El 23 de junio pasado, un montón de plafón y fierros se desplomó sobre los parabrisas de dos autos que circulaban sobre Calzada de Tlalpan. El material cayó desde una de las pasarelas elevadas que conectan los andenes con la taquilla de la estación del metro Villa de Cortés.

Esta fue sólo la última de una serie de irregularidades en torno a una obra que, impulsada por una empresa privada y con el permiso de las autoridades, intentó convertir el espacio público en un negocio familiar y millonario.

Por Montserrat Peralta, Vanessa Cisneros, Estefanía Sánchez y Juan Gómez

Salvador Munguía se dio cuenta a la hora del desayuno. Un dolor agudo le atenazó la mandíbula. Comenzaba el año 2018. La construcción de un edificio, a unos cuantos metros de su casa, había durado ya meses. Ruidos a todas horas. Sin cesar.

No era lo único. Además del escándalo, su casa se cimbraba durante las noches; ni siquiera en la madrugada paraban los trabajos. La ansiedad agravó su bruxismo crónico –un trastorno que te hace chocar los dientes por las noches– y Salvador comenzó a usar protectores bucales para soportarlo.

–Como un boxeador –ríe y sus ojos se agigantan aún más por el doble aumento de sus lentes. 

No sirvió de nada: esa mañana, su segundo molar, el superior izquierdo, amaneció partido en dos.

A Salvador ya le preocupaba la epidemia de plazas comerciales que se extendía por la ciudad. El furor inmobiliario se había acomodado junto a su puerta. Las sacudidas, que él sentía casi como impactos sísmicos, lo empujaron a presentar quejas, denuncias y a enviar cartas ante cualquier dependencia de gobierno que pudiera frenar las obras. Cuando de milagro lo escuchaban y las obras se detenían, era sólo para reanudar pocas semanas después.

Hoy cualquier ruido lo estremece. Su presión sanguínea llegó a niveles de alarma y no parece estar dispuesta a bajar. Necesitará medicación de por vida y, mientras no regule su hipertensión, no podrá someterse a cirugía para extraer su muela rota.

Enfadado, Salvador dice que la torre de ocho niveles que se construye junto a su casa no solamente es molesta: se ubica sobre la estación del metro Villa de Cortés, un espacio público.

“Es un negocio en beneficio de unos cuantos”, se queja. Su profesión de contador le hace intuir que este asunto no pinta nada bien y que hay arreglos poco claros.

Posee un buen olfato profesional el vecino de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez. Hace cuatro años, el SCT–Metro le entregó, le alquiló, le concesionó –cualquiera de esos verbos aplica correctamente– la estación Villa de Cortés a una empresa privada.

Le permitió, en otras palabras, convertir la estación en una plaza comercial a cambio de una renta de 45 mil 240 pesos al mes. Sí, esa cantidad, más los gastos derivados de la renovación y adaptación.

A cambio, la compañía obtuvo el derecho de construir espacios y locales comerciales en una de las estaciones de más afluencia, por conectar el sur con el centro de la ciudad, lo cual le dejará un beneficio de al menos un millón 800 mil pesos mensuales sólo en rentas.

Sí, don Salvador, tiene razón.

Dos depósitos por adelantado y un “guante”

“Renta de locales comerciales”, dice el anuncio sobre un muro de tabla roca desnuda. Estamos sobre una de las pasarelas elevadas que cruzan Calzada de Tlalpan y que conectan la taquilla con el andén de la estación del metro Villa de Cortés.

Aunque los carteles anuncian que pronto todo este espacio será una plaza comercial, el lugar está en obra desde hace casi cinco años, desde 2016. 

Hace unas semanas –cerca de las 10 de la mañana del 23 de junio– un montón de plafón y fierros se desplomaron desde uno de estos pasajes elevados y destrozaron el parabrisas de dos autos que circulaban por Calzada de Tlalpan.

Todo comenzó el 15 de septiembre de 2016. Ese día las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro otorgaron a la empresa Accesorios Constructivos SA de CV (Accco) un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) con vigencia de 10 años para encargarse de la adaptación, modificación, construcción y explotación de dos torres ubicadas en los dos únicos accesos a la estación Villa de Cortés, además de las pasarelas elevadas y la planta baja.

El permiso –que podría renovarse al término de su vigencia– prevé la demolición de los actuales accesos a la estación, en donde se erigirán edificios de uso mixto, habitacional y comercial, así como la construcción de un puente elevado que cruce Calzada de Tlalpan de extremo a extremo, a lo largo del cual habrá locales comerciales en renta, cuyo funcionamiento podrá ser de 24 horas y contarán con vigilancia.

“Lo que ahí se construya será propiedad del sistema, así que este esquema tiene mucha ventaja para nosotros”, argumentó Roberto Azbell Arellano, entonces subdirector general de Administración y Finanzas del Metro.

El funcionario estaba convencido de las bondades del arreglo, tanto que no importó que la empresa tuviera un adeudo de impuestos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como quedó de manifiesto en la sesión extraordinaria del comité encargado de aprobar los permisos. 

