajara, quien en diciembre de 2020 abordó la situación en un video subido a sus redes sociales. “El sueldo es un tema crítico. Yo empecé ganando 2 mil 500 pesos en Chivas. Tenía que recurrir al medio de transporte, de irme en camión, tenía llegar a mis clases, ser responsable, no faltar a los entrenamientos. Hoy en día gano 4 mil pesos”, reveló hace medio año.

Aunque los directivos y propietarios de los equipos han argumentado que el futbol femenil aún no atrae a patrocinadores, lo cierto es que dinero sí hay.

La Liga Mx de futbol tiene un valor total en el mercado de 894.2 millones de dólares y es el negocio deportivo más rentable en México, según el sitio Transfermarkt. 

Y, de hecho, la contribución que este torneo hace a la economía del país representa el 0.6% del PIB, según declaró Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, a principios de 2021. 

Pero a pesar del exorbitante flujo de dinero que se mueve en el futbol mexicano, la rama femenil está muy lejos de contar con igualdad de condiciones en la misma disciplina a nivel profesional. 

Florian Thauvin, la más reciente contratación de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el jugador más caro de la liga mexicana, ganará 5.3 millones de dólares anuales. 

Mensualmente el jugador francés obtendrá unos 8 millones de pesos, que contrastan con los 4 mil pesos mensuales que una jugadora mexicana gana en promedio. 

En México, del futbol femenil no se vive 

Ana Paola López, jugadora del Pachuca, dice que el futbol le dio un trabajo que no pensó que tendría en México. Aunque sabe que las condiciones no son las idóneas. 

“El futbol no te da para vivir, tienes que optar por tener más empleos, que no es lo más sano porque estás partiéndote en el día. Al final no puedes lograr el nivel de profesionalismo”, explica la jugadora de 27 años.

Coincide con ella Daniela Pulido, quien piensa que es imposible dedicarse sólo al futbol profesional si no tienes apoyos. “Muchas compañeras de otros equipos pasan lo mismo, tienen que pagar renta porque son foráneas. No podemos vivir de ese sueldo porque, ojo, yo ganaba cuatro mil pesos al mes, pero había compañeras que ganaban menos que eso”.

Deserción por bajos sueldos 

Un caso de abandono deportivo por las condicionantes salariales es el de Andrea Tovar Tames, exjugadora del Club Santos Laguna, quien debutó profesionalmente en 2017 y a quien seis meses después el club decidió no darle continuidad como parte del plantel. 

Durante su contrato con Santos percibió 3 mil pesos mensuales. “A mí no me pesaba ese salario porque yo estudiaba, vivía con mis papás. Lo que ganaba en Santos era para lo que yo quisiera. Pero quienes sí se las vieron difíciles fueron las foráneas, con ese sueldo tenían que mantenerse”, cuenta Andrea a InquireFirste.

Una vez concluido su acuerdo con el club, Andrea decidió abandonar su carrera futbolística al valorar las complicaciones que tendría al mudarse a otra ciudad. 

“En mi caso, tengo bien claro que primero son los estudios, y viendo el salario que pagaban, no me convenía irme de aquí (Torreón). Preferí seguir con mis estudios”, explica Andrea, quien actualmente es licenciada en Administración de Empresas. 

Hay que tomarlas en serio

Para el arranque de la Liga Mx Femenil se acordó que cada club de primera división debía contar con un equipo de 21 jugadoras, que el plantel sería categoría sub 23, además de enlistar a cuatro futbolistas menores de 18 años y dos de categoría libre. 

Al respecto, Javier Gómez, director deportivo de Saltillo Fútbol Club, equipo que compite en la Liga Premier Serie A de México, dice que algunos clubes, ante la obligación de armar un equipo femenil, han mostrado un interés real. 

Pero no ocurre así con todos. “Lo ven como una imposición de la liga y no como algo que les retribuya porque no lo ven con la seriedad debida”, explica Javier Gómez. 

Persiguen lo justo y lo digno 

Si bien desde que arrancó la Liga Mx hasta ahora, ha habido una mejora paulatina en cuanto a las transmisiones televisivas, en logística interna de los clubes y pequeños aumentos salariales, aún queda mucho por hacer. 

“Es entendible y es normal. Cualquier negocio nuevo no puede empezar siendo lucrativo. Pero el que lo entienda no quiere decir que lo justifique o lo valide. Creo que de forma general no es sano para el mundo que el futbol mueva tanto dinero”, opina Ana Paola López.  

Ana Paola aseguró que muchas jugadoras están buscando que el futbol profesional sea bien pagado y que el sueldo promedio sólo retribuya lo que ellas aportan. “Simplemente queremos que sea algo justo, digno”. 

Ante una situación con la que han vivido desde el arranque de la creación de la Liga MX Femenil, en marzo de 2020 un grupo de jugadoras emitió un manifiesto en el que exponen cinco puntos principales que muestran la injustificable brecha entre hombres y mujeres, entre ellos el tema salarial, la desigualdad laboral y el ser reconocidas como personas. 

La publicación del manifiesto coincidió con la pandemia de la covid-19, lo que a su vez complicó el seguimiento puntual de las peticiones. “La pandemia nos afectó. Estamos en stand by (pausa). Pero lo que sí se logró fue una acción colectiva de jugadoras, no lo habíamos hecho nunca”. 

Para ella, existe un elemento positivo. “En general, las chavas de la liga entienden el camino que hay que recorrer. Queremos una liga que no sea efímera, que perdure. Continuar una liga para las que vienen, pero que sea en un mejor entorno”, apuntó la jugadora del Pachuca. 

Desigualdad desde la infancia 

Una de esas jóvenes que sueña con trascender en el futbol femenil a nivel mundial es la saltillense Luciana Rodríguez Hernández, quien ha jugado desde los 11 años, y hoy con 18 años, es consciente de los retos a los que puede enfrentarse en el futbol femenil profesional. 

“A pesar de toda la adversidad que existe (falta de seguimiento y bajos sueldos), si logras destacar, puedes emigrar a Estados Unidos o a Europa, o competir por un lugar para selección nacional. Puedes buscar una beca, lo cual es un plus”, explica Luciana. 

Actual jugadora de Aztecas de Torreón y Millenials de Saltillo, opina que la verdadera inclusión en el futbol aún puede tardar años. 

Juan Rodríguez Camacho, padre de Luciana, alienta el esfuerzo de su hija por seguir en el fútbol profesional y cree que los directivos deberían asumir una realidad que no desean ver: “El futbol femenil también es negocio. Si se va a hablar de dinero, que inviertan. Sí van a recuperar la inversión”. 

Iván de Jesús García, entrenador del equipo de futbol femenil Lobas de la Universidad Autónoma de Coahuila, piensa que la preparación deportiva desde la infancia es clave para sobrellevar éstas y otras condiciones. 

“Hay que empezar a crear una categoría infantil de niñas. Eso es muy importante para darles confianza”, dice el entrenador. Ante la falta de futbol infantil para niñas, se produce un fenómeno: “Ya no ves sólo a una niña jugando en equipos de hombres, ya ves hasta cuatro”. 

Mujeres pagarían por grito homofóbico 

Luego de que la FIFA impuso a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) un castigo de dos partidos de veto en público debido a la reiterada conducta del público que asiste a los partidos de gritar expresiones homofóbicas, los dirigentes encontrar on la manera de salir de la situación: que la selección femenil también sea sancionada.  

Ana Paola López está en contra: “Se me hace triste que la sanción recaiga en ellas. En la femenil no ocurre eso, no es como que estés portereando y te digan “puta”. La selección femenil no lo merece”, considera la jugadora del Pachuca. 

 “Visto como negocio se entiende, pero que se entienda no quiere decir que se justifique o se valide. Entiendo la dinámica del negocio, pero como mujer y estando de este lado, no es como que te encante”, concluye Ana Paola López. 

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Amplían la concesión de la mina El Boleo 
a pesar de la instrucción de López Obrador

Ni las declaraciones en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni los reportes científicos sobre la contaminación o las protestas de ambientalistas, impidieron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizara a la minera El Boleo extender su concesión a más de 4 millones y medio de metros cuadrados para realizar extracción de cobre, cobalto, zinc y manganeso.

El 27 de junio de este 2021, casi tres meses después de que el presidente insistió en que no se ampliaría la concesión de esa minera en particular, la Semarnat anunció que se le había concedido permiso a Kores, empresa cuya propiedad mayoritaria pertenece al gobierno de Corea del Sur, para ampliar la zona de explotación de la Mina El Boleo durante 16 años más.

Por Adriana Márquez, Karina Lizárraga, Mahatma Fong y Diego Soto

Con su hablar pausado, dominando el escenario de sus conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovecha una pregunta sobre un conflicto en una mina de Jalisco para remachar una de sus líneas favoritas: su gobierno no entregará, como lo hicieron sus antecesores en el cargo, ninguna concesión minera. 

Este 15 de abril de 2021 insiste, como lo ha hecho en más de 15 ocasiones desde que llegó a Palacio Nacional, que sus “instrucciones” han sido muy claras: no entregar “ninguna concesión minera, ni ampliación”.

Como prueba de su “instrucción”, menciona un ejemplo: “Nos estaban pidiendo un permiso hace poco para la mina El Boleo, en Baja California Sur, que ya la van a cerrar y que querían un permiso para 300, 400 hectáreas, y les dije que no, que ya no podemos seguir entregando estas concesiones”.

No se concederá la ampliación, recalca de nuevo. A menos, advierte, que “no nos hayan hecho caso”. 

La de ese 15 de abril no era la primera vez que López Obrador mencionara a esa mina, enclavada en el municipio de Mulegé. Dos semanas después, el 30 de abril, el Boleo vuelve a su discurso. “A nombre de los trabajadores”, dice un reportero, le pide al presidente que reconsidere la negativa a autorizar la ampliación de la mina. 

Esta vez, el presidente abre una rendija. “(Eso de El Boleo ) lo está viendo la Secretaría de Medio Ambiente para analizar la conveniencia de entregar el permiso porque, en efecto, no estamos entregando concesiones nuevas para la minería, por el daño ecológico que ocasionan. Lo que no se veía, lo que no denunciaban los ambientalistas, unos auténticos, otros falsos, seudoambientalistas, sometidos al poder y a los grupos de intereses creados”.

Si alguien quiere apretar un botón correcto, que le pregunte al presidente sobre el tema de las concesiones mineras. Tendrá respuestas contundentes.  

“Para qué tanta tierra concesionada?”, cuestionó en agosto de 2019. Él mismo respondió: “Fue mucho lo que se entregó en el periodo neoliberal”. Y recalcó que Felipe Calderón entregó 30 millones de hectáreas y que de Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto se concedieron 90 millones de hectáreas.

Hace apenas unas semanas, se escuchó otra vez el compromiso presidencial de que no habrá más concesiones mineras.

El pasado 28 de julio, López Obrador remachó el punto en su respuesta al periodista Julio Hernández, quien denunciaba el intento de afectar un área natural protegida en San Luis Potosí.

“No vamos a dar ninguna concesión, ningún permiso que vaya en contra del medio ambiente. Hasta el día de hoy, no hemos actuado de esa manera y no lo vamos a hacer. No somos iguales, Julio”, replicó el presidente.

Es más, continuó, no se puede comparar a nuestro gobierno con lo que hizo Vicente Fox, de destruir el Cerro de San Pedro por la minería. “Nosotros no hemos dado una concesión para explotación minera·”. 

Estas referencias a las concesiones mineras forman parte del total de 152 momentos en que el presidente ha mencionado directa o indirectamente el tema; de ellas, en al menos 16 ha dicho que no se entregarían más concesiones durante su gobierno.

A menos, como dijo él, que no le hicieran caso. 

Y eso es lo que hizo, con o sin aprobación presidencial, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): el 27 de junio de este 2021 aprobó la extensión de 466 hectáreas a la concesión de la mina El Boleo. 

Una extensión de 4 millones 660 mil metros cuadrados, equivalentes a más o menos 100 veces el Zócalo de la Ciudad de México.

* * *

Descubierta en 1868, la mina El Boleo es una de las más antiguas en México. Su nombre, El Boleo, se deriva de la forma de bola de los metales que se obtienen, entre ellos el cobre, el que más se extrae. Durante décadas estuvo inhabilitada. De ella se había extraído todo lo que en su momento podía obtenerse con la tecnología existente.

Entre 1972 y 2006 la extracción estuvo interrumpida hasta que nuevamente se concesionó a un consorcio integrado en ese momento por, entre otras, las siguientes cinco empresas: Korea Resources Corporation, una empresa del gobierno de Corea del Sur; Jikko Coper, Hyundai Hysco, SK Networks y Lljin Copper Foil. 

Unos años después, en 2012, se reiniciaron actividades en la mina. Un boletín de la Secretaría de Economía muestra una imagen del momento en que el entonces gobernador Marcos Covarrubias y el entonces alcalde de Mulegé, Guillermo Santillán, develaban una placa para dejar constancia de la ocasión.

El proyecto, según el comunicado, contaba con una inversión total de mil 300 millones de dólares y crearía más de 2 mil empleos. Y tenía previsto extraer del suelo sudcaliforniano 78 millones de toneladas métricas, lo que permitiría producir anualmente 50 mil toneladas de cobre, 2 mil toneladas de cobalto y 10 mil de sulfato de zinc en un periodo de 20 años.

Sin embargo, los metales y minerales se agotaron antes. Dado que en 2015 se comenzó formalmente la explotación, en menos de cinco años se habían agotado las reservas en el área autorizada.

Por eso, en julio de 2019 la empresa solicitó un nuevo permiso a la Semarnat para realizar una ampliación del minado superficial de 446 hectáreas durante 16 años. 