Azbell Arellano reconoció abiertamente que la empresa tenía pendientes con el SAT. El funcionario lo definió como un “problema”. “Existe un adeudo por lo que hace al pago del IVA, estamos en un proceso administrativo ante el SAT”, reconoció, pero le restó importancia. 

En las siguientes semanas, según anunció, se reuniría el director general del Metro con la Secretaría de Finanzas, la Oficialía Mayor y la Procuraduría Fiscal del gobierno de la ciudad “para determinar qué va a pasar con esa parte fiscal que traemos problemas con la empresa”.    

Así que luego de 20 minutos, el funcionario, que fungía como presidente del Comité de Administración y Contratación de Áreas Comerciales y Espacios Publicitarios del Metro dio por concluida la sesión a las 10:30 del 15 de septiembre del 2016.

Así, ese día se aprobó otorgar a Accesorios Constructivos  SA de CV (Accco) la explotación comercial de las pasarelas elevadas sobre Calzada de Tlalpan, la parte baja de la estación a ambos lados de la vía, además de los predios marcados con el número 891 y 858.

Por el derecho de aprovechar un total de 774.8 metros cuadrados, propiedad del SCT–Metro y del gobierno de la Ciudad de México, se fijó un alquiler de 45 mil 240 pesos mensuales. 

El plan comercial de la empresa consiste en subarrendar cada uno de los espacios de la plaza a precios variables, de hasta 108 mil pesos al mes, los más atractivos.

A eso hay que agregar el usufructo económico de las torres de seis niveles que se construyeron a cada lado de la estación. Un piso completo cuesta 81 mil 200 pesos al mes, según el tabulador de precios que la empresa ofrece a los interesados.  

De alquilarse la totalidad de los locales y oficinas disponibles, la empresa obtendrá un ingreso mínimo de un millón 800 mil pesos sólo en rentas, esto es, 40.3 veces más de lo que recibirá el metro como contraprestación.

* * *

Las obras comenzaron el 21 de octubre de 2016. Ese día, el entonces jefe de gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, anunció el arranque de las obras junto a quien en ese tiempo era director del Metro, Jorge Gaviño Ambriz. Informaron que la empresa invertiría 100 millones de pesos en la edificación de las torres comerciales.

A cambio del derecho de alquilar los espacios comerciales, Accco SA de CV se comprometía a remodelar la estación y llevar por su cuenta la seguridad de la zona. 

Según declaró el jefe de gobierno, la obra en Villa de Cortés constituía un “programa piloto”. El plan era construir una plaza comercial o un proyecto similar en todas las estaciones de la Línea 2 ubicadas sobre Calzada de Tlalpan.

Después del incidente de junio pasado –cuando los plafones de la pasarela destrozaron los parabrisas de dos autos en movimiento–, las autoridades del STC anunciaron que el PATR que le permitía explotar la estación estaba ya en proceso de revocación. 

Sin embargo, de acuerdo con una solicitud de transparencia realizada por Inquire First y entregada días antes del accidente, el permiso de la plaza de Villa Cortés continuaba vigente y, al día de hoy, Accco SA de CV sigue ofreciendo sus locales en renta. 

A la fecha, la constructora ha excedido las fechas de entrega prometidas para 2017 y 2020, lo cual sería ya motivo de revocación.

El día de la inauguración, aquel 21 de noviembre de 2016, Gaviño Ambriz pronosticó que la plaza, junto con la nueva estación, estarían listas en un año.  “Es una obra muy rápida”, presumió.

* * *

–El local P4 tiene 18 metros cuadrados y un costo de 52 mil pesos al mes –advierte Daniel Vega, empleado de Accco, quien ofrece un recorrido a cualquiera que pida una cotización–. Lo duro es que pagas “guante”. 

Quienes conocen las dinámicas inmobiliarias saben que el “guante” es una cantidad de dinero otorgada al arrendador para gozar del derecho de renta. Es otras palabras, es un dinero pagado a fondo perdido sólo por tener derecho a rentar. A nada más.

Se acostumbra pagarlo en lugares considerados valiosos por la afluencia de personas. En la estación Villa de Cortés, por ejemplo, transitan más de 25 mil personas a la semana, según presume el empleado de la empresa. Por eso es que se pide a los interesados pagar un “guante” de no menos de 472 mil y de hasta 3 millones 900 mil pesos.

–Es dinero que no se reembolsa –explica Daniel durante un tour por el edificio, donde ya están construidos seis pisos de oficinas todavía sin acabados, agua potable o electricidad.

–¿No me lo tomas a cuenta?

–No te lo tomo a cuenta de nada. Para que yo te lo pueda rentar, tú me tienes que pagar un “guante”: ese dinero es una recuperación que yo necesito para solventar todos los gastos que tengo.

De acuerdo con Vega, la firma inmobiliaria ya está en pláticas con tiendas de autoservicio como OXXO. Un plano de disponibilidad de los locales, en poder de Inquire First y consultado a mediados de julio de 2021, indica que también se piensa instalar un Súper Naturista, una tienda de calzado Panam y una bisutería.

Sólo por concepto de “guante” la arrendadora obtendrá 29.1 millones de pesos y, como solicita dos meses de depósito por adelantado, ese monto se sumaría a otros 3.6 millones de pesos que la empresa tendrá disponible una vez que haya rentado todos sus locales.