Y ese es precisamente el permiso que, en contra de lo que López Obrador dijo, la Semarnat autorizó el 27 de junio de 2021.

La apuesta en esta ocasión es obtener una producción anual de 30 mil toneladas de cobre fino, 800 toneladas de cobalto metálico y mil 187 toneladas de sulfato de zinc. También se ha incluido el manganeso, aunque no se tienen los cálculos de cuándo y cuánto se pueda extraer.

* * *

El 15 de abril de este 2021 es clave en esta historia. Luego de que por la mañana López Obrador presumió que había dado instrucciones para no conceder más permisos a empresas mineras, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, respondió con una “invitación” al gobierno federal a reflexionar sobre el impacto que representaría el cierre de El Boleo.

Y puso en la mesa las siguientes cifras: 12 de cada 100 empleos en el municipio de Mulegé son generados por la mina; se perderían más de mil 700 empleos directos e indirectos; se afectaría a casi 4 mil proveedores y se perderían 300 millones de pesos que la empresa paga en IVA cada año.

En su mensaje el gobernador decía que si se le negaba la autorización, la empresa había valorado la opción de cerrar, “lo cual significa un grave daño a la economía de miles de familias y la estabilidad social de Mulegé y el norte del estado de Baja California Sur”. 

Y volvía a hacer un llamado al gobierno federal: “El Boleo es una empresa seria, que ha contribuido al crecimiento de BCS y ha demostrado ser responsable con el medioambiente”, además de que la superficie solicitada se encontraba dentro de las concesiones mineras entregadas previamente a la empresa. 

* * *

En la medida en que el presidente aseguraba que no habría más concesiones y el gobernador advertía que la empresa cerraría sus puertas y apagaría sus máquinas si se le negaba la extensión solicitada, el tema se fue metiendo al debate público del estado.

Al ritmo de las campañas electorales para relevo de gobernador, el tema se incorporó al debate social: un sector defendía a la mina y otro destacaba los riesgos ambientales que representa su operación. 

Cuando menos se esperaba, la Semarnat anunció una consulta ciudadana en la zona de impacto de la mina, específicamente en Santa Rosalía (capital del municipio de Mulegé), San Bruno, San Ignacio y Mulegé, con la idea de que fueran “sus habitantes quienes decidan si debe continuar operando”.

Semarnat emitió una convocatoria a través de su sitio de internet a participar en un foro previo a una consulta directa para que la población evaluara la permanencia o no de la mina. La votación se hizo del 18 al 10 de junio.

Los resultados favorecieron a la empresa minera: 89 por ciento de los 2 mil 481 ciudadanos que acudieron a votar lo hicieron por la ampliación de la mina, aunque el porcentaje de participación fue muy bajo, si se considera que sólo Mulegé tiene 60 mil habitantes. 

La Mina El Boleo festejó esos resultados. El 21 de junio se difundieron carteles con la leyenda “Misión Cumplida”. Y el siguiente texto: “Con mucha alegría les compartimos que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que fue objeto del Foro de Consulta realizado del 18 al 20 de junio, ¡fue aprobado y recibida por el Boleo oficialmente el día de hoy!”.

La mina reforzaba el mensaje: “Boleo reafirma su compromiso de cumplir cabalmente con todas y cada una de las normas ambientales y de las condiciones de los permisos y concesiones obtenidos. ¡Mil gracias!”.

Sin embargo, fue un proceso cuestionado por diversas razones, entre las cuales se encuentra la intromisión de la empresa, fenómeno que ha sido denunciado en consultas similares como esta, así como la omisión de las autoridades para conducir de manera justa el proceso de consulta y votación.  

El Frente Común por la Defensa de Loreto (Frecodel), una organización civil dedicada a la preservación del medio ambiente, se opuso a este proceso de consulta por considerar que sólo era una simulación que pretendía favorecer a la minera coreana. “Someter a la comunidad a un supuesto foro con el propósito de hacerle votar es inaceptable”, expuso la organización en un comunicado consignado en medios locales. 

Por ello, mostró su rechazo a “la simulación tendiente a obtener la aprobación social de un proyecto depredador y contaminante”. Y destacó un punto hasta ahora ignorado: en Baja California Sur, como en otros estados, se usan instrumentos de participación social y de acceso a la justicia ambiental “de manera contraria al espíritu de su creación”. 

El Frecodel realizó un monitoreo sobre la actitud de las autoridades durante la consulta ciudadana y documentó irregularidades, “sobre todo intromisión excesiva de personal de la mina en distintas etapas de la consulta” y “ausencias de los organizadores, tanto de la Secretaría de Bienestar como de la Semarnat”.

Cecilia Fischer Cavia, integrante de Frecodel, menciona que en la mayoría de las urnas donde la ciudadanía participó no hubo “presencia de un comité ciudadano y en ocasiones tampoco la autoridad estuvo ahí”, lo que “demuestra falta de vigilancia en el proceso y la puerta abierta para manejos a modo de los organizadores”.   

En San Bruno, ejemplifica Fischer Cavia en entrevista con InquireFirst, las actas de salida no estaban respaldadas con las firmas de la autoridad y los únicos observadores de las urnas eran trabajadores de la misma mina, quienes se encargaron del proceso.

En Mulegé, la segunda locación con más habitantes de los cuatro lugares consultados, sólo pudo reunir en su etapa informativa a “una persona de los nueve mil posibles que marca el padrón electoral”. 

La organización también documentó la poca difusión y promoción de las actividades de la consulta, que contrastó con la actividad de propaganda desplegada por la minera. “Eso sí, el día de la votación, y solo en Santa Rosalía, se permitió un carro de perifoneo de la empresa que invitaba a la ciudadanía a salir a participar [pero decían “vota a favor¨], por el bien del pueblo”. 

Además, dice la integrante de Frecodel, en el Foro de Consulta Ciudadana no se permitió la participación de especialistas ambientales y solo hubo “información escueta repartida en volantes, trípticos y folletos. Las preguntas y cuestionamientos que se presentaron no fueron, ni de lejos, contestados”. En síntesis, “este foro no funcionó como un foro”.

Para el Frecodel es evidente que la intención era lograr la aprobación social con un foro que “más que informar de los riesgos ambientales por la expansión del proyecto, pareciera la promoción de éste, para lograr votos que le den la anuencia social”.

Hubo irregularidades desde la etapa informativa, insiste. Si no se documenta y se informa de manera sencilla a la población, el resultado en el mejor de los casos es una opinión basada en percepciones muy “superficiales” del tema. 

“Una persona desinformada, remata Fischer Cavia, es más propensa a la persuasión”.

* * *

Oriunda de la “capital histórica de las Californias”, como dice ella, Cecilia Fischer destaca que el presunto cuidado del medio ambiente es precisamente lo que menos convence a quienes cuestionan la existencia de la minera y el que se haya autorizado su extensión.

Lamenta por ello que no se haya invitado a especialistas que han realizado estudios científicos sobre el impacto de las actividades mineras en el medio ambiente de las localidades y playas del estado. 

Fischer Cavia hace referencia a los estudios que han encontrado presencia inusual, por encima de límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud, de metales pesados en las llamadas “playas negras” de Santa Rosalía.   

El estudio, publicado en la revista Estuarine, Coastal and Shelf Science, registró la presencia de contaminantes vinculados al proceso metalúrgico que utiliza la minera El Boleo y que no se encuentran de manera natural en el suelo: cobalto, cadmio, zinc, arsénico, manganeso y plomo, entre otros.

Titulado “Toxicidad potencial de elementos químicos en sedimentos de playas cercanas a la Mina de Cobre de Santa Rosalía, Baja California Sur”, el estudio fue realizado por científicos del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo y del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, ambos del Instituto Politècnico Nacional. 

Uno de los autores es Jonathan Muthuswamy Ponniah, quien presentó en 2019 los resultados a ciudadanos de Santa Rosalía y de Loreto. El hallazgo de estos elementos en las playas, comentó, son resultado de los ciclos de extracción y fundición de la minera. 

Y puntualizó uno de los resultados más relevantes: las concentraciones de los metales encontrados en las muestras estudiadas rebasaron los límites permitidos.

En entrevista con InquireFirst, Jonathan Muthuswamy detalló los resultados de su trabajo: “Estos desechos pueden provenir de la minería o alguna actividad industrial; algunos metales pesados son tóxicos para la salud humana y para organismos marinos, como peces u otras especies. Estos peces pueden absorber los metales pesados y después estos se transfieren a los humanos al momento de consumirlos”.

Como este especialista y otros no fueron convocados al foro, dice Fischer Cavia, preguntamos a las autoridades de la Semarnat ¿qué especialistas y expertos con estudios y datos precisos informarían a la población de los riesgos reales en relación con el agua, suelo, mar, aire, flora, fauna, salud y calidad de vida que implica este proyecto?, o ¿qué estudios se presentarían del impacto ambiental que ha provocado la operación de la mina El Boleo? 

“No hubo ninguna respuesta”.

* * *

Las quejas contra la minera coreana también se extienden a sus prácticas laborales. Trabajadores de El Boleo han realizado protestas ante la injerencia de la empresa en la organización sindical y han pedido a las autoridades laborales que desconozcan el contrato que la primera firmó con una persona que ni siquiera pertenece al sindicato.

“El representante de los trabajadores no surgió de las filas del sindicato, sino que es un empleado que la empresa contrató desde el principio como líder sindical”, denunció en 2016 el entonces diputado Camilo Torres Mejía en la tribuna del Congreso local. 

Torres Mejía señaló que la empresa “no permite que los trabajadores elijan libremente a quien habrá de representar sus intereses”, lo que ha permitido que se violen las condiciones generales de trabajo. “Ha habido accidentes laborales, despidos injustificados, más de 200 en dos años, y nadie ha atendido este tipo de problemas, ni autoridades y mucho menos la empresa”, reclamó el diputado, según consignó el portal de noticias El Informante.

El entonces diputado por el Partido del Trabajo hizo notar, además, que la empresa adeudaba en ese momento al gobierno municipal más de 600 millones de pesos por concepto de impuestos y derechos. “No entiendo cuáles son los grandes beneficios que obtiene el estado y los muleginos de esta empresa, o para quién son los beneficios que genera”.

Las y los autores de este reportaje solicitaron entrevistas al presidente municipal de Mulegé, Felipe Prado Bautista; a la encargada de despacho de la delegación de la Semarnat, Daniela Quinto Padilla; así como a funcionarios de la empresa. Al cierre de esta edición, no habíamos recibido respuesta.    

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No una sino dos veces, el Congreso de Yucatán ha rechazado iniciativas de ley para garantizar el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. En ambas ocasiones la mayoría de legisladores locales acordó que el voto fuera secreto, lo que fue calificado por la Suprema Corte de Justicia como “contrario a la democracia”.

Organizaciones y activistas consideran que es un hecho muy grave, pues vulnera los derechos de las personas de la comunidad LGBTI (lesbianas, bisexuales, gays, transgénero e intersexuales), ya que al no poder casarse no tienen la posibilidad de otorgar protección legal a sus cónyuges, como seguridad social, créditos para vivienda o reconocimiento de paternidades y maternidades.

En el México de 2021, Yucatán se aferra a una legislación que discrimina a quienes no son heterosexuales y los condena a ser ciudadanía de segunda clase.

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Por Karen Uc, Alejandro Azarcoya y Josseline Tun

Blanca Guadalupe Canul tiene 27 años, es inspectora de calidad en una fábrica en Mérida, madre de un niño de nueve años y se reconoce como lesbiana. Desde hace año y medio vive en concubinato con Aylín Lucero Euan, quien perdió su empleo en 2020, en plena pandemia de covid-19.

Como Aylín se quedó sin cobertura médica, Lupita acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a solicitar la afiliación para su hijo y su pareja. Pero no hubo final feliz: sólo quisieron dar de alta al menor.

“Me mandaron a la fregada”, cuenta Guadalupe. Intentó hacer valer sus derechos como trabajadora ante la funcionaria del IMSS, pero la respuesta fue tajante: “No, mientras no estén casadas”. Increíble, porque en Yucatán el matrimonio igualitario no existe. Insistió una vez más: “Pero ella vive conmigo”. Sólo consiguió una segunda negativa: “No, tienes que estar casada”.

“Yo tenía el pendiente por todo lo que Aylín está pasando ahorita, poder ayudarla en ese sentido, y pues no pude”, recuerda Guadalupe. “Fue muy triste”.

De las 32 entidades de la República mexicana, 21 han reformado sus leyes para legalizar el matrimonio igualitario, pero 11 aún se resisten. De éstos, Yucatán es un caso especial: en dos ocasiones el Congreso local ha rechazado la iniciativa de ley para permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

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Guadalupe y Aylín quieren casarse una vez que se sientan seguras de dar ese paso. “Vivir una experiencia como las parejas de heteros (heterosexuales). Si ellos pueden, por qué nosotras no. Sí me gustaría irnos a la iglesia, al Registro Civil, a una fiesta con la familia, no por firmar un papel, sino porque nosotras también tenemos el derecho de hacerlo”.

De hecho, ya imagina su boda así: “Ella, con su vestido; yo, con mi traje, así bien elegante. Mis amigos y mi hermana, que serían… ¿cómo serían? No sé, en vez de damas como padrinos. Están ahí ellos, de traje. Sí, sí. Y las damas, no sé… ¡Estaría bien padre!”.

Una ceremonia quizás en la playa. Sobre la arena, el sonido de las olas como fondo. Con música, claro. Algo en grande “y quedarnos pobres por eso”, bromea Guadalupe.

Pero tendría que ser lejos de casa y solamente con aquellos amigos que puedan costear su traslado y hospedaje, pues las parejas homosexuales que desean contraer matrimonio en Yucatán deben ampararse primero, algo que Guadalupe no está dispuesta a hacer.

–¿Han pensado en recurrir a un amparo?

–No, yo preferiría irme a otro estado. Siento que si hago ese trámite estoy haciendo algo malo, y no, sino que debe ser normal.

Cásese quien pueda

La opción que Guadalupe rechaza y no está dispuesta a tomar es la presentación de un recurso judicial que la ampare y le permita casarse. Se requieren abogados y es muy costoso.

“Se me hace muy injusto que las parejas del mismo sexo tengan que pagar más de 40 mil pesos” por un trámite que “a cualquier ciudadano le cuesta menos de 200 pesos”, se queja Douglas Canul Rodríguez, presidente de la Red de Personas Afectadas por VIH (Repavih), asociación civil que asiste a personas diagnosticadas con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

Douglas sabe de lo que habla: en 2014 se casó con Pablo Alemán en Yucatán, previo juicio de amparo.

No ha sido el único problema cuya resolución se logró con la ayuda de abogados; también recurrió a ellos para que su primer hijo fuera reconocido en el Registro Civil.

“Esos obstáculos se han revertido por medio de juicios de amparo que han salido favorables”, cuenta Pablo, quien es activista de derechos humanos y profesor universitario en Mérida, la capital yucateca. “Hemos demostrado completamente tener la razón jurídica, por lo que la ley nos ampara. Así hemos podido casarnos y registrar a nuestros dos hijos con nuestros apellidos”.

Douglas presume a InquireFirst que su hijo Ramón, hoy de cinco años, fue “el primer mexicano registrado en el país (con padres del mismo sexo). Tiene ese precedente en todo México y es nacido en suelo yucateco”, dice orgullosamente.

Para ellos, como para miles de parejas homosexuales, formar una familia con todos los derechos que otorga la Constitución a cualquier ciudadano ha sido complicado.

Y aunque Pablo y su pareja cuentan con recursos económicos que les han allanado el camino, el hecho de que no todas las personas puedan vivir su vida en las mismas condiciones sólo por su orientación sexual “es una desigualdad”, reconoce el profesor. “Es una tarea del Poder Legislativo de cada estado equiparar estas situaciones”.

Pablo critica que en el Congreso yucateco se haya votado mayoritariamente en contra del matrimonio igualitario. “Al momento de votar, lo hicieron de forma contraria, incluso sabiendo que está mal negar un derecho. Se ha hecho de manera anónima para que no reciban esa recriminación de la sociedad”.

La negativa de diputadas y diputados locales afecta de múltiples formas a quienes se identifican como parte de la comunidad LGBTI. “Existen las personas y las parejas que desean contraer matrimonio, y otras que necesitan contraer matrimonio”, comenta por separado Amelia Ojeda, coordinadora jurídica de la asociación civil Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse).

“Estamos hablando de parejas que han construido un patrimonio durante muchos años, que requieren seguridad social o un crédito conjunto para adquirir una casa, pedir pensión, muchas cosas a las que se puede tener acceso” estando casados, detalla la abogada.

El Código Familiar de Yucatán, que sólo reconoce como matrimonio a la unión hombre-mujer, es inconstitucional, tal y como lo menciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remarca Ojeda.

Y hace notar lo que para ella es un absurdo. “Es como que si ahorita se dijera que los contratos de compraventa no los pueden celebrar quienes tengan 50 años; las personas de 50 años también necesitan celebrar ese contrato de compraventa. Es lo mismo”, explica.

Sin embargo, en esta parte de la península “el contrato civil relacionado con el matrimonio no lo pueden celebrar quienes no sean parejas heterosexuales”.

La abogada aclara, de paso, que no existe como tal “el matrimonio” y “el matrimonio igualitario”. “El matrimonio es el matrimonio, como figura jurídica, como contrato civil que da acceso al ejercicio de otros derechos, como seguridad, derechos de familia, herencia, patrimonio, etcétera”.

A unos 200 kilómetros, en el vecino estado de Quintana Roo, el matrimonio entre parejas del mismo sexo es tan legal como el de las heterosexuales. Sólo hay que llegar hasta ahí.

“Mucha gente se va a casar a Cancún, a la Riviera Maya, porque lo hacen en la playa, por la fiesta, por distintas razones –continúa la defensora de derechos humanos–. En donde te cases es válido. Tu acta de matrimonio es válida en todo el país, al igual que quienes se casan por amparo” en Yucatán.

Voto en lo oscurito

En Yucatán no sólo no se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de toda la población mexicana, sino que se han dado pasos atrás. Hasta hace poco más de una década el Código de Familia para el Estado de Yucatán definía al matrimonio como “la unión de dos personas”, pero en 2009 se produjo el retroceso cuando se incorporó el concepto como “la unión de un hombre y una mujer”.

“Eso que ya teníamos subsanado de manera natural, hoy le cierra las puertas a las parejas que se quieran casar que no sean un hombre y una mujer”, explica la diputada independiente María de los Milagros Romero Bastarrachea a InquireFirst.

Romero Bastarrachea, quien preside la Comisión de Igualdad del Congreso de Yucatán, reconoce que a partir de ese cambio la lucha por la aprobación del matrimonio igualitario se estancó en el Poder Legislativo de este estado de la República.

Hace un par de años se presentó en dos sesiones legislativas distintas una iniciativa para reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. En esas dos ocasiones, 10 de abril y 15 de julio de 2019, la propuesta fue rechazada por mayoría.

La mayoría de diputadas y diputados acordó también en ambos casos ocultar el sentido de su voto. Solamente subieron a tribuna quienes votaron en favor de la iniciativa de ley o quienes estaban en contra de que la votación fuera secreta.

Los votos decisivos, los que negaron la posibilidad de que se aprobara la ley, no se transparentaron.

En la sesión del 10 de abril, Silvia López Escoffié, entonces legisladora por Movimiento Ciudadano, pidió someter a discusión la votación secreta. Esa modalidad, argumentó, sólo se usa “para elegir a funcionarios o integrantes de órganos del gobierno”. Es necesario que “cada diputado se haga responsable de su voto”, insistió.

Se dirigió a los ciudadanos presentes en el Congreso y les dijo: si se hace en secreto, “ninguno de ustedes va a saber cómo votó cada uno de los diputados”.

La intervención de López Escoffié encendió el debate. Al final, Alejandro Cuevas, del PRD, quien estuvo abiertamente en favor del matrimonio igualitario, se manifestó por realizar la votación secreta para evitar represalias contra ellos.

Es necesario que “cada diputado se haga responsable de su voto”, insistió López Escoffié. 
Se dirigió a los ciudadanos presentes en el Congreso y les dijo: si se hace en secreto, “ninguno de ustedes va a saber cómo votó cada uno de los diputados”.

En la sesión del 15 de julio, la participación no fue muy diferente. La única que habló en contra de la votación secreta fue la diputada Romero Bastarrachea: “el reglamento de la Ley de Gobierno es el que nos rige y no encuentro en ninguna parte (de este reglamento) razón legal para que pueda someter esto a votación por cédula”, le reclamó al entonces presidente del Congreso, el priista Enrique Castillo Ruz.

Las cosas no cambiaron. Castillo Ruz decretó la votación oculta con la justificación de que era para proteger la integridad de diputados y diputadas, ya que habían recibido amenazas e incluso, argumentó, una legisladora había sido herida.

El ambiente en las galeras del Congreso era representativo de lo que ocurría. Por una parte, había carteles en contra de la iniciativa: “Familia al frente”, “Soy Pro familia”, “Familia = Hombre más Mujer”, “Matrimonio es entre hombre y mujer”, “Niños y niñas tienen derecho a un papá varón y una mamá mujer” y “Respeten la Constitución”, entre otros.

Quienes buscaban el reconocimiento de los derechos de toda la población, portaban banderas con el arcoíris y leyendas como “Las mismas leyes, los mismos derechos”, “Derechos para todos”, “Si Dios es amor, ¿por qué nos odias?”.

No hubo manera: por 15 votos en contra y nueve a favor, se rechazó por segunda vez reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en Yucatán.

Castillo Ruz quiso echar cerrojo al tema: “Se declara un asunto totalmente concluido”, expresó al final de aquella sesión.

No es así. Mientras existan en Yucatán personas homosexuales que deseen casarse, “el asunto” seguirá abierto.

De hecho, hace unos días el tema revivió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aunque estaba previsto que el pasado 7 de julio se discutiera el amparo 27/2021 contra la votación secreta e inconstitucional del Congreso de Yucatán sobre el matrimonio igualitario, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ordenó, a último momento, aplazar la discusión.

Cuando se aborde la petición de amparo, promovida por las organizaciones Artículo 19, Indignación, Unasse y Protección de Todas las Familias en Yucatán (PTFYuc), se resolverá si la votación secreta del Congreso local sobre la inicitiva en favor del matrimonio igualitario es violatoria de derechos humanos.

Intervendrá la Corte

Hace unos días el tema revivió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aunque estaba previsto que el pasado 7 de julio se discutiera el amparo 27/2021 contra la votación secreta e inconstitucional del Congreso de Yucatán sobre el matrimonio igualitario, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ordenó, a último momento, aplazar la discusión.

Cuando se aborde la petición de amparo, promovida por las organizaciones Artículo 19, Indignación, Unasse y Protección de Todas las Familias en Yucatán (PTFYuc), se resolverá si la votación secreta del Congreso local sobre la inicitiva en favor del matrimonio igualitario es violatoria de derechos humanos.

La homosexualidad no es
una decisión, la homofobia sí

Sara Palmer, integrante de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, afirma en entrevista con InquireFirst no tener ningún problema con el matrimonio ni con el hecho de que las personas se casen. Pero cree que el matrimonio igualitario no debe ser aprobado “porque se ha comprobado que los niños en familias de papá y mamá tienen un bienestar mayor. Entonces hay que garantizar el bienestar mayor del niño”.

En su opinión, “el matrimonio es para formar una familia (…). Hay que ver los pros y contras antes de hacer las cosas”.

No aporta, sin embargo, evidencia alguna de que esté comprobado que los niños en familias hombre-mujer tengan un mayor bienestar.

En Yucatán existen otros puntos de vista.

Por ejemplo, Grisel Bote, psicóloga humanista, cita diversos estudios que muestran cómo “el tener dos madres o dos padres no impacta en el desarrollo cognitivo o la salud mental de los niños”. Tiene más relevancia en la crianza de las hijas o hijos, destaca, “el cómo se les cría, la seguridad que se les brinda”.

Si en parejas heterosexuales existen problemas y no siempre se les otorga a los hijas o hijos amor o una atención con la calidad adecuada, reflexiona la psicóloga, “lo mismo pasa con una pareja homosexual”.

Lo más importante, reitera a InquireFirst, es proveer “seguridad en el entorno familiar, más que tener dos mamás o dos papás”.

Mariana Pasos, alumna de la licenciatura en Educación, dirigente estudiantil y quien se reconoce como bisexual, hace hincapié en el papel de las y los profesores como piezas fundamentales en la defensa de los derechos humanos y la no discriminación.

“Visibilizar es la palabra que siempre deberíamos llevar como un estandarte”, indica respecto a las situaciones que se presentan en las escuelas: paternidades y maternidades homosexuales, docentes de la comunidad LGBTI o estudiantes en camino de descubrir quiénes son.

“Al final del día –destaca Mariana–, la homosexualidad no es una decisión, pero la homofobia sí”.

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Es el Estado

Esa es la postura de Carlos Méndez, director del albergue Oasis de San Juan de Dios, un centro de apoyo y atención para personas con VIH, quien responsabiliza al Congreso de Yucatán de estar “violando los derechos humanos y los derechos a beneficios del Estado de la gente. No sólo se viola el derecho a casarse, se está hablando de mucho más”.

Y aunque para numerosas parejas del mismo sexo los recursos legales no son una opción aceptable, organizaciones sociales como Unasse sí lo ven como una alternativa, sobre todo si se busca “incidencia social”.

Por ello, ha interpuesto más de 200 amparos individuales para que personas homosexuales accedan al derecho a casarse en Yucatán. “Es necesario –destaca Amelia Ojeda– que cada vez haya más voces que pidan que se hagan los cambios en la ley y que apoyen el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas LGBTI”.

El matrimonio como tal, insiste la abogada, no es un derecho humano: “el derecho humano es a la igualdad y a la no discriminación en el acceso al matrimonio”.

(Con la contribución de Alejandra Barceló)

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El 23 de junio pasado, un montón de plafón y fierros se desplomó sobre los parabrisas de dos autos que circulaban sobre Calzada de Tlalpan. El material cayó desde una de las pasarelas elevadas que conectan los andenes con la taquilla de la estación del metro Villa de Cortés.

Esta fue sólo la última de una serie de irregularidades en torno a una obra que, impulsada por una empresa privada y con el permiso de las autoridades, intentó convertir el espacio público en un negocio familiar y millonario.

Por Montserrat Peralta, Vanessa Cisneros, Estefanía Sánchez y Juan Gómez

Salvador Munguía se dio cuenta a la hora del desayuno. Un dolor agudo le atenazó la mandíbula. Comenzaba el año 2018. La construcción de un edificio, a unos cuantos metros de su casa, había durado ya meses. Ruidos a todas horas. Sin cesar.

No era lo único. Además del escándalo, su casa se cimbraba durante las noches; ni siquiera en la madrugada paraban los trabajos. La ansiedad agravó su bruxismo crónico –un trastorno que te hace chocar los dientes por las noches– y Salvador comenzó a usar protectores bucales para soportarlo.

–Como un boxeador –ríe y sus ojos se agigantan aún más por el doble aumento de sus lentes. 