A cambio el Metro recibe 45 mil 240 pesos de Accco SA de CV, una razón social que, según los estados financieros del STC al 31 de diciembre de 2020, adeudaba cinco millones de pesos al Metro por concepto de contraprestaciones devengadas no cobradas, ocupando el cuarto lugar en la lista de empresas deudoras. 

La plaza se llama Victoria. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), la plaza fue bautizada así en homenaje a la victoria de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Aunque la placa conmemorativa, ubicada en la fuente art decó que se levanta al centro de la plaza, indica que fue inaugurada un año antes.

–Esta plaza tiene su historia –dice Ernesto Chavarría, vecino de 87 años que vive a unos pasos, en el lado oriente de Calzada de Tlalpan.

La construcción de una de las torres de Accco obligó a reubicar la salida de la estación del metro dentro de la Plaza Victoria, restándole espacio.

–En 1985 se le rindió homenaje al compositor Tata Nacho, que era vecino de la colonia –dice Chavarría–. Lo que están haciendo le resta memoria a los habitantes del barrio.

Las afectaciones causadas por las obras de Accco se cuentan por decenas en las voces de la comunidad de vecinas y vecinos que las padecen, además de activistas y especialistas.

• Brígida Márquez, de 66 años, tiene una escuela donde prepara a jóvenes que deseen ingresar a la universidad. Antes, el anuncio de su escuela pintado en uno de sus muros podía verse desde el metro. “Yo tenía publicidad casi gratis, ya no”, se queja y señala la torre que borra su escuela del paisaje. “Además han generado ruido, problemas muy fuertes con nuestro drenaje y con mi construcción. Han sido cinco años de terror”. 

• Flora Aldama, vecina desde hace 27 años, señala las vigas que se colocaron sobre el carril de alta velocidad de Calzada de Tlalpan y que sirven para sostener la nueva pasarela elevada. “Es muy común que transiten por ahí tráilers, camiones pesados y no hay siquiera un aviso. Los automovilistas tienen que maniobrar”. Tiene razón: en ese tramo han ocurrido al menos 20 accidentes automovilísticos más entre 2018 y 2020, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Movilidad de la ciudad. Al menos dos personas han muerto.

• Eréndira Derbez, historiadora del arte e ilustradora, censura la política de permitir la proliferación de plazas. “Una ciudad llena de plazas comerciales en lugar de parques es una ciudad que privatiza el ocio. Como niño, ya no puedes salir con una pelota a jugar porque ya no existen esos espacios y eso evidentemente tiene repercusiones en la salud”. 

• José Ramón Puente, también vecino de la zona, lamenta el uso que se le da al espacio público. “Lo están usando para un negocio privado. Hay una lesión al gobierno de la ciudad y a todos nosotros: pagan migajas y obtienen ganancias muy altas”. 

El arquitecto Felipe Leal, miembro del Colegio Nacional y responsable de remodelar la Alameda Central hace nueve años, explica la función y relevancia de espacios como la Plaza Victoria. “Llamamos ‘hitos’ a estos espacios, son referencias urbanas”, comenta. “Son centros de concentración de servicios y actividades: la papelería, la farmacia, la panadería, en fin, todo lo que le da identidad al barrio”.

Desde 2018 los vecinos interpusieron al menos cinco denuncias ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT)  por presuntos incumplimientos en materia de desarrollo urbano, construcción, ambiental y factibilidad de servicios en ambos lados de Calzada de Tlalpan. También por ruido y derribo de árboles.

Un negocio familiar

La plaza de Villa de Cortés no es el único negocio que Accco SA de CV mantiene en el metro.Un permiso obtenido en 2012 le autoriza a administrar y usufructuar más de 651 locales y 873 espacios comerciales en las estaciones del Metro. Tres de cada 10 locales registrados por la empresa se ubican en la Línea 1, de Pantitlán a Observatorio. Le sigue la Línea 2 (donde está la estación Villa de Cortés), en la cual cuentan 187.  En todas las líneas del Metro, salvo en la línea 12 de más reciente construcción, la empresa controla algún espacio.

Todo esto a cambio de un pago mensual de 5.7 millones de pesos. 

Este permiso está a punto de cumplir 10 años y aunque es susceptible de renovarse por otra década, según información del STC a la que tuvo acceso Inquire First, se encuentra en proceso de revocación. 

Fundada el 3 de marzo del año 2000, Accco SA de CV nació con el objetivo de vender materiales y herramientas para la construcción, como indica su nombre. Años más tarde, cambió su objeto social para “administrar, edificar, reparar y explotar bienes raíces urbanos y suburbanos”. 

En esas fechas, en algún mes de 2008, María de Jesús Campoy Burrola, Javier Cota Ibarra y Juan Landeros Vargas se incorporaron como accionistas. Con ello se establecía el vínculo familiar y laboral con otra empresa que ha crecido exponencialmente durante los años que ha dado servicio al propio STC-Metro: un corporativo que en 2010 controlaba 78 mil espacios publicitarios del sistema –aunque para 2018 esa cifra se redujó a la mitad, seguramente por las múltiples irregularidades reportadas.