No sirvió de nada: esa mañana, su segundo molar, el superior izquierdo, amaneció partido en dos.

A Salvador ya le preocupaba la epidemia de plazas comerciales que se extendía por la ciudad. El furor inmobiliario se había acomodado junto a su puerta. Las sacudidas, que él sentía casi como impactos sísmicos, lo empujaron a presentar quejas, denuncias y a enviar cartas ante cualquier dependencia de gobierno que pudiera frenar las obras. Cuando de milagro lo escuchaban y las obras se detenían, era sólo para reanudar pocas semanas después.

Hoy cualquier ruido lo estremece. Su presión sanguínea llegó a niveles de alarma y no parece estar dispuesta a bajar. Necesitará medicación de por vida y, mientras no regule su hipertensión, no podrá someterse a cirugía para extraer su muela rota.

Enfadado, Salvador dice que la torre de ocho niveles que se construye junto a su casa no solamente es molesta: se ubica sobre la estación del metro Villa de Cortés, un espacio público.

“Es un negocio en beneficio de unos cuantos”, se queja. Su profesión de contador le hace intuir que este asunto no pinta nada bien y que hay arreglos poco claros.

Posee un buen olfato profesional el vecino de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez. Hace cuatro años, el SCT–Metro le entregó, le alquiló, le concesionó –cualquiera de esos verbos aplica correctamente– la estación Villa de Cortés a una empresa privada.

Le permitió, en otras palabras, convertir la estación en una plaza comercial a cambio de una renta de 45 mil 240 pesos al mes. Sí, esa cantidad, más los gastos derivados de la renovación y adaptación.

A cambio, la compañía obtuvo el derecho de construir espacios y locales comerciales en una de las estaciones de más afluencia, por conectar el sur con el centro de la ciudad, lo cual le dejará un beneficio de al menos un millón 800 mil pesos mensuales sólo en rentas.

Sí, don Salvador, tiene razón.

Dos depósitos por adelantado y un “guante”

“Renta de locales comerciales”, dice el anuncio sobre un muro de tabla roca desnuda. Estamos sobre una de las pasarelas elevadas que cruzan Calzada de Tlalpan y que conectan la taquilla con el andén de la estación del metro Villa de Cortés.

Aunque los carteles anuncian que pronto todo este espacio será una plaza comercial, el lugar está en obra desde hace casi cinco años, desde 2016. 

Hace unas semanas –cerca de las 10 de la mañana del 23 de junio– un montón de plafón y fierros se desplomaron desde uno de estos pasajes elevados y destrozaron el parabrisas de dos autos que circulaban por Calzada de Tlalpan.

Todo comenzó el 15 de septiembre de 2016. Ese día las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro otorgaron a la empresa Accesorios Constructivos SA de CV (Accco) un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) con vigencia de 10 años para encargarse de la adaptación, modificación, construcción y explotación de dos torres ubicadas en los dos únicos accesos a la estación Villa de Cortés, además de las pasarelas elevadas y la planta baja.

El permiso –que podría renovarse al término de su vigencia– prevé la demolición de los actuales accesos a la estación, en donde se erigirán edificios de uso mixto, habitacional y comercial, así como la construcción de un puente elevado que cruce Calzada de Tlalpan de extremo a extremo, a lo largo del cual habrá locales comerciales en renta, cuyo funcionamiento podrá ser de 24 horas y contarán con vigilancia.

“Lo que ahí se construya será propiedad del sistema, así que este esquema tiene mucha ventaja para nosotros”, argumentó Roberto Azbell Arellano, entonces subdirector general de Administración y Finanzas del Metro.

El funcionario estaba convencido de las bondades del arreglo, tanto que no importó que la empresa tuviera un adeudo de impuestos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como quedó de manifiesto en la sesión extraordinaria del comité encargado de aprobar los permisos. 

Azbell Arellano reconoció abiertamente que la empresa tenía pendientes con el SAT. El funcionario lo definió como un “problema”. “Existe un adeudo por lo que hace al pago del IVA, estamos en un proceso administrativo ante el SAT”, reconoció, pero le restó importancia. 

En las siguientes semanas, según anunció, se reuniría el director general del Metro con la Secretaría de Finanzas, la Oficialía Mayor y la Procuraduría Fiscal del gobierno de la ciudad “para determinar qué va a pasar con esa parte fiscal que traemos problemas con la empresa”.    

Así que luego de 20 minutos, el funcionario, que fungía como presidente del Comité de Administración y Contratación de Áreas Comerciales y Espacios Publicitarios del Metro dio por concluida la sesión a las 10:30 del 15 de septiembre del 2016.

Así, ese día se aprobó otorgar a Accesorios Constructivos  SA de CV (Accco) la explotación comercial de las pasarelas elevadas sobre Calzada de Tlalpan, la parte baja de la estación a ambos lados de la vía, además de los predios marcados con el número 891 y 858.

Por el derecho de aprovechar un total de 774.8 metros cuadrados, propiedad del SCT–Metro y del gobierno de la Ciudad de México, se fijó un alquiler de 45 mil 240 pesos mensuales. 

El plan comercial de la empresa consiste en subarrendar cada uno de los espacios de la plaza a precios variables, de hasta 108 mil pesos al mes, los más atractivos.

A eso hay que agregar el usufructo económico de las torres de seis niveles que se construyeron a cada lado de la estación. Un piso completo cuesta 81 mil 200 pesos al mes, según el tabulador de precios que la empresa ofrece a los interesados.  

De alquilarse la totalidad de los locales y oficinas disponibles, la empresa obtendrá un ingreso mínimo de un millón 800 mil pesos sólo en rentas, esto es, 40.3 veces más de lo que recibirá el metro como contraprestación.

* * *

Las obras comenzaron el 21 de octubre de 2016. Ese día, el entonces jefe de gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, anunció el arranque de las obras junto a quien en ese tiempo era director del Metro, Jorge Gaviño Ambriz. Informaron que la empresa invertiría 100 millones de pesos en la edificación de las torres comerciales.

A cambio del derecho de alquilar los espacios comerciales, Accco SA de CV se comprometía a remodelar la estación y llevar por su cuenta la seguridad de la zona. 

Según declaró el jefe de gobierno, la obra en Villa de Cortés constituía un “programa piloto”. El plan era construir una plaza comercial o un proyecto similar en todas las estaciones de la Línea 2 ubicadas sobre Calzada de Tlalpan.

Después del incidente de junio pasado –cuando los plafones de la pasarela destrozaron los parabrisas de dos autos en movimiento–, las autoridades del STC anunciaron que el PATR que le permitía explotar la estación estaba ya en proceso de revocación. 

Sin embargo, de acuerdo con una solicitud de transparencia realizada por Inquire First y entregada días antes del accidente, el permiso de la plaza de Villa Cortés continuaba vigente y, al día de hoy, Accco SA de CV sigue ofreciendo sus locales en renta. 

A la fecha, la constructora ha excedido las fechas de entrega prometidas para 2017 y 2020, lo cual sería ya motivo de revocación.

El día de la inauguración, aquel 21 de noviembre de 2016, Gaviño Ambriz pronosticó que la plaza, junto con la nueva estación, estarían listas en un año.  “Es una obra muy rápida”, presumió.

* * *

–El local P4 tiene 18 metros cuadrados y un costo de 52 mil pesos al mes –advierte Daniel Vega, empleado de Accco, quien ofrece un recorrido a cualquiera que pida una cotización–. Lo duro es que pagas “guante”. 

Quienes conocen las dinámicas inmobiliarias saben que el “guante” es una cantidad de dinero otorgada al arrendador para gozar del derecho de renta. Es otras palabras, es un dinero pagado a fondo perdido sólo por tener derecho a rentar. A nada más.

Se acostumbra pagarlo en lugares considerados valiosos por la afluencia de personas. En la estación Villa de Cortés, por ejemplo, transitan más de 25 mil personas a la semana, según presume el empleado de la empresa. Por eso es que se pide a los interesados pagar un “guante” de no menos de 472 mil y de hasta 3 millones 900 mil pesos.

–Es dinero que no se reembolsa –explica Daniel durante un tour por el edificio, donde ya están construidos seis pisos de oficinas todavía sin acabados, agua potable o electricidad.

–¿No me lo tomas a cuenta?

–No te lo tomo a cuenta de nada. Para que yo te lo pueda rentar, tú me tienes que pagar un “guante”: ese dinero es una recuperación que yo necesito para solventar todos los gastos que tengo.

De acuerdo con Vega, la firma inmobiliaria ya está en pláticas con tiendas de autoservicio como OXXO. Un plano de disponibilidad de los locales, en poder de Inquire First y consultado a mediados de julio de 2021, indica que también se piensa instalar un Súper Naturista, una tienda de calzado Panam y una bisutería.

Sólo por concepto de “guante” la arrendadora obtendrá 29.1 millones de pesos y, como solicita dos meses de depósito por adelantado, ese monto se sumaría a otros 3.6 millones de pesos que la empresa tendrá disponible una vez que haya rentado todos sus locales.

A cambio el Metro recibe 45 mil 240 pesos de Accco SA de CV, una razón social que, según los estados financieros del STC al 31 de diciembre de 2020, adeudaba cinco millones de pesos al Metro por concepto de contraprestaciones devengadas no cobradas, ocupando el cuarto lugar en la lista de empresas deudoras. 

La plaza se llama Victoria. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), la plaza fue bautizada así en homenaje a la victoria de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Aunque la placa conmemorativa, ubicada en la fuente art decó que se levanta al centro de la plaza, indica que fue inaugurada un año antes.

–Esta plaza tiene su historia –dice Ernesto Chavarría, vecino de 87 años que vive a unos pasos, en el lado oriente de Calzada de Tlalpan.

La construcción de una de las torres de Accco obligó a reubicar la salida de la estación del metro dentro de la Plaza Victoria, restándole espacio.

–En 1985 se le rindió homenaje al compositor Tata Nacho, que era vecino de la colonia –dice Chavarría–. Lo que están haciendo le resta memoria a los habitantes del barrio.

Las afectaciones causadas por las obras de Accco se cuentan por decenas en las voces de la comunidad de vecinas y vecinos que las padecen, además de activistas y especialistas.

• Brígida Márquez, de 66 años, tiene una escuela donde prepara a jóvenes que deseen ingresar a la universidad. Antes, el anuncio de su escuela pintado en uno de sus muros podía verse desde el metro. “Yo tenía publicidad casi gratis, ya no”, se queja y señala la torre que borra su escuela del paisaje. “Además han generado ruido, problemas muy fuertes con nuestro drenaje y con mi construcción. Han sido cinco años de terror”. 

• Flora Aldama, vecina desde hace 27 años, señala las vigas que se colocaron sobre el carril de alta velocidad de Calzada de Tlalpan y que sirven para sostener la nueva pasarela elevada. “Es muy común que transiten por ahí tráilers, camiones pesados y no hay siquiera un aviso. Los automovilistas tienen que maniobrar”. Tiene razón: en ese tramo han ocurrido al menos 20 accidentes automovilísticos más entre 2018 y 2020, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Movilidad de la ciudad. Al menos dos personas han muerto.

• Eréndira Derbez, historiadora del arte e ilustradora, censura la política de permitir la proliferación de plazas. “Una ciudad llena de plazas comerciales en lugar de parques es una ciudad que privatiza el ocio. Como niño, ya no puedes salir con una pelota a jugar porque ya no existen esos espacios y eso evidentemente tiene repercusiones en la salud”. 

• José Ramón Puente, también vecino de la zona, lamenta el uso que se le da al espacio público. “Lo están usando para un negocio privado. Hay una lesión al gobierno de la ciudad y a todos nosotros: pagan migajas y obtienen ganancias muy altas”. 

El arquitecto Felipe Leal, miembro del Colegio Nacional y responsable de remodelar la Alameda Central hace nueve años, explica la función y relevancia de espacios como la Plaza Victoria. “Llamamos ‘hitos’ a estos espacios, son referencias urbanas”, comenta. “Son centros de concentración de servicios y actividades: la papelería, la farmacia, la panadería, en fin, todo lo que le da identidad al barrio”.

Desde 2018 los vecinos interpusieron al menos cinco denuncias ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT)  por presuntos incumplimientos en materia de desarrollo urbano, construcción, ambiental y factibilidad de servicios en ambos lados de Calzada de Tlalpan. También por ruido y derribo de árboles.

Un negocio familiar

La plaza de Villa de Cortés no es el único negocio que Accco SA de CV mantiene en el metro.Un permiso obtenido en 2012 le autoriza a administrar y usufructuar más de 651 locales y 873 espacios comerciales en las estaciones del Metro. Tres de cada 10 locales registrados por la empresa se ubican en la Línea 1, de Pantitlán a Observatorio. Le sigue la Línea 2 (donde está la estación Villa de Cortés), en la cual cuentan 187.  En todas las líneas del Metro, salvo en la línea 12 de más reciente construcción, la empresa controla algún espacio.

Todo esto a cambio de un pago mensual de 5.7 millones de pesos. 

Este permiso está a punto de cumplir 10 años y aunque es susceptible de renovarse por otra década, según información del STC a la que tuvo acceso Inquire First, se encuentra en proceso de revocación. 

Fundada el 3 de marzo del año 2000, Accco SA de CV nació con el objetivo de vender materiales y herramientas para la construcción, como indica su nombre. Años más tarde, cambió su objeto social para “administrar, edificar, reparar y explotar bienes raíces urbanos y suburbanos”. 

En esas fechas, en algún mes de 2008, María de Jesús Campoy Burrola, Javier Cota Ibarra y Juan Landeros Vargas se incorporaron como accionistas. Con ello se establecía el vínculo familiar y laboral con otra empresa que ha crecido exponencialmente durante los años que ha dado servicio al propio STC-Metro: un corporativo que en 2010 controlaba 78 mil espacios publicitarios del sistema –aunque para 2018 esa cifra se redujó a la mitad, seguramente por las múltiples irregularidades reportadas.

La empresa, denominada ISA Corporativo SA de CV, también controla 70 mil espacios publicitarios tanto en aeropuertos como en túneles vehiculares.

Al igual que Accco SA de CV, acumula deudas con el Metro. Por ejemplo, con el argumento de que la pandemia se había llevado a la mitad de sus clientes, ISA solicitó una prórroga de pago de la deuda acumulada de 2 millones 665 mil pesos por concepto de consumo eléctrico. El STC Metro le concedió un plan de pagos mensuales, aunque al cierre de 2019 la empresa adeudaba más de 4 millones por el mismo concepto.

ISA es dirigido por los hermanos sonorenses Raúl y Hugo Camou Rodríguez. Este último es padre de Hugo César Camou Campoy, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de tesorero de Accco SA de CV, la concesionaria de la estación Villa de Cortés.

Los vínculos de ISA con Accco permiten entender los nexos de un negocio familiar que ha crecido explotando las instalaciones del STC-Metro y que va desde la renta de espacios publicitarios hasta la explotación de locales comerciales, intentando ahora ingresar al mercado inmobiliario.

* * *

El domicilio registrado por Accco SA de CV en el Permiso Administrativo Temporal Revocable se ubica a 700 metros del metro Villa de Cortés: Amado Nervo número 100, colonia Moderna. 

Esta vivienda de portón marrón y fachada beige es sede de otras tres marcas y una empresa ligadas a la familia Camou Campoy.

• María de Jesús Campoy Burrola, expresidenta del Consejo de Administración de Accco, usó el mismo domicilio en 2001 para registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual la marca “Imagen saludable”. La misma dirección consta para la marca que Daniel Camou Campoy registró en 2015: “Chilaquilas”. 

• Un año después, Edmundo Sánchez Campoy dio de alta a la marca “Viotronics” en esta misma dirección. La empresa Camou Relatives SA de CV, dedicada también a rentar espacios publicitarios, reportó esa localización como su domicilio fiscal, como consta en un documento del partido Movimiento Ciudadano.

• Mario Martín Gallardo se convirtió en 2014 en secretario de Accco. Es director adjunto de Grupo GICSA, firma que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y ha desarrollado proyectos como la torre HSBC. También preside dos empresas inmobiliarias cuyos domicilios coinciden con los registrados por Accco.

• Hugo César Camou Campoy abandonó Accco en 2018, dos años después de iniciadas las obras en Villa de Cortés. A su salida, Mario Martín Gallardo asumió la Presidencia de la empresa.

Escuchar más a los vecinos y menos a los funcionarios

Ocurrió en el 2016. Gabriela Ortega, vecina de la colonia Villa de Cortés, recuerda que fue una noche fría y que Jorge Gaviño, entonces director del Metro, se presentó en su domicilio para reunirse con ella y otros 30 vecinos.

Para que cupieran todos, la reunión se realizó en el patio de la casa de Gabriela. Gaviño acudió allí para informarles sobre la construcción de las torres comerciales en el Metro Villa de Cortés. 

–Unos estaban a favor y otros no –dice Gabriela–. Yo ahora lamento no haber hecho caso a los que estaban en desacuerdo. El doctor Gaviño nos convenció de que iba a ser una obra de vanguardia, futurista, con servicios. Pero no hay palabras para describir lo mal hecha que está.

No fue la única reunión. Más de una vez los vecinos acudieron a las oficinas del Metro, en el Centro Histórico. Gaviño los recibía en una sala cómoda, llena de pantallas, y les ofrecía botana mientras prometía que las obras traerían mayor seguridad, modernidad y un paso seguro para cruzar Calzada de Tlalpan. 

Han pasado cinco años. Gabriela Ortega dice que la obra acumula todo ese tiempo de perjuicio para la comunidad de Villa de Cortés. Estructuras como el puente peatonal provisional –endeble y frágil, “como de latón” y sólo disponible durante el horario del metro– impiden la movilidad a personas con discapacidad, generan riesgos a los ciclistas que transitan sobre Tlalpan y a los usuarios del metro. 

“Yo tengo miedo de que ese edificio se caiga –confiesa Gabriela–: han construido mal la obra. Cuando hay presupuesto le meten mucha maquinaria, pero malos materiales. La prueba es el plafón que se cayó el mes pasado”.

Al día de hoy lamenta haber otorgado un voto de confianza al gobierno de la Ciudad de México. Esa es la única moraleja que extrae de esa experiencia: escuchar más a los vecinos y menos a los funcionarios. 

“Cuando se fue Gaviño, hablamos con el nuevo encargado. Nos decían lo mismo: que ya se iba a terminar, que iban a hablar con la Plaza, con Accco… pero todo quedó igual”.

Desde esa época, Gabriela ya no confía. Tardó en darse cuenta, pero no oculta su arrepentimiento por no haber hecho caso a sus vecinos a tiempo. Y eso la tiene, como dice, muy apenada.

InquireFirst solicitó de manera formal entrevistas con los representantes de Accesorios Constructivos SA de CV,  ISA Corporativo SA, así como con Miguel Ángel Mancera, Jorge Gaviño Ambriz y la actual administración del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Al cierre de este reportaje no se había recibido respuesta. 

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Desde hace décadas la capital de Sonora vive una intensa sequía. Los pobladores de Hermosillo padecen temperaturas de hasta 46 grados centígrados, escasean los árboles y parques públicos, y las colonias populares del norte de la ciudad son castigadas con cortes de agua ante la falta de reservas. Pero no todos los habitantes de la capital padecen este problema. Existe un lugar que se ha encargado de crear un microclima especial y enormes campos verdes porque sus inquilinos tienen abundantes reservas de agua.

Por Tanya Vásquez Martínez

Vista desde el cielo, Hermosillo parece una enorme carpeta de tierra desértica, cruzada por entreveradas calles y carreteras grises que dividen y limitan las colonias de la ciudad. Los tonos ocres dominan la imagen, apenas salpicada por algunos pequeños manchones verdes, como los estadios de beisbol y los escasos parques públicos. Nada que pueda aliviar la sensación de agobio térmico.

Hermosillo, como otras zonas del estado, es una ciudad estresada desde hace décadas por las sequías, las altas temperaturas a las que sus habitantes son sometidos y la crítica escasez de agua.

Segundo estado más grande de la República mexicana, Sonora está marcado por el calor: 95 por ciento de su territorio se considera muy seco, seco o semiseco, según una monografía del clima estatal elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

El exceso de calor natural deja entonces de ser un concepto científico de los especialistas y se convierte en una realidad cercana: 12 personas murieron por golpes de calor en 2020 y el estado se colocó como líder nacional de la estadística.

En la capital, Hermosillo, se alcanzan con frecuencia temperaturas de 46 grados centígrados y el Desierto de Sonora ha registrado hasta 80.8 grados, la temperatura más caliente del mundo, sólo comparada con el Desierto de Lut, en Irán, y con zonas de otros planetas, según documentó la NASA a través de dos de sus satélites que miden el calor infrarrojo emitido por las superficies. 

Por eso no es exagerado decir que en Sonora, y en Hermosillo en particular, el agua y la sombra hacen la diferencia entre la vida y la muerte.

De faltar agua, es frecuente que falte, pero la manera en que se distribuye la poca agua de la que se dispone muestra la desigualdad social que también marca este caso.

Algunas colonias del norte de la ciudad, como la Miguel Hidalgo o la Insurgentes, viven una escasez de agua que se ha vuelto crónica, al mismo tiempo que en zonas residenciales no tan lejanas disponen de agua hasta para alimentar lagos artificiales, regar profusamente sus campos de golf y crear microclimas que detienen el calor desértico.

La exclusiva zona privada Las Riberas del Pitic es un caso ejemplar, el de un oasis de abundancia de agua y opulencia en medio del desierto. 

Aunque los separan sólo 10 kilómetros de distancia, los vecinos de la colonia Insurgentes y los de Las Riberas del Pitic comparten el territorio geográfico de Hermosillo, pero viven en ciudades muy distintas.

* * *

Blanca Moreno lo sabe bien. Ha padecido los cortes de agua desde hace años, aunque éstos se han agudizado con el tiempo. Al frente del mostrador de su tienda de abarrotes, cuenta que los cortes de agua de hoy son peores que los ocurridos hace más de 15 años, cuando la autoridad municipal tuvo que racionar el agua por colonia ante la falta del líquido. Les llamaron tandeos.

“Siempre tengo una cubeta llena en el baño y un tambo atrás, aparte del tinaco, porque a veces duramos hasta dos días sin agua y desde que empezó el calor hemos estado así”, reclama la pequeña comerciante mientras intenta refrescarse con un pedazo de cartón que hace las veces de abanico.

Las autoridades municipales dicen que lo que pasa es que la colonia en la que vive Blanca se halla en lo alto de la ciudad. Por eso es más difícil “que el bombeo de agua les sea suficiente”, reconoce Jesús Alberto Dorado Huitrón, director de Ingeniería y Operaciones de la Junta de Agua de Hermosillo. Y en años de sequía, como el que se vive ahora, los pozos en control del gobierno no son suficientes para la demanda y se ven “obligados a rentarle pozos a particulares que tienen concesiones de agua”.

Esa circunstancia no aplica a tres fraccionamientos con lagos particulares: Riberas del Pitic, Los Lagos y Altozano, aunque el primero es el más extenso y nació cuando la escasez de agua se convirtió en el tema principal de sociedad y gobierno de la capital de Sonora.

Riberas del Pitic se halla en el oriente de Hermosillo, muy cerca de la presa Abelardo L. Rodríguez. Es la zona donde más agua existe en el subsuelo. Desde su entrada se aprecia vegetación verde y frondosa, muy distinta a los típicos sahuaros del desierto sonorense.

Un muro de al menos dos metros y medio con cerco electrificado rodea este fraccionamiento y lo aparta de una ciudad que ha sufrido los estragos de las sequías, tan severamente que en diciembre de 2010 el gobierno local comenzó la construcción del segundo acueducto más grande de México para trasladar agua del sur al centro del estado.

Justo antes de que el acueducto fuera inaugurado en 2012, la constructora Misión XXI obtuvo autorización para crear Las Riberas del Pitic, un lugar que se cotiza en dólares y ofrece un mundo aparte: campo de golf, club de polo, un lago artificial de 25 hectáreas, el único navegable de la ciudad, con enormes espacios verdes que crean un microclima y un nuevo pulmón de 150 mil árboles que se distancia mucho del desierto sonorense.

En su propaganda comercial, Las Riberas muestra el verde de sus hectáreas: frondosos árboles, pastos abundantes, huertos urbanos, además de todo un ecosistema exclusivo con aves, mariposas y lagos. Es, en realidad, lo opuesto al clima natural de la ciudad.

Lo dicen bien las frases de identidad del fraccionamiento: “Comunidad entre nosotros. Un mundo aparte en Hermosillo”. 

Para este reportaje se contactó a representantes del fraccionamiento para incluir sus puntos de vista en el texto, pero hasta el cierre de la edición no se concretó la entrevista solicitada.

Pero el proceso de construcción de este oasis, inalcanzable para la mayoría de la población, no ha sido tan limpio como el aire que circula en sus parques lineales y vegetación endémica. 

En 2015 hubo una inundación que afectó a más de 50 familias que viven en condiciones marginales a un costado de Las Riberas. El lugar no se anegaba, pero un bordo edificado por particulares y la barda perimetral del fraccionamiento provocaron la acumulación de agua.

Las obras desviaron el Río San Miguel, redujeron el cauce del río, y esto provocó el desastre. Las autoridades tuvieron que derrumbar un pedazo de barda de Las Riberas para que la inundación amainara. 

Además, pobladores han denunciado el intento de despojo de terrenos en el área de la presa y la presunta apropiación de terrenos nacionales. Sin embargo, las autoridades locales, estatales y federales los han ignorado.

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Mientras Las Riberas del Pitic crecía en hectáreas, almacenaba agua en sus lagos y llenaba de verde el ambiente gracias a la concesión de tres grandes pozos de reservas de agua, del otro lado de la presa, en el poniente, un parque público concesionado agonizaba.

El Parque Recreativo La Sauceda es parte del patrimonio de los ciudadanos de Hermosillo. Hoy se encuentra cerrado, vandalizado, con su vegetación marchita y su humedal a punto de extinguirse.

El lugar abrió sus puertas en 1994 durante el gobierno de Manlio Fabio Beltrones y se convirtió en el destino favorito de las familias del centro de Sonora. Tenía un amplio humedal con peces y aves, lanchas, toboganes, juegos mecánicos, go-karts, una casa del terror y árboles frondosos. Con el paso del tiempo el lugar fue decayendo y las administraciones municipales y estatales no lo rescataron. La concesión concluyó y no fue renovada.

En 2014 el gobierno municipal anunció una inversión de 50 millones de pesos, pero no lograron rehabilitar el lugar. En 2015 cerró de forma indefinida.

La Sauceda fue puesta en venta por el gobierno del Estado en al menos tres ocasiones, pero no hubo interesados en comprarla.

Rafael Pacheco, geólogo de la Universidad de Sonora e integrante del colectivo “Amigos del humedal laguna La Sauceda”, comenzó hace seis años una lucha por recuperar este espacio natural que alberga a distintas especies de peces para practicar pesca deportiva y es hogar de paso de cientos de aves.