La empresa, denominada ISA Corporativo SA de CV, también controla 70 mil espacios publicitarios tanto en aeropuertos como en túneles vehiculares.

Al igual que Accco SA de CV, acumula deudas con el Metro. Por ejemplo, con el argumento de que la pandemia se había llevado a la mitad de sus clientes, ISA solicitó una prórroga de pago de la deuda acumulada de 2 millones 665 mil pesos por concepto de consumo eléctrico. El STC Metro le concedió un plan de pagos mensuales, aunque al cierre de 2019 la empresa adeudaba más de 4 millones por el mismo concepto.

ISA es dirigido por los hermanos sonorenses Raúl y Hugo Camou Rodríguez. Este último es padre de Hugo César Camou Campoy, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de tesorero de Accco SA de CV, la concesionaria de la estación Villa de Cortés.

Los vínculos de ISA con Accco permiten entender los nexos de un negocio familiar que ha crecido explotando las instalaciones del STC-Metro y que va desde la renta de espacios publicitarios hasta la explotación de locales comerciales, intentando ahora ingresar al mercado inmobiliario.

* * *

El domicilio registrado por Accco SA de CV en el Permiso Administrativo Temporal Revocable se ubica a 700 metros del metro Villa de Cortés: Amado Nervo número 100, colonia Moderna. 

Esta vivienda de portón marrón y fachada beige es sede de otras tres marcas y una empresa ligadas a la familia Camou Campoy.

• María de Jesús Campoy Burrola, expresidenta del Consejo de Administración de Accco, usó el mismo domicilio en 2001 para registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual la marca “Imagen saludable”. La misma dirección consta para la marca que Daniel Camou Campoy registró en 2015: “Chilaquilas”. 

• Un año después, Edmundo Sánchez Campoy dio de alta a la marca “Viotronics” en esta misma dirección. La empresa Camou Relatives SA de CV, dedicada también a rentar espacios publicitarios, reportó esa localización como su domicilio fiscal, como consta en un documento del partido Movimiento Ciudadano.

• Mario Martín Gallardo se convirtió en 2014 en secretario de Accco. Es director adjunto de Grupo GICSA, firma que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y ha desarrollado proyectos como la torre HSBC. También preside dos empresas inmobiliarias cuyos domicilios coinciden con los registrados por Accco.

• Hugo César Camou Campoy abandonó Accco en 2018, dos años después de iniciadas las obras en Villa de Cortés. A su salida, Mario Martín Gallardo asumió la Presidencia de la empresa.

Escuchar más a los vecinos y menos a los funcionarios

Ocurrió en el 2016. Gabriela Ortega, vecina de la colonia Villa de Cortés, recuerda que fue una noche fría y que Jorge Gaviño, entonces director del Metro, se presentó en su domicilio para reunirse con ella y otros 30 vecinos.

Para que cupieran todos, la reunión se realizó en el patio de la casa de Gabriela. Gaviño acudió allí para informarles sobre la construcción de las torres comerciales en el Metro Villa de Cortés. 

–Unos estaban a favor y otros no –dice Gabriela–. Yo ahora lamento no haber hecho caso a los que estaban en desacuerdo. El doctor Gaviño nos convenció de que iba a ser una obra de vanguardia, futurista, con servicios. Pero no hay palabras para describir lo mal hecha que está.

No fue la única reunión. Más de una vez los vecinos acudieron a las oficinas del Metro, en el Centro Histórico. Gaviño los recibía en una sala cómoda, llena de pantallas, y les ofrecía botana mientras prometía que las obras traerían mayor seguridad, modernidad y un paso seguro para cruzar Calzada de Tlalpan. 

Han pasado cinco años. Gabriela Ortega dice que la obra acumula todo ese tiempo de perjuicio para la comunidad de Villa de Cortés. Estructuras como el puente peatonal provisional –endeble y frágil, “como de latón” y sólo disponible durante el horario del metro– impiden la movilidad a personas con discapacidad, generan riesgos a los ciclistas que transitan sobre Tlalpan y a los usuarios del metro. 

“Yo tengo miedo de que ese edificio se caiga –confiesa Gabriela–: han construido mal la obra. Cuando hay presupuesto le meten mucha maquinaria, pero malos materiales. La prueba es el plafón que se cayó el mes pasado”.

Al día de hoy lamenta haber otorgado un voto de confianza al gobierno de la Ciudad de México. Esa es la única moraleja que extrae de esa experiencia: escuchar más a los vecinos y menos a los funcionarios. 

“Cuando se fue Gaviño, hablamos con el nuevo encargado. Nos decían lo mismo: que ya se iba a terminar, que iban a hablar con la Plaza, con Accco… pero todo quedó igual”.

Desde esa época, Gabriela ya no confía. Tardó en darse cuenta, pero no oculta su arrepentimiento por no haber hecho caso a sus vecinos a tiempo. Y eso la tiene, como dice, muy apenada.

InquireFirst solicitó de manera formal entrevistas con los representantes de Accesorios Constructivos SA de CV,  ISA Corporativo SA, así como con Miguel Ángel Mancera, Jorge Gaviño Ambriz y la actual administración del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Al cierre de este reportaje no se había recibido respuesta. 