“No hay lugares en Hermosillo para convivir. Aquí pueden venir a disfrutar, conocer qué es un humedal, las aves, las plantas; pero verlo así es muy triste, se nota que la biodiversidad está siendo muy afectada”, expresa.

Los humedales son cíclicos, explica Pacheco, sus niveles del agua bajan, pero no al nivel en el que se encuentra actualmente, en parte debido a la sequía, pero también a la falta de disposición de las autoridades para mantener este espacio.

“Hay lagos artificiales en Hermosillo, en fraccionamientos; eso quiere decir que sí hay agua, pero hay agua para ellos, no para los ecosistemas que son de todos”. No caben, dice, las argumentaciones de que no hay agua, sí la hay, pero no aquí.

Desde hace seis años, grupos ambientalistas y activistas sociales como Rafael Pacheco se han apropiado de este espacio público para evitar su venta y sobre todo para mantener este humedal al que, asegura, le queda menos de dos meses de vida si no se hace algo inmediatamente.

A pesar de las lluvias registradas durante junio y julio, los niveles del humedal no han subido, ya que no existen canales que desemboquen en él o pozos que puedan alimentar el área.

Según un reporte de la Comisión Nacional del Agua, Sonora se encontraba en junio de 2021 en medio de una sequía calificada de severa a excepcional, con 100 por ciento de los municipios en algún nivel de sequía.

Ese es un problema, pero no el único. Rafael Pacheco coloca en el centro el tema principal: es la forma en la que se distribuye el agua en el municipio. “Mientras espacios naturales como La Sauceda se pierden, hay fraccionamientos con lagos artificiales”.

Y cuestiona: “¿Nos ha dicho alguien que falta agua? ¿Nos han presentado las cifras? Dicen que los pozos se están secando, pero no nos dicen cuáles, a qué volumen. ¿Por qué no se hace un esfuerzo por resolver la situación de este problema ecológico?”.

Las Riberas no es el único fraccionamiento en la ciudad que cuenta con lago, también se encuentra Los Lagos, uno de los primeros fraccionamientos de lujo.

El sitio cuenta con un lago artificial y un campo de golf de 18 hoyos que requiere grandes volúmenes de agua para su mantenimiento. Tiene un club deportivo con ocho canchas de tenis, cuatro de racquetball, gimnasio, alberca semi olímpica y espacios para varias disciplinas. Se ubica cerca del bulevar Colosio, uno de los sectores de mayor plusvalía en la ciudad. 

Justo por esa zona se encuentra otra construcción de departamentos residenciales llamada Altozano, donde también se creó un lago, en esta ocasión artificial, alimentado con aguas tratadas. 

Ante la falta de respuesta de las autoridades, distintos colectivos ciudadanos han realizado esfuerzos insólitos por mantener vivo el humedal: lo alimentan con pipas de agua.

Han conseguido que les donen 14 pipas de agua para verter en el humedal y evitar que se seque y han invitado a los ciudadanos a que lleven y viertan un galón de agua a esta laguna para, de forma simbólica, aportar a la recuperación del espacio público, aunque saben que esto no resolverá el problema de fondo.

Los organizadores de estas medidas desesperadas saben que no serán demasiado útiles si no se diseña un plan de desarrollo.

Reclama Rafael Pacheco. “Necesitamos saber qué pasa con el agua en Hermosillo, hacia dónde se está yendo, qué justifica que se tengan lagos artificiales. Las Riberas es una joya, sí, pero es un golpe a la pobreza. El agua que debía llegar aquí (a la presa) se está quedando allá”.

(Mayra Echeverría y Juan Salazar apoyaron en la elaboración de este trabajo)

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Construir espacios para ellas, sin esperar a que ellos cambien, es el motor de múltiples iniciativas impulsadas por mujeres tatuadoras cansadas del acoso sexual y laboral.

Como muchos sectores de la vida social, la boyante industria del tatuaje reproduce violencias machistas, disparidad e inequidad, ante las cuales muchas mujeres han reaccionado creando sus propios estudios refugio.

Por Paulina Márquez, Tamara Mares, Monserrat Landa y Pablo Padilla

Yohali Pinacho tardó varios minutos en encontrar el estudio de tatuaje Casita Sololoy en el centro de la ciudad de Puebla. Estaba harta del ambiente competitivo y hostil fomentado por el dueño del estudio en el que estaba, quien además criticaba, únicamente a ella, la calidad de su trabajo. Por eso le emocionaba la posibilidad de colaborar en un espacio exclusivo de mujeres tatuadoras.

Una de las claves de este lugar es que opera de modo privado para no comprometer la seguridad de las tatuadoras y sus clientas. Nadie conoce su ubicación sino hasta que se concreta la cita, de tal manera que Yohali, alias Garabattoo Chinicuil, debió tocar varias puertas antes de dar con el sitio. Pero una vez ahí, se sintió “feliz”.

Con plantas sobre repisas de madera, las paredes del sitio están decoradas con murales hechos por artistas locales en colores rosas, amarillos y anaranjados. Dos habitaciones se han adaptado con camillas, luces de aro, mesas con tintas, guantes desechables, recipientes de plástico, toallas y líquidos antisépticos.

Casita Sololoy, proyecto fundado por Giovanna Gayosso y Brisa, es un estudio seguro para que las mujeres desplieguen su talento libre de violencias.

La industria del tatuaje mexicana no está exenta de machismo ni misoginia. Las mujeres que desean desarrollarse artística y profesionalmente en este círculo enfrentan circunstancias que colocan en riesgo su seguridad física y emocional.

Ante el acoso laboral y sexual, las mujeres tatuadoras han decidido no sólo denunciar sino dar un paso más: construir espacios seguros donde ellas y sus clientas puedan disfrutar del proceso creativo.

Giovanna y Brisa concibieron la idea de fundar Casita Sololoy a partir de una experiencia personal. En el sitio donde Giovanna y Jackie tatuaban, Jackie vivió una experiencia incómoda con uno de sus compañeros, quien se acercaba a ella y la tocaba innecesariamente en la cintura y los hombros. Además, a pesar de que las dos tatuadoras eran socias del espacio, no podían participar en las decisiones sobre cómo manejarlo.

Así que el momento clave para dejar el estudio llegó cuando se enteraron de que su socio había acosado a una clienta: la jaló e intentó besarla durante la sesión. Jackie se dio cuenta que estaba trabajando en un sitio en donde las mujeres no estaban seguras.

“Muchísimas morras pasan por acoso cuando se están tatuando y eso se normaliza. Se piensa algo así como ‘ok, no pasa nada’”. Jackie no cree en ello: “No, no tiene por qué ser así. El tatuaje debe hacerse siempre desde el respeto; nosotras lo tenemos muy claro aquí, en el estudio”.

Giovanna y Brisa buscaron un sitio y, finalmente, fundaron Casita Sololoy en noviembre de 2020. Cuatro meses después de su fundación, Giovanna recibió a Garabattoo sin saber que iba a pedir trabajo.

“Me preguntó ‘¿te quieres tatuar algo?’. Le dije ‘no, de hecho, vengo a pedirte chance de trabajar aquí, yo tatúo’”, recuerda Garabattoo entre risas.

De 25 años, la joven le contó a Giovanna sus experiencias profesionales más recientes, y ésta accedió a darle un espacio en Casita Sololoy, sin ni siquiera pedirle ver su portafolio.

Yohali había recibido en otros estudios la oferta de contar con un espacio para tatuar a cambio de comenzar una relación sentimental, además de que estuvo sometida constantemente a estrés y ansiedad por las constantes discusiones con un compañero tatuador.

Ahora es muy distinto. “Me siento comprendida. Es un espacio de contención muy cañón. Me siento especial; te dicen que todas somos iguales, y sí, somos iguales”, cuenta Yohali sobre la experiencia vivida en los cuatro meses de estar tatuando en Casita Sololoy.

“Va más allá de contar con un espacio para tatuar; se trata también de empatizar”.

Casita Sololy_ Estudio de tatuajes

Casita-sololoy-tatuadora

Casita Sololoy

Casita Sololoy

Boom del tatuaje, pero sin regulación confiable

La visibilización del acoso y la violencia en esta industria ocurre en un contexto en que el tatuaje vive un boom en México. Cada vez hay más estudios en colonias y barrios de muchas ciudades del país y un mayor número de mujeres y hombres se dedican profesionalmente a tatuar.

Por lo demás, portar un tatuaje ha comenzado a normalizarse en todos los estratos sociales. Las pocas cifras oficiales que existen dan cuenta de ello: uno de cada 10 mexicanos, es decir, unos 12 millones de mujeres y hombres, admiten estar tatuados, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Sin embargo, la información disponible sobre las y los tatuadores que cuentan con la tarjeta sanitaria (requisito indispensable para operar un estudio) emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) habla de que la mayoría opera irregularmente.

Al 14 de julio de 2021 se habían entregado apenas 487 tarjetas sanitarias en todo el país, de las cuales 404 pertenecían a hombres y las restantes 83 a mujeres, según los registros de Cofepris.

El bajo porcentaje de tarjetas sanitarias entregadas a mujeres (sólo 17 por ciento) permite dimensionar la brecha de género en el mundo del tatuaje.

A eso contribuye que no existe una regulación real de esta actividad. Como en otros sectores, la informalidad es casi la regla: el acceso a seguridad social, sueldos fijos, prestaciones y derechos laborales son muy restringidos.

La mayor parte de quienes se dedican al tatuaje forman parte, en realidad, de los 12 millones de trabajadores independientes que existen en México, según reporta el más reciente registro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Algunas tatuadoras están convencidas de que la Cofepris no busca regular a quienes poseen las habilidades y conocimientos sanitarios para tatuar de forma segura, sino que sus tareas tienen como propósito central recaudar recursos.

“La Cofepris es una mafia horrible que te hace pagar mucho dinero y te pone un buen de trabas. Nació para sacar dinero y no para tener un control”, comenta Ilse Argüero, tatuadora y artista originaria del Estado de México.

‘‘Si coges con ellos sí puedes ser aprendiz’’

“Hace falta que te cojan”, “¿por qué estás de malas? Seguro andas en tus días”. Cuando Ilse entró como aprendiz de tatuadora a uno de los estudios más populares de la Ciudad de México, no pensó que escucharía este tipo de frases y que su experiencia en el estudio Ink Inc estaría marcada por violencia laboral y de género.

Ink Inc tiene varias sucursales en la Ciudad de México; es el “McDonald´s del tatuaje”, dice Ilse, quien a los 18 años decidió tocar la puerta del estudio ubicado en la colonia Condesa.

“Me sentí muy emocionada, era un estudio famoso al que llegaban artistas y músicos a tatuarse”, relata. Pero durante el mes en que estuvo ahí, en ningún momento aprendió a tatuar. Al contrario, el ambiente de fiesta, comida, alcohol y drogas la hacía sentir más vulnerable e insegura. Además, la línea entre jefe y empleados era borrosa.

Cuando Ilse dejó el espacio se sintió aliviada, como si se hubiera librado de algo, y decidió enfocarse en sus estudios universitarios.

En 2020, el dueño de Ink Inc fue denunciado públicamente por violación y a la fecha está en curso un proceso legal de denuncia.

En los estudios en los que se practica el tatuaje tradicional, la dinámica aprendiz-tatuador está definida por situaciones de violencia y explotación laboral. Es común que las principiantes reciban sus pagos atrasados, o que las obliguen a hacer tareas no relacionadas con la profesión, como comprar comida, pintar las paredes del local, llevar las mascotas del dueño del estudio al veterinario o esperar a que el maestro coma para que el aprendiz pueda comer.

Cuatro años después, una vez concluida la universidad, Ilse decidió retomar el tatuaje como profesión. Probó suerte en otros estudios, donde tampoco se sintió cómoda.

Algunos de los clientes que llegaban al local, sobre todo hombres mayores, ni siquiera la miraban a los ojos cuando ella los atendía, dudaban de su capacidad como mujer y tatuadora. “Me di cuenta de que mi apariencia influye mucho. Me veo pequeña y soy muy delgada. Estoy segura de que pensaban ‘¿qué va a saber ella de tatuaje?’”, cuenta la artista.

Ilse veía cómo sus colegas hombres, al momento de tomar las fotos de sus tatuajes terminados en zonas como el brazo o la costilla, pedían a las clientas que se quitaran todo menos la ropa interior. “Eso es completamente inaceptable”, dice Ilse con enojo, “con alzar una parte de la playera es suficiente, no necesitas que la clienta se desvista”. 

Apoyadas en la idea de ocupar un lugar en la industria del tatuaje, algunas mujeres cambian sus comportamientos. Desarrollan –de manera consciente o inconsciente– mecanismos de resistencia que les permiten negociar un espacio y desarrollar su carrera profesional: hacerse “las fuertes, rudas, groseras” para crear barreras y evitar que se aprovechen de ellas.

“Si eres aprendiz mujer, tu apariencia determina cómo te va a tratar la gente. Te llegan a decir que si coges con ellos, sí puedes ser aprendiz; de otra forma, no”, comparte la tatuadora.

A pesar de la creación de estudios seguros y libres de violencia, no todas las tatuadoras tienen acceso a ellos. “Tengo el sueño de liberarme de esta inseguridad, de sentirme cómoda y trabajar solamente con mujeres”, comenta Ilse. “He visto que varias tatuadoras están abriendo espacios así, pero a mí todavía no me toca esa experiencia”. 

Repensar dinámicas de aprendizaje

Dollhouse Studio es un espacio seguro para rayar y rayarse. Cristina, también conocida como Dolly PiercINK, es fundadora del primer estudio de Xalapa, Veracruz, en el que únicamente trabajan y tatúan a mujeres.

Dolly decidió abrir en octubre del año pasado, a pesar de que el país se encontraba en plena pandemia, y crear un espacio de trabajo sustentado en la confianza y el apoyo de sus colaboradoras.