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Construir espacios para ellas, sin esperar a que ellos cambien, es el motor de múltiples iniciativas impulsadas por mujeres tatuadoras cansadas del acoso sexual y laboral.

Como muchos sectores de la vida social, la boyante industria del tatuaje reproduce violencias machistas, disparidad e inequidad, ante las cuales muchas mujeres han reaccionado creando sus propios estudios refugio.

Por Paulina Márquez, Tamara Mares, Monserrat Landa y Pablo Padilla

Yohali Pinacho tardó varios minutos en encontrar el estudio de tatuaje Casita Sololoy en el centro de la ciudad de Puebla. Estaba harta del ambiente competitivo y hostil fomentado por el dueño del estudio en el que estaba, quien además criticaba, únicamente a ella, la calidad de su trabajo. Por eso le emocionaba la posibilidad de colaborar en un espacio exclusivo de mujeres tatuadoras.

Una de las claves de este lugar es que opera de modo privado para no comprometer la seguridad de las tatuadoras y sus clientas. Nadie conoce su ubicación sino hasta que se concreta la cita, de tal manera que Yohali, alias Garabattoo Chinicuil, debió tocar varias puertas antes de dar con el sitio. Pero una vez ahí, se sintió “feliz”.

Con plantas sobre repisas de madera, las paredes del sitio están decoradas con murales hechos por artistas locales en colores rosas, amarillos y anaranjados. Dos habitaciones se han adaptado con camillas, luces de aro, mesas con tintas, guantes desechables, recipientes de plástico, toallas y líquidos antisépticos.

Casita Sololoy, proyecto fundado por Giovanna Gayosso y Brisa, es un estudio seguro para que las mujeres desplieguen su talento libre de violencias.

La industria del tatuaje mexicana no está exenta de machismo ni misoginia. Las mujeres que desean desarrollarse artística y profesionalmente en este círculo enfrentan circunstancias que colocan en riesgo su seguridad física y emocional.

Ante el acoso laboral y sexual, las mujeres tatuadoras han decidido no sólo denunciar sino dar un paso más: construir espacios seguros donde ellas y sus clientas puedan disfrutar del proceso creativo.

Giovanna y Brisa concibieron la idea de fundar Casita Sololoy a partir de una experiencia personal. En el sitio donde Giovanna y Jackie tatuaban, Jackie vivió una experiencia incómoda con uno de sus compañeros, quien se acercaba a ella y la tocaba innecesariamente en la cintura y los hombros. Además, a pesar de que las dos tatuadoras eran socias del espacio, no podían participar en las decisiones sobre cómo manejarlo.

Así que el momento clave para dejar el estudio llegó cuando se enteraron de que su socio había acosado a una clienta: la jaló e intentó besarla durante la sesión. Jackie se dio cuenta que estaba trabajando en un sitio en donde las mujeres no estaban seguras.

“Muchísimas morras pasan por acoso cuando se están tatuando y eso se normaliza. Se piensa algo así como ‘ok, no pasa nada’”. Jackie no cree en ello: “No, no tiene por qué ser así. El tatuaje debe hacerse siempre desde el respeto; nosotras lo tenemos muy claro aquí, en el estudio”.

Giovanna y Brisa buscaron un sitio y, finalmente, fundaron Casita Sololoy en noviembre de 2020. Cuatro meses después de su fundación, Giovanna recibió a Garabattoo sin saber que iba a pedir trabajo.

“Me preguntó ‘¿te quieres tatuar algo?’. Le dije ‘no, de hecho, vengo a pedirte chance de trabajar aquí, yo tatúo’”, recuerda Garabattoo entre risas.

De 25 años, la joven le contó a Giovanna sus experiencias profesionales más recientes, y ésta accedió a darle un espacio en Casita Sololoy, sin ni siquiera pedirle ver su portafolio.

Yohali había recibido en otros estudios la oferta de contar con un espacio para tatuar a cambio de comenzar una relación sentimental, además de que estuvo sometida constantemente a estrés y ansiedad por las constantes discusiones con un compañero tatuador.

Ahora es muy distinto. “Me siento comprendida. Es un espacio de contención muy cañón. Me siento especial; te dicen que todas somos iguales, y sí, somos iguales”, cuenta Yohali sobre la experiencia vivida en los cuatro meses de estar tatuando en Casita Sololoy.

“Va más allá de contar con un espacio para tatuar; se trata también de empatizar”.

Casita Sololy_ Estudio de tatuajes

Casita-sololoy-tatuadora

Casita Sololoy

Casita Sololoy

Boom del tatuaje, pero sin regulación confiable

La visibilización del acoso y la violencia en esta industria ocurre en un contexto en que el tatuaje vive un boom en México. Cada vez hay más estudios en colonias y barrios de muchas ciudades del país y un mayor número de mujeres y hombres se dedican profesionalmente a tatuar.

Por lo demás, portar un tatuaje ha comenzado a normalizarse en todos los estratos sociales. Las pocas cifras oficiales que existen dan cuenta de ello: uno de cada 10 mexicanos, es decir, unos 12 millones de mujeres y hombres, admiten estar tatuados, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Sin embargo, la información disponible sobre las y los tatuadores que cuentan con la tarjeta sanitaria (requisito indispensable para operar un estudio) emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) habla de que la mayoría opera irregularmente.

Al 14 de julio de 2021 se habían entregado apenas 487 tarjetas sanitarias en todo el país, de las cuales 404 pertenecían a hombres y las restantes 83 a mujeres, según los registros de Cofepris.

El bajo porcentaje de tarjetas sanitarias entregadas a mujeres (sólo 17 por ciento) permite dimensionar la brecha de género en el mundo del tatuaje.

A eso contribuye que no existe una regulación real de esta actividad. Como en otros sectores, la informalidad es casi la regla: el acceso a seguridad social, sueldos fijos, prestaciones y derechos laborales son muy restringidos.

La mayor parte de quienes se dedican al tatuaje forman parte, en realidad, de los 12 millones de trabajadores independientes que existen en México, según reporta el más reciente registro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Algunas tatuadoras están convencidas de que la Cofepris no busca regular a quienes poseen las habilidades y conocimientos sanitarios para tatuar de forma segura, sino que sus tareas tienen como propósito central recaudar recursos.

“La Cofepris es una mafia horrible que te hace pagar mucho dinero y te pone un buen de trabas. Nació para sacar dinero y no para tener un control”, comenta Ilse Argüero, tatuadora y artista originaria del Estado de México.

‘‘Si coges con ellos sí puedes ser aprendiz’’

“Hace falta que te cojan”, “¿por qué estás de malas? Seguro andas en tus días”. Cuando Ilse entró como aprendiz de tatuadora a uno de los estudios más populares de la Ciudad de México, no pensó que escucharía este tipo de frases y que su experiencia en el estudio Ink Inc estaría marcada por violencia laboral y de género.

Ink Inc tiene varias sucursales en la Ciudad de México; es el “McDonald´s del tatuaje”, dice Ilse, quien a los 18 años decidió tocar la puerta del estudio ubicado en la colonia Condesa.

“Me sentí muy emocionada, era un estudio famoso al que llegaban artistas y músicos a tatuarse”, relata. Pero durante el mes en que estuvo ahí, en ningún momento aprendió a tatuar. Al contrario, el ambiente de fiesta, comida, alcohol y drogas la hacía sentir más vulnerable e insegura. Además, la línea entre jefe y empleados era borrosa.

Cuando Ilse dejó el espacio se sintió aliviada, como si se hubiera librado de algo, y decidió enfocarse en sus estudios universitarios.

En 2020, el dueño de Ink Inc fue denunciado públicamente por violación y a la fecha está en curso un proceso legal de denuncia.

En los estudios en los que se practica el tatuaje tradicional, la dinámica aprendiz-tatuador está definida por situaciones de violencia y explotación laboral. Es común que las principiantes reciban sus pagos atrasados, o que las obliguen a hacer tareas no relacionadas con la profesión, como comprar comida, pintar las paredes del local, llevar las mascotas del dueño del estudio al veterinario o esperar a que el maestro coma para que el aprendiz pueda comer.

Cuatro años después, una vez concluida la universidad, Ilse decidió retomar el tatuaje como profesión. Probó suerte en otros estudios, donde tampoco se sintió cómoda.

Algunos de los clientes que llegaban al local, sobre todo hombres mayores, ni siquiera la miraban a los ojos cuando ella los atendía, dudaban de su capacidad como mujer y tatuadora. “Me di cuenta de que mi apariencia influye mucho. Me veo pequeña y soy muy delgada. Estoy segura de que pensaban ‘¿qué va a saber ella de tatuaje?’”, cuenta la artista.

Ilse veía cómo sus colegas hombres, al momento de tomar las fotos de sus tatuajes terminados en zonas como el brazo o la costilla, pedían a las clientas que se quitaran todo menos la ropa interior. “Eso es completamente inaceptable”, dice Ilse con enojo, “con alzar una parte de la playera es suficiente, no necesitas que la clienta se desvista”. 

Apoyadas en la idea de ocupar un lugar en la industria del tatuaje, algunas mujeres cambian sus comportamientos. Desarrollan –de manera consciente o inconsciente– mecanismos de resistencia que les permiten negociar un espacio y desarrollar su carrera profesional: hacerse “las fuertes, rudas, groseras” para crear barreras y evitar que se aprovechen de ellas.

“Si eres aprendiz mujer, tu apariencia determina cómo te va a tratar la gente. Te llegan a decir que si coges con ellos, sí puedes ser aprendiz; de otra forma, no”, comparte la tatuadora.

A pesar de la creación de estudios seguros y libres de violencia, no todas las tatuadoras tienen acceso a ellos. “Tengo el sueño de liberarme de esta inseguridad, de sentirme cómoda y trabajar solamente con mujeres”, comenta Ilse. “He visto que varias tatuadoras están abriendo espacios así, pero a mí todavía no me toca esa experiencia”. 

Repensar dinámicas de aprendizaje

Dollhouse Studio es un espacio seguro para rayar y rayarse. Cristina, también conocida como Dolly PiercINK, es fundadora del primer estudio de Xalapa, Veracruz, en el que únicamente trabajan y tatúan a mujeres.