Bkinga fue de las primeras mujeres en llegar a tatuar al estudio de Dolly, a quien conoció a través de redes sociales. Desde el principio hubo un cambio sustancial: no se le delegó ninguna tarea relacionada con el hecho de ser mujer. En trabajos previos, le asignaban tareas de administración y debía recibir a los clientes porque, según su jefe, “estaba bonita y así podría atraer más personas al local”.

Además de impulsar la formación de mujeres en el gremio, Dolly, de 26 años, quería dejar de reproducir las dinámicas tradicionales de aprendizaje. Por ello, los miércoles hacen un “círculo de habla y escucha” para convivir entre ellas y evitar que se afirmen tendencias ególatras y de competencia que, según Dolly, son la raíz de la hostilidad en los estudios.

“La esencia del círculo es un acto de protesta”, explica Dolly, “tiene como propósito desaprender que una colega será mi competencia, que otra mujer es mi enemiga”.

Es una práctica reciente, puesta en marcha apenas hace un mes. Todos los miércoles cierran temprano y se sientan en círculo. El tiempo asignado a cada una se modifica dependiendo del número de asistentes. Si participan cuatro chicas, cada una puede compartir lo que desee durante 15 minutos. No se dan consejos ni sugerencias no pedidas. Claro, puede entablarse un diálogo y retroalimentación por parte de las demás.

Dolly recuerda muy bien la primera sesión: “De la nada, me di cuenta de que ocho chicas estábamos llorando tras analizar las veces que atravesamos por las mismas situaciones, pensando que estábamos solas, pero al hablar y ser escuchadas nos vinculamos y somos más que solo colegas”.

Mariana y Sophia, de 23 y 18 años respectivamente, empezaron a tatuar hace seis meses en Dollhouse. Ambas se sienten libres y protegidas dentro del estudio. Ésta es su primera experiencia en un estudio profesional y ha sido muy distinta a la de otras mujeres. No tienen miedo de preguntar ni de pedir consejos a otras tatuadoras; el aprendizaje es colectivo y horizontal.

Ambas son aún estudiantes. Mariana está por concluir la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual en la Universidad Veracruzana. Sophia concluyó la preparatoria y tiene experiencia haciendo ilustraciones.

Su estilo de dibujo, diseño y tatuaje no existirían en otros espacios más masculinizados, en los que, dicen, se perpetúan clichés del tatuaje tradicional.

Mariana dibuja flashes pequeños y caricaturizados, personajes de caricaturas y cómics. Sophia hace diseños con referencia a la botánica y la naturaleza, piezas grandes de hojas delgadas con líneas gruesas.

Denuncias, encubrimiento e impunidad

Hace algunos meses, a principios de 2021, surgió una cuenta en Instagram en la que se denuncia a tatuadores a los que se responsabiliza de cometer actos de violencia sexual y laboral.

Los creadores y las creadoras de la cuenta llamada @predator_tattoers_mexico subieron fotografías de distintos hombres, a cuyas imágenes añadieron una etiqueta blanca con letras rojas que advierte en mayúsculas: “cuidado!!”, “violador!!” o “acosador”.

Las publicaciones incluyen el nombre, sobrenombre, estudio y ciudad donde ejerce el presunto agresor, así como las violencias cometidas, desde misoginia, agresiones psicológicas y físicas, solicitud de relaciones como método de pago por un tatuaje, hasta violación y agresiones sexuales.

Además de compartir las denuncias que reciben, las y los administradores de predator tattooers difunden información relacionada con violencia de género, cómo identificarla y qué hacer ante ella.

Las publicaciones exigen a los estudios de tatuaje que asuman el compromiso de garantizar la seguridad de las personas que acuden a esos espacios, pues al no actuar “permiten que el depredador siga agrediendo y se convierten en cómplices de la violencia”.

Esta cuenta no es la única de su tipo: en Estados Unidos, Chile, Brasil, Alemania, Bélgica, Suiza e Italia surgieron perfiles similares con el fin de prevenir y proteger a mujeres que desean hacerse un tatuaje o cualquier tipo de modificación corporal.

A raíz de su creación, las y los responsables de la cuenta han recibido diversas amenazas, por lo que prefieren no dar entrevistas para preservar la seguridad de sus integrantes.

Fernanda, estudiante universitaria, quería tatuarse con una persona que no estaba denunciada, pero al darse cuenta del acoso que prevalece en la industria, decidió hacérselo con una mujer para sentirse más segura. 

En el caso del gremio de tatuadores, la creación de la página trajo a la conversación “todo aquello que se sabía, pero no se nombraba”.

Las mujeres tatuadoras que han vivido violencias aseguran que denunciar es como lanzarse al vacío. Para hacerlo, desde el anonimato o con su nombre, es necesario pasar por un proceso de aceptación, contar con redes de apoyo, entender que lo ocurrido no fue culpa de la víctima.

Quienes denuncian, aseguran, se encuentran en una segunda situación de vulnerabilidad: además de las violencias vividas, algunas de ellas reciben amenazas, comentarios violentos y misóginos después de hacer pública su experiencia.

El enfoque de género y la cultura de la prevención no pueden darse por sentados en los estudios de tatuaje. Jimena Medina, alias Fuego Rosa, artista de la Ciudad de México, cuenta que en el estudio en el que trabaja actualmente se produjo una situación de violencia que involucró a uno de los integrantes.

“Ya no forma parte del espacio y las situaciones de violencia se dieron fuera del estudio, pero no colaborar con gente violenta es un compromiso que tenemos como tatuadores”, relata.

Esta decisión sentó un precedente: el estudio hizo pública la separación del tatuador. Fue una manera de dejar en claro que no será aceptado ningún comportamiento que atente contra la seguridad de las personas.

Los espacios de denuncia también constituyen, en su opinión, espacios de memoria. “Los casos no quedan completamente impunes. Es una herramienta importante, no basta con que te guste el trabajo de alguien, se trata de no cargar en el cuerpo con el trabajo de una persona violenta”, argumenta Fuego Rosa.  

Sin embargo, las denunciantes no siempre obtienen una respuesta favorable.

Paola Velázquez se hizo ella misma su primer tatuaje a los 14 años. Utilizó tinta china y aguja para coser. Lleva cinco años tatuando profesionalmente; pasó por dos estudios como aprendiz. En todos los espacios notó machismos y menosprecio por su trabajo, con el pretexto de que era muy joven y femenina para tatuar.

El año pasado, Paola sufrió acoso sexual por parte de un colega, quien era tatuador invitado en el estudio. Lo denunció ante su jefe y propietario del estudio, pero éste minimizó lo ocurrido. Al final, no hubo consecuencias. 

“Tienes que adaptarte y lidiar con hombres. Ellos no cambian, somos nosotras quienes debemos aprender a tratar en estos espacios”, lamenta Paola. “Incluso tratar con tu jefe, que te invita por unas chelas, en posición de amigo, pero controla tu agenda y comisiones en tus citas”.

Redes de mujeres frente a la inseguridad

Verona García, de 25 años, es maestra en Artes Visuales y se ha desarrollado en el mundo artístico. Aprendió a tatuar porque un amigo la invitó a un estudio, donde conoció a Valeria Alegría.

La pandemia dejó sin trabajo a Valeria, de 21 años, pero al poco tiempo recibió una invitación para unirse al espacio en donde trabajaba Verona. Después de un tiempo, las dos decidieron independizarse y formar su propio sitio.

En un momento en que hubo alertas por el acoso de algunos tatuadores en Morelia, lo que acentuó la desconfianza e inseguridad de las mujeres, Verona y Valeria comenzaron a idear un estudio de tatuaje donde las mujeres puedan sentirse a salvo y en confianza.

El V & V Studio Tattoo, fundado en 2021, se creó con el fin de proporcionar seguridad y bienestar a sus clientes, sean hombres o mujeres. Más que un estudio, las tatuadoras consideran que su sitio es cómodo y un lugar seguro al que las mujeres se pueden acercar, hablar sobre sus problemas y, en casos especiales, vincularlas con colectivas feministas para apoyarlas. 

“Tenemos que construir espacios para nosotras”

En otro rincón del país, al sur de la Ciudad de México, dentro de un pequeño departamento ubicado cerca de la colonia Ermita, se encuentra Un Cuarto Creciente.

Como su nombre anuncia, es un espacio autogestivo en crecimiento que busca albergar proyectos de mujeres artistas y ser un lugar seguro e íntimo para quienes desean tatuarse.

La tatuadora y artista Valeria Castilla, de 22 años, gestiona y cuida el espacio. Lleva varios años tatuando y se especializa en ilustración científica y botánica. Es feminista y su posicionamiento político incide directamente en su tarea como tatuadora. “Ahora existimos mujeres tatuadoras que denunciamos lo que ocurre; estamos rompiendo con el estado de las cosas”.

Ante la posición de quienes piensan que al denunciar públicamente a una persona se le arruina la vida, Valeria comenta que no es así: las mujeres no tienen el poder para arruinar la vida de un hombre denunciado.

“Mucho de lo que ellos hacen ni siquiera llegará a ser público y en los casos en que se lleve un proceso legal, lo más probable es que no sea sancionado”, lamenta.

En el ámbito artístico y del tatuaje occidental, se suelen justificar violencias con la idea de que hay que “separar el arte del artista”, pero en el tatuaje no se puede ser así, dice Valeria.

“Hay un contacto corporal directo entre la persona que agrede y la víctima”, enfatiza. “Quien tatúa no está trabajando en un lienzo, lo hace en un cuerpo y ahí es donde las violencias suceden”.

Valeria compara espacios como Un Cuarto Creciente con la creación de los vagones exclusivos en el Metro. “Tenemos que construir espacios para nosotras, no podemos esperar a que ellos cambien”

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Un cuarto creciente

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En México y especialmente en Yucatán, donde el número de casos de VIH va a la alza, no se han tomado las medidas suficientes para evitar que el contagio y al mismo tiempo, el estigma, sigan creciendo en la entidad. Las cifras actuales, en medio de la pandemia, indican que poco han servido las campañas y éstas no llegan a todos, principalmente a las comunidades rurales. 

Por Andrea Azueta, Víctor Balcázar y Cristina Trujillo

Silencioso, opacado en los dos últimos años por un agente biológico en cuya estructura destaca una especie de corona, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) recorre y se multiplica por las planicies de Yucatán.

Las últimas cifras de la Secretaría de Salud federal ubican la dimensión del crecimiento de número de contagios de este retrovirus en el estado: los nuevos contagios de VIH detectados durante el primer semestre de este año aumentaron 26 por ciento, en comparación con la primera mitad de 2020. 

La expansión del virus es más notoria si se revisan los nuevos casos de VIH detectados en el primer semestre de 2019. El aumento es de 80 por ciento.

En realidad, las cifras podrían ser más altas. Los especialistas y representantes de asociaciones civiles están convencidos de que existe un subregistro desde que en marzo de 2020 llegó la pandemia. 

Pedro Pablo Alemán Góngora, presidente de la Red de Personas Afectadas por el VIH (Repavih), cree que la pandemia ha mermado la posibilidad de hacerse pruebas para detectar el contagio, ya que sólo se aplicaron la mitad de las que usualmente se hacen.

“Si no hubiera pandemia, habría más casos. No hay una sola familia en Yucatán que no haya perdido a un familiar por SIDA (la enfermedad causada por el virus), y aunque se habla y se sabe, aún lo esconden”, explica Alemán Góngora.   

Si la comparación se extiende a cinco años atrás, los números son más llamativos: el crecimiento es de 221 por ciento.  

* * *

Oriundo de la Ciudad de México, Ceiba, quien pide llamarle así para evitar ser víctima de discriminación, fue diagnosticado con VIH a principios de 2020. La noticia llegó después de que su pareja detectara una especie de bolita que le había crecido en el área del cuello.  “Ceiba” decidió hacerse la prueba Elisa. Semanas después le confirmaron que era seropositivo. 

Para Ceiba realmente no ha habido grandes cambios en su cotidianidad después del diagnóstico, ya que sólo un par de personas en su círculo social y familiar conocen el diagnóstico. Aún así, se ha enfrentado a discriminación al estar infectado por el VIH.

Lo vivió de manera muy cercana. “Mi ex pareja supo mi diagnóstico porque éramos novios y yo decidí compartirlo, porque habíamos tenido relaciones de riesgo. Él estaba como en shock; una vez fuimos al cine, siempre que íbamos compartíamos el mismo popote; después del diagnóstico, agarró dos popotes”.

El primer caso de VIH se detectó en México en 1983; en Yucatán, un par de años más tarde. Casi cuatro décadas después, el estigma sigue vigente, incluso entre integrantes de la comunidad LGBTI.

Ceiba lo experimentó directamente: “Antes de que yo fuera portador, alguna vez algunos amigos (decían) ‘no, es que esa persona tiene bicho’. Existe una discriminación dentro de la comunidad. Y además existe una gran, pero gran ignorancia acerca del tema, siguen viviendo con lo que se decía en los años sesenta, ochenta, sobre lo que era el VIH”.

El desconocimiento, en su opinión, se extiende a aspectos básicos de educación sexual. La sociedad yucateca se caracteriza, dice, por su ignorancia respecto al tema del VIH y la sexualidad humana. De hecho, “no saben diferenciar entre los términos homosexual, bisexual y heterosexual”. 

Los prejuicios y la desinformación dominan la “discusión” pública sobre el tema. Y ni las autoridades de salud ni educativas abordan el tema con la relevancia que deberían.