Dolly decidió abrir en octubre del año pasado, a pesar de que el país se encontraba en plena pandemia, y crear un espacio de trabajo sustentado en la confianza y el apoyo de sus colaboradoras.

Bkinga fue de las primeras mujeres en llegar a tatuar al estudio de Dolly, a quien conoció a través de redes sociales. Desde el principio hubo un cambio sustancial: no se le delegó ninguna tarea relacionada con el hecho de ser mujer. En trabajos previos, le asignaban tareas de administración y debía recibir a los clientes porque, según su jefe, “estaba bonita y así podría atraer más personas al local”.

Además de impulsar la formación de mujeres en el gremio, Dolly, de 26 años, quería dejar de reproducir las dinámicas tradicionales de aprendizaje. Por ello, los miércoles hacen un “círculo de habla y escucha” para convivir entre ellas y evitar que se afirmen tendencias ególatras y de competencia que, según Dolly, son la raíz de la hostilidad en los estudios.

“La esencia del círculo es un acto de protesta”, explica Dolly, “tiene como propósito desaprender que una colega será mi competencia, que otra mujer es mi enemiga”.

Es una práctica reciente, puesta en marcha apenas hace un mes. Todos los miércoles cierran temprano y se sientan en círculo. El tiempo asignado a cada una se modifica dependiendo del número de asistentes. Si participan cuatro chicas, cada una puede compartir lo que desee durante 15 minutos. No se dan consejos ni sugerencias no pedidas. Claro, puede entablarse un diálogo y retroalimentación por parte de las demás.

Dolly recuerda muy bien la primera sesión: “De la nada, me di cuenta de que ocho chicas estábamos llorando tras analizar las veces que atravesamos por las mismas situaciones, pensando que estábamos solas, pero al hablar y ser escuchadas nos vinculamos y somos más que solo colegas”.

Mariana y Sophia, de 23 y 18 años respectivamente, empezaron a tatuar hace seis meses en Dollhouse. Ambas se sienten libres y protegidas dentro del estudio. Ésta es su primera experiencia en un estudio profesional y ha sido muy distinta a la de otras mujeres. No tienen miedo de preguntar ni de pedir consejos a otras tatuadoras; el aprendizaje es colectivo y horizontal.

Ambas son aún estudiantes. Mariana está por concluir la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual en la Universidad Veracruzana. Sophia concluyó la preparatoria y tiene experiencia haciendo ilustraciones.

Su estilo de dibujo, diseño y tatuaje no existirían en otros espacios más masculinizados, en los que, dicen, se perpetúan clichés del tatuaje tradicional.

Mariana dibuja flashes pequeños y caricaturizados, personajes de caricaturas y cómics. Sophia hace diseños con referencia a la botánica y la naturaleza, piezas grandes de hojas delgadas con líneas gruesas.

Denuncias, encubrimiento e impunidad

Hace algunos meses, a principios de 2021, surgió una cuenta en Instagram en la que se denuncia a tatuadores a los que se responsabiliza de cometer actos de violencia sexual y laboral.

Los creadores y las creadoras de la cuenta llamada @predator_tattoers_mexico subieron fotografías de distintos hombres, a cuyas imágenes añadieron una etiqueta blanca con letras rojas que advierte en mayúsculas: “cuidado!!”, “violador!!” o “acosador”.

Las publicaciones incluyen el nombre, sobrenombre, estudio y ciudad donde ejerce el presunto agresor, así como las violencias cometidas, desde misoginia, agresiones psicológicas y físicas, solicitud de relaciones como método de pago por un tatuaje, hasta violación y agresiones sexuales.

Además de compartir las denuncias que reciben, las y los administradores de predator tattooers difunden información relacionada con violencia de género, cómo identificarla y qué hacer ante ella.

Las publicaciones exigen a los estudios de tatuaje que asuman el compromiso de garantizar la seguridad de las personas que acuden a esos espacios, pues al no actuar “permiten que el depredador siga agrediendo y se convierten en cómplices de la violencia”.

Esta cuenta no es la única de su tipo: en Estados Unidos, Chile, Brasil, Alemania, Bélgica, Suiza e Italia surgieron perfiles similares con el fin de prevenir y proteger a mujeres que desean hacerse un tatuaje o cualquier tipo de modificación corporal.

A raíz de su creación, las y los responsables de la cuenta han recibido diversas amenazas, por lo que prefieren no dar entrevistas para preservar la seguridad de sus integrantes.

Fernanda, estudiante universitaria, quería tatuarse con una persona que no estaba denunciada, pero al darse cuenta del acoso que prevalece en la industria, decidió hacérselo con una mujer para sentirse más segura. 

En el caso del gremio de tatuadores, la creación de la página trajo a la conversación “todo aquello que se sabía, pero no se nombraba”.

Las mujeres tatuadoras que han vivido violencias aseguran que denunciar es como lanzarse al vacío. Para hacerlo, desde el anonimato o con su nombre, es necesario pasar por un proceso de aceptación, contar con redes de apoyo, entender que lo ocurrido no fue culpa de la víctima.

Quienes denuncian, aseguran, se encuentran en una segunda situación de vulnerabilidad: además de las violencias vividas, algunas de ellas reciben amenazas, comentarios violentos y misóginos después de hacer pública su experiencia.

El enfoque de género y la cultura de la prevención no pueden darse por sentados en los estudios de tatuaje. Jimena Medina, alias Fuego Rosa, artista de la Ciudad de México, cuenta que en el estudio en el que trabaja actualmente se produjo una situación de violencia que involucró a uno de los integrantes.

“Ya no forma parte del espacio y las situaciones de violencia se dieron fuera del estudio, pero no colaborar con gente violenta es un compromiso que tenemos como tatuadores”, relata.

Esta decisión sentó un precedente: el estudio hizo pública la separación del tatuador. Fue una manera de dejar en claro que no será aceptado ningún comportamiento que atente contra la seguridad de las personas.

Los espacios de denuncia también constituyen, en su opinión, espacios de memoria. “Los casos no quedan completamente impunes. Es una herramienta importante, no basta con que te guste el trabajo de alguien, se trata de no cargar en el cuerpo con el trabajo de una persona violenta”, argumenta Fuego Rosa.  

Sin embargo, las denunciantes no siempre obtienen una respuesta favorable.

Paola Velázquez se hizo ella misma su primer tatuaje a los 14 años. Utilizó tinta china y aguja para coser. Lleva cinco años tatuando profesionalmente; pasó por dos estudios como aprendiz. En todos los espacios notó machismos y menosprecio por su trabajo, con el pretexto de que era muy joven y femenina para tatuar.

El año pasado, Paola sufrió acoso sexual por parte de un colega, quien era tatuador invitado en el estudio. Lo denunció ante su jefe y propietario del estudio, pero éste minimizó lo ocurrido. Al final, no hubo consecuencias. 

“Tienes que adaptarte y lidiar con hombres. Ellos no cambian, somos nosotras quienes debemos aprender a tratar en estos espacios”, lamenta Paola. “Incluso tratar con tu jefe, que te invita por unas chelas, en posición de amigo, pero controla tu agenda y comisiones en tus citas”.

Redes de mujeres frente a la inseguridad

Verona García, de 25 años, es maestra en Artes Visuales y se ha desarrollado en el mundo artístico. Aprendió a tatuar porque un amigo la invitó a un estudio, donde conoció a Valeria Alegría.

La pandemia dejó sin trabajo a Valeria, de 21 años, pero al poco tiempo recibió una invitación para unirse al espacio en donde trabajaba Verona. Después de un tiempo, las dos decidieron independizarse y formar su propio sitio.

En un momento en que hubo alertas por el acoso de algunos tatuadores en Morelia, lo que acentuó la desconfianza e inseguridad de las mujeres, Verona y Valeria comenzaron a idear un estudio de tatuaje donde las mujeres puedan sentirse a salvo y en confianza.

El V & V Studio Tattoo, fundado en 2021, se creó con el fin de proporcionar seguridad y bienestar a sus clientes, sean hombres o mujeres. Más que un estudio, las tatuadoras consideran que su sitio es cómodo y un lugar seguro al que las mujeres se pueden acercar, hablar sobre sus problemas y, en casos especiales, vincularlas con colectivas feministas para apoyarlas. 

“Tenemos que construir espacios para nosotras”

En otro rincón del país, al sur de la Ciudad de México, dentro de un pequeño departamento ubicado cerca de la colonia Ermita, se encuentra Un Cuarto Creciente.

Como su nombre anuncia, es un espacio autogestivo en crecimiento que busca albergar proyectos de mujeres artistas y ser un lugar seguro e íntimo para quienes desean tatuarse.

La tatuadora y artista Valeria Castilla, de 22 años, gestiona y cuida el espacio. Lleva varios años tatuando y se especializa en ilustración científica y botánica. Es feminista y su posicionamiento político incide directamente en su tarea como tatuadora. “Ahora existimos mujeres tatuadoras que denunciamos lo que ocurre; estamos rompiendo con el estado de las cosas”.

Ante la posición de quienes piensan que al denunciar públicamente a una persona se le arruina la vida, Valeria comenta que no es así: las mujeres no tienen el poder para arruinar la vida de un hombre denunciado.

“Mucho de lo que ellos hacen ni siquiera llegará a ser público y en los casos en que se lleve un proceso legal, lo más probable es que no sea sancionado”, lamenta.

En el ámbito artístico y del tatuaje occidental, se suelen justificar violencias con la idea de que hay que “separar el arte del artista”, pero en el tatuaje no se puede ser así, dice Valeria.

“Hay un contacto corporal directo entre la persona que agrede y la víctima”, enfatiza. “Quien tatúa no está trabajando en un lienzo, lo hace en un cuerpo y ahí es donde las violencias suceden”.

Valeria compara espacios como Un Cuarto Creciente con la creación de los vagones exclusivos en el Metro. “Tenemos que construir espacios para nosotras, no podemos esperar a que ellos cambien”

Un cuarto creciente_Valcastt

Un cuarto creciente_ estudio

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Un cuarto creciente

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