“No existen líderes morales que hablen públicamente sobre la prevención y transmisión del VIH; por el contrario, algunos recintos religiosos se han unido para minimizar la importancia del condón”, explica Carlos Méndez Benavides, fundador del albergue Oasis San Juan de Dios, en el que se atiende a pacientes seropositivos y también cumple funciones de clínica especializada en VIH/SIDA. 

Por ejemplo, menciona, diferentes iglesias se han unido “para decir ‘el condón no sirve’, ‘el condón falla’, ‘el condón tiene poros que el virus puede traspasar’”. 

Cuando ellos lo dicen públicamente, lamenta Méndez Benavides, nadie los confronta. “No hay un poder real de salud pública que confronte estas mentiras”.

La difusión de esta información falsa provoca un sentimiento de rechazo hacia el uso del condón masculino. Y con ello aumenta la posibilidad de que el contagio y transmisión del VIH se potencie en el estado.  

El presupuesto público del gobierno estatal que se destina a tareas de información y prevención y control de VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual no representa una ayuda. Se cuentan con siete millones de pesos anuales para cumplirlas. 

“No se ha priorizado la difusión masiva de información para su prevención, resultando así en personas portadoras que desconocen su diagnóstico durante décadas”, comenta el activista y defensor de derechos humanos de las personas con VIH. 

Yucatán es uno de los estados en que se cuenta con un alto porcentaje de población indígena, lo que acentúa el problema. Las comunidades mayas, que son las que prevalecen aquí, permanecen al margen de cualquier esfuerzo institucional.  

“No se está tomando en cuenta a las comunidades mayas e indígenas en zonas rurales. Ha habido intentos por hacer campañas, pero son insuficientes”, explica Méndez Benavides.  

El error de arranque es que se desea “imponer desde Mérida un pensamiento de escritorio y no de cosmovisión del campo”. Eso explica en su opinión por qué las campañas han fallado con la población indígena. 

Y pone un ejemplo que revela el desconocimiento de la realidad y de las dinámicas de contagio y transmisión del virus. “Una campaña para jóvenes maya hablantes, se hizo en español y en maya. Se hizo con pósters e imágenes en televisión, con una víbora de cascabel que atacaba y te mordía, y te decía, ‘el virus es como la cascabel, es mortal’. ¿Qué hicieron? Pues acabaron con las cascabeles. El VIH nunca entró a la cosmovisión del mundo maya”.

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La pandemia de la covid-19, además de los efectos sobre el sistema público de salud y la estela de más de 250 mil muertes en México, provocó un fenómeno de subregistro. 

El miedo a asistir a los hospitales, la carencia de citas médicas para atender enfermedades que no fueran críticas, la falta de medicamentos y la saturación de los esquemas de distribución de fármacos tuvieron un efecto paradójico: desplomó las cifras sobre contagio y las ubicó en niveles muy bajos, poco confiables para los especialistas.   

De acuerdo con las cifras de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en 2020, en plena pandemia, se registró un descenso importante en los números de contagios por VIH. 

En el año 2019 las autoridades de salud registraron 19 mil contagios de VIH confirmados y 17 mil 216 diagnosticados. Un año después, el panorama cambió sustancialmente: los reportes oficiales ubican las cifras en 9 mil 711 confirmados y 9 mil 220 diagnosticados.

Las cifras se redujeron casi a la mitad, hecho que no sólo ocurrió en el estado sino en las 32 entidades del país. 

De hecho, el 2020 fue el primer año en que se registró una disminución en el número de contagios en Yucatán. 

Esa reducción no es confiable. “La pandemia y la situación de emergencia sanitaria mermaron las posibilidades de hacerse las pruebas, y sólo se aplicaron la mitad de éstas”, comenta Alemán Góngora.

“Si no hubiera pandemia, sí habría más casos. Y es que no hay una sola familia en Yucatán que no haya pedido a una familiar por SIDA, y aunque se habla y se sabe, aún lo esconden”, explica.

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El Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) es una unidad de salud financiada por el gobierno estatal en tres puntos de la Península de Yucatán: Mérida, Ticul y Valladolid. 

Estos centros existen desde 2006 y fueron creados por el gobierno federal. Tienen la finalidad de brindar servicios para prevención y atención a pacientes con VIH e infecciones de transmisión sexual, así como apoyo psicológico, además de otorgarles el tratamiento antirretroviral.

Alemán Góngora dice que las inicitivas del gobierno estatal para difundir información y campañas de prevención del VIH son insuficientes y escasas y que, en cambio, se destina mayor presupuesto a la prevención y reparación de los daños causados por los huracanes.

Si bien en pandemias como el covid-19 y la influenza se dio una gran difusión de las medidas sanitarias, con “las campañas para el uso del condón para evitar la transmisión del VIH aún no se ha logrado”, lamenta. 

El fundador del albergue Oasis San Juan de Dios coincide y comenta un factor adicional: las campañas se limitan a ciertas fechas. “La información sólo se da cuando llega el Día Mundial del Sida. Los gobiernos no han hecho un compromiso real para realizar campañas permanentes”.

Lo que es más serio, en su opinión, es que tampoco han podido enfrentar y confrontar, “ni siquiera de manera diplomática, el ataque hacia la herramienta más conocida, que es el condón”.

Luis Barragán tiene 58 años y es originario de la Ciudad de México. En 2014 las pruebas confirmaron que estaba contagiado con VIH. En su caso, la falta de un diagnóstico adecuado lo colocó en una situación de riesgo: durante 23 años vivió como asintomático. 

Barragán censura que no haya campañas de difusión en las escuelas, desde los ciclos tempranos. “Deberían empezar en preparatoria y quizá hasta en tercero de secudnaria, como ocurre en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla”. 

Los jóvenes, concluye Barragán, deben saber que esta enfermedad existe, que es real, que se deben de cuidar.

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Micky quería llegar a Estados Unidos, como cientos de sus paisanos que se arriesgan a dejar su país sin dinero ni idea de qué les espera en la frontera norte de México. El sueño americano se quedó en eso, mientras el joven haitiano descubría que, a diferencia de muchos otros migrantes, él podía construirse una vida en Baja California, en español y en las aulas.

Por Nicolle De León Larrea, Adelina Pazos y Carlos Serrano

A Jean Bernaud Gillen todos en Mexicali le dicen Micky, “el profesor Micky”. El mote le viene de dar clases de matemáticas, física y química a estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, donde él es alumno también, y a jóvenes de Ciudad de México, Monterrey, Estados Unidos, Brasil y Chile.

Siempre ha sido bueno para las matemáticas. Desde niño supo que el estudio era su fuerte. Y no sólo es bueno aprendiendo, también enseñando. Cuando llegó a la secundaria alternaba su vida escolar con asesorías a estudiantes de primaria, y cuando pasó al bachillerato hizo lo mismo con adolescentes de secundaria. 

Pero al terminar la preparatoria tuvo que salir del nido, como lo hicieron sus cuatro hermanos. Su país, Haití, no era opción para superarse.

No fue fácil dejar su tierra, aunque siempre supo que no había otro camino: la pobreza extrema y las casi nulas posibilidades de mejorar su situación casi en cualquier sentido no permitían otra opción.

El menor de cinco hermanos e hijo de una madre soltera que se dedicó a la pesca, uno de los oficios más recurrentes en el país caribeño, a Jean Bernaud y sus cuatro hermanos se les complicó la vida cuando su mamá murió. Él apenas tenía cinco años y sus hermanos lo criaron como pudieron.

Hoy, a sus 26 años, trata de darle vuelta a la página y retomar lo positivo. Sólo lo positivo.

Cuando habla con InquireFirst de cómo terminó en México, hace cinco años, repite frases hechas como si se trataran de un karma de supervivencia: “En la vida nada es gratis, por eso tienes que apreciar”. No se le puede reprochar que esa sea su forma de contar la travesía que tuvo que hacer por 10 países de América Latina, expuesto a peligros y experiencias traumáticas que le cuesta trabajo evocar.

La clave de su victoria –porque su vida actual ya es una victoria–, la suelta tras un respiro solemne: “Nunca te detengas. No importan las adversidades ni los momentos difíciles, nunca te detengas. Cuando no te detienes te da una perspectiva, un sueño, un objetivo, y sabrás lo que hay que hacer y lo que no tendrás que hacer”.

Micky nunca se detuvo.

El camino más largo

Haití es el país más pobre de América. La ONU estima que casi 4 millones de haitianos, de una población de 11.5 millones, padece inseguridad alimentaria, y una quinta parte se ha visto forzada a emigrar. En el último siglo, se estima una pérdida de 98 por ciento de sus bosques, lo que ha agudizado la sequía y la deficiente producción agrícola.

Haití es la mitad de una isla –comparte territorio con República Dominicana– con una larga historia de inestabilidad económica y política, que pasó del dominio español al francés, y fue poblada por personas de piel negra que hombres blancos robaron de sus pueblos en África para convertirlas en esclavas. 

Así se formó el país caribeño, abandonado a la suerte de gobiernos dictatoriales y de grandes desastres naturales. 

Por eso mucha gente busca salir de la isla a como dé lugar. En 2016, Micky se aventuró a viajar hasta Chile, cuyo gobierno le permitió arribar tras una decisión diplomática derivada del terremoto que devastó a Haití en 2010.

“Empecé a trabajar planchando en Chile, estuve como seis meses, nunca me pude adaptar. Yo trabajaba de ocho a ocho, no salía a nada. El domingo descansaba y sólo salía a comprar despensa”, recuerda.

Ahorró y emprendió su viaje a Estados Unidos. Tomó el camino largo porque no tenía documentos. Atravesó nueve países durante tres meses antes de poder llegar a la frontera norte de México: Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Salvador y Honduras.

El trayecto fue duro, rondaba la tragedia, la muerte. “Cuando hablo de esto siento dolor, tristeza –relata Micky–. Me pongo a llorar porque fue como un infierno y me dije: nunca más vuelvo a entrar a un país sin documentos. En el camino entre Colombia y Panamá hay que subir una montaña, caminar por alrededor de cinco días, no se ve hacia dónde se va. Caminando por la montaña me encontré a muchos muertos que se cansaron y ahí quedaron”.

El joven matemático no paró entre la selva, los migrantes que no llegaron a su destino, las zonas donde las autoridades civiles o militares no los puede ver.

“Había un río, y para cruzar el río tuvimos que agarrarnos de la mano y así tener más fuerza contra la corriente. Una señora que llevaba un niño se cayó; se lo llevó la corriente. Fue difícil”.

Como miles de haitianos, Micky llegó a Tijuana y luego a Mexicali con la esperanza que el gobierno de Barack Obama les abriera las puertas del sueño americano. Intentó cruzar a Estados Unidos, no lo logró. 

Incluso hizo trampa con un documento esperando poder pasar, ni así pudo. Entendió que no era su momento. Empezaría a hacer su vida en México. Recurrió a lo que mejor sabía hacer: estudiar. 

Hizo el examen para ingresar a la Universidad Autónoma de Baja California y no pasó en el primer intento. Se deprimió, pero no dejó que eso lo inmovilizara. Se preparó mejor, practicó más su español y se lanzó de nuevo, esta vez con éxito.

Él lo platica con otras de sus frases: “Me di cuenta de que los grandes sueños y las grandes historias siempre pueden hacerse realidad cuando estás listo para fracasar”. 

Piensa que entró justo “en el momento en que estaba listo. Quedé y ahora soy asesor de cálculo integral diferencial. Todo lo que tiene que ver en matemáticas: en todo eso pueden confiar en mí”, dice orgulloso de sí mismo.

Centros de hacinamiento 

Con la ola más reciente de la migración haitiana, en Baja California empezaron abrir barberías y restaurantes de comida típica. Jóvenes de la isla ahora residentes en México cursan licenciaturas e ingenierías en escuelas públicas y privadas.

El gobierno federal ha autorizado trabajo formal a 2 mil 531 migrantes de Haití en Baja California, de los cuales mil 404 se hallan vigentes en el Seguro Social.

Pero no a todas las personas procedentes de Haití les va bien. En la línea fronteriza se halla el campo El Chaparral, donde se han establecido más de mil migrantes de Centroamérica y el Caribe, Haití en particular. 

Mientras esperan obtener el permiso para pasarse al otro lado de la frontera, viven en pequeñas casas de campaña y tienen dificultad para acceder a servicios de higiene y salud. Además, en los últimos meses se han registrado desencuentros entre centroamericanos y haitianos.

En Baja California, los centros de asistencia para migrantes, impulsados por organizaciones civiles y religiosas, se encuentran saturados. Desde que comenzó el gobierno de Jaime Bonilla Valdez –que concluirá el 30 de octubre próximo– les fueron retirados pequeños apoyos que tenían asignados y que les ayudaban para sortear gastos fijos. 

La excusa de la administración local para dejar de proporcionar las ayudas fue que el gobierno federal creó un modelo de albergues donde esperarían los migrantes. El problema es que nunca funcionaron porque los extranjeros decían que se hallaban lejos de la línea fronteriza y que se sentían vigilados. Así, el centro que abrieron en Tijuana está vacío, y el de Mexicali cerró por completo.

“Me siento mexicano”

Aunque sus hermanos sí están en Estados Unidos, Micky ya decidió quedarse en México. Se siente bien aquí a pesar de que no gana la cantidad de dinero que se obtiene del otro lado de la línea fronteriza. No le importa demasiado.

“Aquí soy buen ciudadano. Aunque todavía no tengo la ciudadanía mexicana, yo me siento mexicano y trato de hacer las cosas bien”, afirma Micky. “Todos son mis amigos, todos me conocen, tengo una gran familia aquí, y familia familia –insiste–. No es familia falsa, es familia familia”.

Micky el matemático de origen haitiano que recorrió miles de kilómetros, decidió convertir a Mexicali en su destino.

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